Los asesores del gobernador encuentran tres argumentos, a su entender sólidos, para hacer caer ambos actos administrativos. En análisis se encuentra aún la forma procesal en la que serán presentados: vía administrativa o vía judicial.
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El gobernador Suarez, a su vez, este mismo miércoles calificó de "pícaros" a los beneficiados acusándolos de hacer un mal uso de la Ley 26.160 que declaró la emergencia territorial indígena para hacerse de tierras que están en litigio con privados.
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"Aquí nunca hubo Mapuches", dijo el gobernador Rodolfo Suarez.
Ataque a las resoluciones que reconocieron la ocupación de pueblos mapuches
Lo que publicó el INAI en el Boletín Oficial el pasado viernes y dio origen a un nuevo enfrentamiento entre Mendoza y la Nación fueron dos resoluciones por las que se reconoce la ocupación actual, pública y tradicional de dos comunidades pertenecientes al pueblo mapuche sobre un total de 21.000 hectáreas del Sur de la provincia, gran parte en San Rafael y otra en Malagüe.
El efecto jurídico inmediato de estos actos administrativos es la suspensión de todo tipo de trámite de desalojo iniciado o que se esté por iniciar sobre esas tierras, que justamente están en litigio.
Lo que quiere lograr el Gobierno de Mendoza -y por su parte pretenderán también los privados que aparecen como propietarios de esos suelos- es que se declare la nulidad de ambas resoluciones.
Las tres razones que tiene la Provincia desde el punto de vista jurídico son: por un lado, que la Ley 26.160 que declara la Emergencia Territorial Indígena se refiere a comunidades con personería jurídica otorgada.
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De hecho el artículo 1 de la ley dice: "Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 (cuatro) años".
Este no sería el caso dado que las mismas resoluciones advierten que ambas comunidades tienen la personería jurídica "en trámite".
Por otro lado, explica el doctor Egües, que el Gobierno interpreta que el artículo 3 de la ley de Emergencia Territorial Indígena exige la participación de las provincias y municipios involucrados cuando en su texto reza que el INAI "promoverá las acciones que fueren menester con entidades nacionales, provinciales y municipales", entre otros organismos.
Y aseguran desde la subsecretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno que nunca se dieron a conocer los resultados del relevamiento que se llevó a cabo durante el año pasado - cuya facultad de hacerlo sí tiene el INAI-, y que tampoco se tiene hoy acceso a los expedientes.
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Según pudo saber Diario UNO, la Provincia sí estaba en conocimiento de este tipo de acciones pero lo que se reclama es que no se le dio participación en los resultados.
Un tercer punto que atacará el Gobierno provincial es que la posesión sobre estas tierras ya ha sido judicializada en ocasiones anteriores por los mismos actores y que, en uno de los casos ya media una sentencia firme en contra, y en el otro caso, hay un fallo de Cámara que ya ingresó en alzada a la Corte.
La conclusión jurídica de los asesores legales de la Provincia es que el INAI no cumplió con el proceso que manda la Ley de Emergencia para efectivizar el reconocimiento de la ocupación.
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Lof El Sosneado es una de las comunidades mapuches que lograron la resolución a favor del INAI.
Cómo y cuándo procederá la Provincia contra las resoluciones del INAI
Lo que sigue en análisis hoy dentro de los órganos de asesoría letrada es la vía por la que se atacarán las resoluciones.
La más rápida y efectiva, y la que seguramente sea la opción que se elija, es la vía administrativa planteando subsidiariamente, en caso de fallo en contra, la vía judicial.
Es decir que lo que podría ingresar en los próximos días ante el INAI es un recurso jerárquico o de alzada, el que corresponda -está en estudio ya que se trata de un ente descentralizado-.
La finalidad de este acto procesal es que el órgano superior jerárquico, en este caso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, revea la decisión del inferior.
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El plazo que tiene el Gobierno para interponer el recurso son 15 días hábiles desde que tomó conocimiento del acto administrativo, por lo que tiene algo más de un par de semanas para seguir analizándolo.
La otra opción es acudir directamente por la vía judicial con una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
¿Este reconocimiento de ocupación puede derivar en una entrega de las tierras?
Técnicamente sí. Como decíamos, el efecto inmediato que produjeron las resoluciones del INAI es la suspensión de todo tipo de trámite de desalojo iniciado o que se esté por iniciar.
Pero además, con el reconocimiento de la ocupación, una vez que las comunidades posean personería jurídica inscripta podrían iniciar las acciones tendientes a conseguir el derecho de propiedad sobre las tierras.
Según entienden en el Gobierno, este segundo y más relevante efecto no será una cuestión sencilla de lograr dado que por un lado se requiere participación del Estado provincial en el trámite de la personería jurídica, y por otro la Provincia podría oponerse a la entrega de la propiedad porque la Constitución nacional marca la facultad como concurrente.
El enojo del gobernador Suarez con los beneficiados por el INAI
"Estamos viendo que acá hay un problema entre privados porque esas tierras han estado en litigio en Mendoza. Hay sentencias de la Cámara y sentencias de la Corte en las que se ha ordenado el desalojo y algunos pícaros buscan esa ley, que es buena en cuanto al reconocimiento de los pueblos originarios, pero no es para hacer avivadas", aseguró el gobernador Rodolfo Suarez.
Lo que quiso decir el mandatario es que estas comunidades son grupos que utilizan esta norma nacional para mantenerse en el lugar.
Y apuntó, como también aseguraron Alfredo Cornejo y el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, que "aquí nunca hubo Mapuches".
"O sea que aquellos que se autoperciben así deberían haber buscado otras comunidades originarias para hacerlo", dijo con dureza.
Por otra parte, Suarez también sostuvo que desde el Gobierno entienden que esa ocupación actual no se ha dado por lo que siempre estuvieron en litigio así que será una de las cuestiones que se analizará y se "interpondrán todas las acciones que sean necesarias para que eso no ocurra".
Suarez consideró políticamente que estas decisiones se trataron de "un avance más que hace la Nación sobre Mendoza que tiene que ver con Portezuelo y con la discriminación que vivimos" y afirmó que "vamos a dar la pelea como ya lo hemos hecho".
