El diputado nacional Maximiliano Ferraro denunció que la firma británica Harbour Energy, sancionada e inhabilitada en la Argentina hasta 2028 por realizar actividades petroleras en las Islas Malvinas sin autorización oficial, accedió a los beneficios fiscales y cambiarios del RIGI como accionista de un proyecto energético en Río Negro.
Denunciaron que habría ingresado al RIGI una petrolera inhabilitada por operar en Malvinas
El diputado Maximiliano Ferraro advirtió al gobierno nacional por la presencia de una firma británica sancionada en un proyecto de gas en Río Negro
Denuncian que Harbour Energy ingresó al RIGI con proyecto en Río Negro.
El planteo del dirigente opositor llega luego de los recientes anuncios y acciones de Javier Milei respecto del endurecimiento de los controles sobre corporaciones multinacionales que operan en el Atlántico Sur. En sus declaraciones, Ferraro resaltó que el cumplimiento estricto de las leyes de soberanía debe ser un pilar central en la concesión de incentivos.
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El legislador de la Coalición Cívica dirigió un reclamo público al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Finanzas, Pablo Quirno. El objetivo es que los funcionarios aclaren de qué manera la compañía obtuvo el aval oficial para integrarse a una iniciativa de gran envergadura promovida por el gobierno nacional.
Según la presentación difundida, la firma extranjera posee una participación accionaria del 15% en la sociedad Southern Energy. Este consorcio privado resultó beneficiado mediante la Resolución 559/2025 para la construcción de infraestructura vinculada a la licuación y exportación de gas natural.
Cambio de nombre y la sanción frente al RIGI
El origen del conflicto administrativo radica en la historia corporativa de la firma. De acuerdo con los registros expuestos por el diputado Ferraro, Harbour Energy es la misma persona jurídica inscripta originariamente en el Reino Unido bajo la denominación de Premier Oil PLC, nombre que modificó de forma oficial durante 2021 para intentar eludir sanciones legales.
Esa compañía había sido castigada en 2013 mediante la Resolución 481, dictada en el marco de la Ley 26.659. Dicha normativa establece penas administrativas y prohibiciones comerciales para todas aquellas empresas que realicen tareas de exploración o explotación hidrocarburífera dentro del área de la plataforma continental sin el permiso expedido por las autoridades argentinas.
El legislador nacional argumentó que la inhabilitación vigente se extiende por un plazo de 15 años y vencerá recién en 2028. En ese sentido, fundamentó que una modificación en la razón social no invalida las penas preexistentes ni elimina los efectos jurídicos del acto administrativo que dispuso la prohibición comercial.
El alcance legal para las empresas adheridas al RIGI
Dentro del articulado de la Ley de Hidrocarburos se dispone de manera expresa que las inhabilitaciones afectan tanto a la firma operadora como a sus socios y sociedades vinculadas. Maximiliano Ferraro remarcó que la normativa vigente impide que las dependencias del Estado nacional celebren contratos o conceden beneficios promocionales a compañías alcanzadas por resoluciones administrativas.
El proyecto de la empresa Southern Energy contempla una inversión millonaria orientada al desarrollo de instalaciones en las costas de Río Negro. La meta del consorcio es procesar gas proveniente de yacimientos no convencionales y transportarlo al exterior, utilizando para ello buques de gran porte y un complejo entramado de infraestructura energética.
Aunque la petrolera de origen británico vendió sus activos en la zona de las islas en 2022, la inhabilitación impuesta por las autoridades de la República Argentina continúa firme. Por ese motivo, el bloque parlamentario solicitó que las áreas competentes revisen las actuaciones del expediente para determinar si corresponde aplicar medidas correctivas.
En pocas palabras
- Petrolera británica sancionada: denuncian que Harbour Energy ingresó al RIGI con proyecto en Río Negro.
- Sanción por Malvinas: la firma está inhabilitada hasta 2028 por operar en las Islas sin autorización argentina.
- Pedido de revisión: el diputado Maximiliano Ferraro solicitó al gobierno aclarar la situación y aplicar medidas correctivas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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