El celular de Oyhenart, tres terabytes de filmación y las cooperativas: lo que viene en el caso Las Heras
El fiscal de Delitos Económicos Flavio D'Amore tiene la causa que hizo estallar una guerra política. Investiga si facturaban sumas millonarias en forma ilegal en Las Heras. Lo que no se contó
Cuatro investigaciones abiertas, todas con la mira puesta en los funcionarios de Las Heras. El sector del intendente denuncia "aleccionamiento político".
Cuatro investigaciones abiertas, todas con la mira puesta en los funcionarios de Las Heras. El sector del intendente denuncia "aleccionamiento político".
El fiscal de Delitos Económicos Flavio D'Amore analizará esta semana el material secuestrado en Las Heras. Tras el allanamiento al municipio por el presunto manejo ilegal en cooperativas ligadas a un funcionario de Daniel Orozco, la Justicia se dispone a revisar cada movimiento económico en torno a esas firmas y sus titulares. En el medio, el intendente y la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, se defendieron afirmando que todo es un "carpetazo" orquestado por Cambia Mendoza.
Lo que dicen las cámaras (se secuestraron tres terabytes de filmación), el registro minucioso a los celulares como el del funcionario a cargo de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, y la lupa en cuatro organizaciones que le facturaban a la comuna son los ejes sobre los que empezará a trabajar el fiscal apenas arranque la semana.
Todo está en el marco de una guerra política entre las dos fuerzas que más votos sacaron en las elecciones PASO del pasado domingo: Cambia Mendoza frente al demarchismo, del que Orozco es candidato a vicegobernador.
Horas decisivas
Una "barrera" de policías formados en fila se frenó en seco en el patio de la municipalidad este viernes por la mañana. Los empleados los miraban sorprendidos, mientras adentro, el fiscal que lidera la investigación por el supuesto cooperativismo trucho avanzaba pidiendo documentos y secuestrando computadoras. La intención era empezar a conocer cómo se movían esas entidades; algunas de ellas, manejadas por familiares directos de dos colaboradores de Orozco: Osvaldo Oyhenart y Fabián Manzur.
El primero es quien teóricamente fue escrachado en los audios que desataron la acción judicial de oficio. Aquellos en los que a una mujer le ofrecen recibir ingresos de una cooperativa, pero sin trabajar y sólo brindando "el nombre de un varón" para que figurase en los registros. Es el subsecretario de Políticas Sociales de la comuna, Oyhenart, quien fue sostenido en su cargo.
Manzur, por su parte, es el empresario que hasta hace días fue precandidato de La Unión Mendocina en Guaymallén, pero que además, según datos oficiales, también figuraba como asesor de la intendencia hasta abril.
El arranque de los análisis estará puesto en los expedientes de pago a ciertas entidades. Los decretos a través de los que se direccionaron los montos fueron oficializados, pero ahora la pregunta que se hacen los investigadores es cómo se usó aquel dinero: si efectivamente se destinó a donde fue expresado y si las contraprestaciones coinciden con las cifras millonarias que se adjudicaban.
La luz se posará sobre todo en torno a cuatro organizaciones: una es la fundación Juntos X Vos, que en documentos figura presidida por Matías Manzur, hijo del mencionado Fabián Manzur, y en teoría incluyó laboralmente a jóvenes en escuelas de verano. Su facturación superaría los 21 millones de pesos. Las otras son Manos a la Obra (una cooperativa de recicladores de residuos que le da trabajo a 70 personas ; Aprocum, que estaría vinculada a Juan Pablo Pandolfi, el yerno de Oyhenart, y Abriendo Senderos, también con Pandolfi entre sus participantes, según trascendió.
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Fabían Manzur, en el centro de la foto. Hizo campaña para ser intendente de Guaymallén junto a La Unión Mendocina.
En torno a esas entidades - y sólo esas- es que se encaró la pesquisa en el municipio. Es posible que el material recuperado contenga el accionar de otros cooperativistas, y debe recordarse que los críticos de Orozco hablan de una treintena de organizaciones creadas desde 2019 hasta acá -sin que eso implique ningún tipo de irregularidad per se-. Aquellas no están en la mira principal de la investigación; al menos por ahora. Lo que sí, la conclusión inicial de quienes trabajaron el expediente es que dos cooperativas tienen domicilios en casas abandonadas. Una de ellas, en el barrio Colombia de ese mismo departamento, explicaron.
Cuando comenzó el allanamiento en el municipio, los efectivos y el personal de la fiscalía se fueron directo a la subsecretaría encabezada por Osvaldo Oyhenart. Esa oficina es el epicentro de la causa. No sólo porque es su área la que coordinaba el vínculo entre las organizaciones ahora sospechadas y la intendencia, sino porque, si efectivamente es su voz la del audio viral, el hombre estaría implicado en el manejo más que irregular de las arcas estatales: "La cooperativa la controlo yo. Renunciá y yo te pago todos los meses", se escucha, entre otras frases contundentes, en el material. Hasta ahora no se ha admitido oficialmente que sea él.
