Denunciaron penalmente al intendente Raúl Rufeil por presuntas irregularidades en el agua potable de su departamento. La presentación fue hecha hace más de una semana en la Fiscalía de Instrucción Número 1 de San Martín, y allí se acusa al jefe comunal de haber inaugurado una red hídrica sin contar con los informes correspondientes del EPAS, la entidad que controla la calidad del suministro y define si es apto para consumo.
Lo investiga una fiscalía de San Martín
Denunciaron penalmente al intendente Rufeil por presuntas irregularidades en el agua potable
Lo acusan de haber inaugurado una red hídrica sin tener antes los datos del EPAS, entidad que constató un bajo nivel de cloración en el suministro. Vecinos de la zona dicen haberse intoxicado al consumirla. En la municipalidad no quisieron responder las preguntas de Diario UNO
El intendente había inaugurado la red a principios de agosto, pero debió ser purgada algunas veces desde ese momento.
Según los denunciantes, se puso en peligro la salud de todas las personas en al menos dos distritos rurales y se escondieron datos a la ciudadanía. Vecinos también afirmaron que hubo cuadros de intoxicación. Diario UNO intentó comunicarse con los funcionarios de la municipalidad, pero no obtuvo respuestas.
La red está ubicada en la Escuela España N° 1-229, y fue inaugurada públicamente el viernes 5 de agosto por el propio Rufeil, acompañado por su secretario de Obras Públicas, un puñado de concejales y personas que viven en la zona. La función del proyecto es, en teoría, proveer de agua potable a los habitantes de El Central y Tres Porteñas, distritos ubicados al norte de la comuna. Sin embargo, tras su puesta en funcionamiento, dirigentes del PJ denunciaron que beber esa agua era un verdadero peligro sanitario, y -según contó gente de la zona- quienes lo hicieron adujeron fuertes cuadros de intoxicación. Actas del propio EPAS marcaron que la desinfección fue insuficiente.
Pero no es todo lo que se señala. El eje de lo presentado en sede judicial es que, presuntamente, la puesta en marcha del proyecto se hizo sin contar antes con los informes técnicos -y habilitantes- del Ente Provincial de Agua y Saneamiento. El 9 de septiembre, 34 días después de que los vecinos hubiesen comenzado a consumir el agua, se publicó un documento que refiere a la calidad del recurso. Si efectivamente fue la primera devolución oficial sobe sus características -y sobre si era apta para tomar-, entonces la acusación es correcta: se habilitó el consumo de una sustancia parcialmente desconocida.
Por el momento, ninguna de las dos entidades ha respondido ni ha otorgado datos que rompan con el interrogante. Desde la intendencia se limitaron a contestar que “Secretaría de Obras dará información, o el EPAS”, y se brindó el contacto de quien conduce el primero de esos organismos, el funcionario comunal Jesús Da Prá. Sin embargo, todos los intentos por obtener respuestas de su parte (en días distintos) fueron infructuosos, a pesar de que el sistema de mensajería marcó que dichas consultas fueron leídas.
Y en el EPAS, ocurrió algo similar: ante la consulta de este diario, no supieron definir si es verdad que el primer informe sobre la aptitud del suministro fue posterior a que se habilitara la red. "No tenemos la fecha con esa precisión en el momento”, manifestaron. Sólo se dijo que se había solicitado al área de Laboratorio una averiguación, pero el resto de las preguntas sobre el tema ya no fueron respondidas, ni fue posible lograr una segunda comunicación para esclarecer el tema.
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Qué dicen los informes del EPAS
La denuncia, que se presentó en la fiscalía del Dr. Martín Scatareggi, apunta a investigar la posible comisión de delitos contra la salud pública por parte del intendente y/o sus colaboradores. Fue realizada por el dirigente peronista Rubén Cuello, la senadora provincial Florencia Canali y la concejal Silvina Agüero (PJ); y señala, precisamente, a lo expuesto en los informes oficiales sobre la red de agua.
