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Mesa de diálogo. Tras el último encuentro, la relación pareció quedar rota. La Asociación Mendocina de Anestesiología afirmó que no volverá a sentarse a discutir, a pesar de que aún hay pactadas dos reuniones más.
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La medida también hizo referencia a los 60 médicos que anteriormente fueron conminados a volver, de los cuales no hay datos oficiales respecto a sus regresos. Además, la resolución 1055, con la firma de la ministra Nadal al pie, vuelve a manifestar que se trata de "aquellos que hubiesen prestado servicio hasta el 31 de marzo pasado", lo que implica que -excepto por un médico jubilado del hospital Schestakow, tal como se contó este domingo- aún no se habría avanzado en llamar a otros profesionales por fuera de los que dimitieron masivamente.
Se reunirán con la Justicia el próximo martes
La medida llegó luego de que la jueza Paz Gallardo rechazara la cautelar presentada por los especialistas para declarar inconstitucional a la Ley de Emergencia elaborada por el Ejecutivo. Eso echó por tierra la esperanza de algunos de los profesionales de que se suspendiera la aplicación del nuevo reglamento y, con eso, la posibilidad de que les inhabiliten sus títulos si mantienen la postura de no retomar sus puestos.
Sin embargo, la letrada no resolvió sobre la cuestión de fondo (algo que quedará para más adelante) y sí llamó a una audiencia conciliatoria entre las partes para el próximo martes 14 de junio. Precisamente, el día en que la normativa cumplirá cuatro semanas desde su sanción en la Legislatura.
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"Esto es urgente", hay hospitales que no están pudiendo hacer cirugías", agregó el jefe de la bancada oficialista en el Senado provincial.
La medida fue puntualizada por el senador Martín Kerchner (Cambia Mendoza) a través de sus redes sociales. Allí pidió "cuidar la salud de los mendocinos, que es lo primero". Y afirmó que los anestesiólogos que no se han presentado a sus trabajos deberán cumplir, o de lo contrario el Gobierno avanzaría con sanciones.
La interpelación judicial fue llevada adelante por Arturo Salassa, médico anestesiólogo y vocero de los autoconvocados -además, uno de los 68 que renunciaron-, quien apuntó, en sus documentos llevados ante la Justicia, que la Ley de Emergencia atentaba contra derechos consignados en el artículo 14 de la Constitución, entre otros.
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