De cualquier modo, tanto la documentación de ese despacho como sus dispositivos personales son cruciales para descubrir si hubo o no ilícitos. Y ahí es donde se truncó uno de los objetivos del "allanamiento" del viernes, porque su oficina no tenía computadora. Era la única de todas las que revisaron que no tenía una PC en el escritorio. Eso encendió la duda respecto a si se la había llevado días antes para encubrir algo -como algunos empleados habrían señalado-. A su celular Oyhenart sí lo entregó sin problemas, al igual que su yerno, Pandolfi. "Cooperaron amablemente", se dijo sobre el momento en que la Justicia irrumpió en sus casas particulares, horas después.
En torno al misterio de la computadora inexistente, el hecho es que tampoco hay cámaras que den al despacho del investigado, así que los tres terabytes de filmaciones que tiene la Justicia no sirven para ver si hubo o no una máquina o si efectivamente fue retirada antes. Al menos no hay imágenes que apunten a su puerta, ni mucho menos a su escritorio. Lo que sí hay es una cámara que apunta a un pasillo externo, justamente colindante con la oficina que ocupara el hombre señalado. Eso es clave: todo lo que haya registrado en los días previos ya está guardado en un disco rígido y ahora reposa en una dependencia judicial.
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El momento del allanamiento, en los pasillos del municipio.
Pero no fue tan fácil: en el medio del operativo hubo un incidente. Según expresaron, un hombre denunció que lo habían golpeado en pleno edificio municipal (no se supo quién), y al acercarse gente de la fiscalía, lo que contaron los policías era que se estaba resistiendo a entregar el material de las cámaras. "No quiso hacer la denuncia de esa supuesta agresión, y las filmaciones se las llevaron igual. Pero nadie pudo ver si ocurrió o no el hecho porque estaban en lugares distintos de la intendencia", dijeron.
UNO chequeó con otras fuentes cercanas y afirmaron que las iniciales de la persona son G.R., y que había sido detenido por desacato en ese mismo momento. Esto último fue desmentido por entidades oficiales; además, el casi centenar de testigos que vio todo -desde dentro y fuera de la intendencia- hubiera advertido si se llevaban a alguien. A propósito de quienes observaban, otro detalle al que tuvo acceso este diario es que la fiscalía jamás habría pedido que se cerraran las puertas del edificio. Es decir, que no entrara ni saliera nadie no fue orden de D'Amore, según cuentan. Como paralizó el normal funcionamiento de los municipales, fue denunciado por la intendencia como un intento boicot al pago de prestadores que buscaba generar enojo con Orozco. Así lo señaló la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz.
La contradenuncia de La Unión Mendocina: "Doble vara"
Daniel Orozco, Janina Ortiz y buena parte de la coalición que conforman para las elecciones, La Unión Mendocina, están denunciando dos cosas: en primer término, que todo el señalamiento, el audio viral y el accionar de la Justicia, no son más que un "aleccionamiento del oficialismo" por la decisión de Orozco de dejar Cambia Mendoza. En estricto off, dijeron que las famosas grabaciones donde -supuestamente- Oyhenart confiesa el modus operandi de las cooperativas, son "un carpetazo con el que los amenazan desde hace seis meses".
Lo otro que denuncian es que hay una doble vara judicial. Que mientras "en tiempo récord se produjeron allanamientos" en Las Heras, las causas que ellos han impulsado, y que tienen señalados a referentes del radicalismo, prácticamente no caminan en absoluto. De eso se han hecho eco otros dirigentes de ese espacio, como Jorge Difonso, Hugo Laricchia y el senador Germán Vicchi, quienes tuitearon al respecto entre el viernes y este sábado a la tarde.
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El material sobre los vínculos entre la fundación Juntos X Vos y el municipio.
Hay distintas denuncias a las que ellos les adjudican esa lentitud deliberada: una hecha por presunto uso de recursos públicos para llevar material de campaña de Cornejo.
Otra, por un audio en el que un hombre sindicado como Nelson "Taperola" Montenegro -según dicen cerca de Orozco, un barrabrava- lo amenaza al intendente con entrar a la fuerza al municipio. Otra, la conocida por el posible hackeo al sistema oficial de la comuna.
Y finalmente, una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el candidato a intendente de Cambia Mendoza -y ex funcionario de Orozco- Francisco Lo Presti.
Sobre esto último, UNO consultó y efectivamente hay una acción judicial contra el dirigente. La causa la tiene el mismo D'Amore y se inició hace menos de diez días, impulsada por una funcionaria de la misma municipalidad. Se pidieron informes a la UNCuyo -porque figura como su empleador-, a la comuna -porque trabajó ahí hasta hace semanas- y al Registro del Automotor. Toda esa documentación ya fue entregada junto con los bonos de sueldo de Lo Presti. Lo está evaluando el equipo de contadores de la fiscalía, compuesto por unos seis especialistas.
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Osvaldo Oyhenart es señalado como el hombre de los audios que ofrece remuneraciones a través de cooperativas.
En el entorno de Lo Presti afirmaron que nadie de esa unidad se contactó con él (este diario corroboró que eso es correcto) pero que están al tanto de que se solicitaron sus bonos de sueldo en la municipalidad. En su declaración jurada figuran dos inmuebles y tres vehículos, y afirman que todo lo que tiene está declarado. Sus denunciantes hablan de que poseería, entre otros bienes, una casa en Tunuyán a nombre de su esposa; pero de acuerdo a la información a la que llegó UNO, en su familia afirman que ese dato surgió de un error: el bien estaría a nombre de una mujer casi homónima a la pareja de Lo Presti, pero no relacionada con ellos: alguien de apellido Domínguez Salcedo, cuando la pareja del funcionario tiene ambos apellidos, pero en orden inverso.
Lo cierto es que a la contradenuncia, las figuras más altas de LUM aseguran agregarle el convencimiento de que Orozco no tiene nada que ver con los hechos. "En todo caso, si es que hay algo raro, es que 'lo pasaron para el cuarto' al Daniel, pero estamos convencidos de que no está detrás de nada de esto. Aparte, es algo burdo lo que vemos: hay irregularidades de un funcionario en Godoy Cruz, que no puede justificar su patrimonio, otras en las licitaciones, inconsistencias en varios lados, ¿y acá, por ese audio arman este show mediático y judicial? Dejensé de joder", clamó un dirigente demarchista.
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Ortiz publicó un "agradecimiento a periodistas" este sábado por la tarde. "Revelar la verdad de los hechos, aunque es el deber ineludible, no todos lo honran", acusó.
Las causas desprendidas de los audios son tres, como se sabe. Una contra Janina Ortíz por posible delito de coacción -investigan si ella obligó a la mujer del audio a tenderle una trampa a Oyhenart, lo cual ella ya desmintió-; otra para conocer si la misma mujer de las escuchas sufrió algún delito contra la integridad sexual, y por último, las potenciales irregularidades con las cooperativas y el municipio. Esta última todavía no tiene una carátula concreta y no la tendrá hasta saber qué va a revelar el material secuestrado.
En realidad, el expediente no es nuevo. Ya estaba abierto de oficio desde el miércoles a la tarde. Cuando el fiscal Gabriel Blanco, de Delitos No Especializados, envió la compulsa, casi 24 horas después, lo que hizo la unidad de Delitos Económicos -que lidera D'Amore- fue fusionar ambos expedientes. Ahora, en torno a esa tarea comienzan días decisivos para el futuro inmediato de todos los implicados. Aunque al menos por lo pronto no se habla de imputaciones a la vista, es algo que desde luego podría cambiar ante la aparición de un dato que las amerite.
Pero las pesquisas no se van a quedar ahí. Como adelantó Canal 7 el viernes a la tarde, los concejales de Cambia Mendoza Hernán Quevedo y Daiana Gatica -cercanos al cornejismo el primero y a Fabián Tello la segunda- avanzarían con un pedido de informes ante la Oficina de Ética Pública que conduce Gabriel Balsells Miró. Eso implica que habría 15 días después de hecha la acción para que aparezcan las respuestas solicitadas en el municipio.
Pero no es lo único que trascendió por estas horas: la novedad es que la Oficina de Ética ya se había movido y está en plena investigación: tan pronto como la fiscalía estuvo trabajando el caso, el organismo también abrió un expediente de oficio y giró pedidos a distintas instituciones. No se sabe cuáles, aunque se intuye que, como mínimo, la intendencia es la principal.
A pesar del silencio con que se activó esa búsqueda, ya hay un expediente y una pesquisa en curso. A eso se sumará lo que ingrese el próximo miércoles desde el Concejo, si es que cumplen con lo anunciado. De todos modos, regiría el secreto de sumario inmediatamente, así que tampoco allí podría accederse a información.
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Orozco no ha hablado oficialmente sobre las denuncias. Sí lo hizo la secretaria de Gobierno. "Todo es un aleccionamiento de Cambia Mendoza", reclaman.
Lo concreto es que en ese organismo hay dos caminos posibles, cada uno con sus plazos: si ingresa como pedido de información pública, regirán 15 días hábiles -prorrogables por otros 15- para que los señalados tengan que salir a responder. En cambio, si lo hacen a modo de denuncia en el área de Investigaciones Administrativas, el procedimiento dependería del tenor que tengan las acusaciones y también lo harían los tiempos para hacer una devolución formal desde la municipalidad.
Por el momento no se descartan nuevos allanamientos, que podrían ser en dependencias oficiales o en casas particulares. Y en cuestión de horas habría más medidas investigativas dándose a conocer.
Mientras tanto, apenas una semana después de las PASO que ganó el oficialismo, la política de Mendoza arde de acusaciones cruzadas y muestra un clima mucho más espeso que al que nos tiene acostumbrados.