Uno de esos registros es el ya mencionado y correspondiente al 9 de septiembre -del que debe determinarse si fue el primero, y en ese caso, también extemporáneo a la habilitación del suministro-. En él, el EPAS refiere la presencia de bacterias coliformes en el líquido - “lo que indica que la calidad no es buena”, agrega el documento-. Las bacterias coliformes son contaminantes del agua y están relacionadas con la materia fecal. Suelen producir diarrea, infecciones urinarias y/o infecciones respiratorias o del torrente sanguíneo. Las primeras patologías son algunas de las que mostraron quienes se vieron afectados por ese agua, según cuentan.
El documento marca que la sustancia puede consumirse si es que, antes de enviarse a distribución, es desinfectada y potabilizada. En ese punto también se centraron los denunciantes, porque los informes posteriores -de los días 22 y 28 de septiembre- hablan de una cantidad de cloro menor a la recomendada y de irregularidades en las muestras que se tomaron. Textualmente, dos de los documentos -Acta de Extracción números 14.699 y 14.700- exigen “regularizar la cloración de forma urgente”; mientras que otro material habla de “baja cloración en salida de red”.
Eso se suma a distintos datos oficiales del EPAS que salieron a la luz en los últimos días. De acuerdo al operario de la red, Juan Carlos Rojas -según la firma que figura en los papeles-, “usuarios reclamaron por olor y sabor desagradables en el agua”. Días antes, además, se había retirado un tapón de hojas en estado de descomposición, y, luego de eso, el agua salió “cristalina en cada una de las tomas domiciliarias”, según consta en el escrito del inspector del EPAS José Pablo Nasisi.
La denuncia fue ampliada este miércoles, con nueva información oficial que surgió en los últimos días. Por ejemplo, el resultado de maniobras de desinfección y purgado que se hicieron en la zona, y cuyos expedientes sí hablan de “resultado correcto y agua apta para consumo humano”, según muestras del 3 de octubre. La respuesta que sigue sin estar clara, y que ha sido exigida a los organismos competentes, es si esa agua fue potable durante los 60 días anteriores. Sobre todo, en los momentos en que hubo un clorado deficiente sobre un suministro al parecer contaminado por bacterias.
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Una semana clave para la causa
Diario UNO consultó al fiscal Martín Scatareggi, quien conduce la investigación: “Como primera y básica medida, lo que hizo esta dependencia fue pedir los expedientes administrativos para verificar si las irregularidades denunciadas existieron o no. Aún no hay nada constatado”, fue lo que contestó. En la Justicia, como dijo, no es un hecho que la red haya sido inaugurada sin contar con los informes habilitantes, pero tampoco tienen certezas de que se haya hecho correctamente, puesto que las respuestas de la comuna no les habían llegado al momento de escribir esta nota.
De hecho, el análisis del material que tienen en esa fiscalía recién está comenzando. Una de las posibilidades que se manejan es la de citar a los técnicos del EPAS y a los inspectores que redactaron los informes, para corroborar si hubo o no errores administrativos. Más adelante, la tarea será determinar si –como sugiere la denuncia- hubo un delito penal por parte de quienes manejan la intendencia.
Si bien la sugerencia que se hizo fue la de una posible violación a lo tipificado en los artículos 200 y 201 del Código Penal (“quien suministrare, distribuyere o almacenare con fines de comercialización aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud”), la verdad es que la Justicia puede determinar que haya delitos penales menores; que haya infracciones de otro orden - como civiles y/o administrativas-, o bien que no haya faltas en absoluto.
Según pudo saber UNO, el expediente administrativo ya fue solicitado hace días y se espera que llegue esta semana a manos de la fiscalía -no hay un problema de distancias, porque la separan apenas cuatro cuadras del edificio municipal-. A su vez, el EPAS deberá responder a un pedido de información pública que el Senado provincial aprobó este mes. Una solicitud en la que –entre otras consultas- se le pregunta cómo y dónde se realiza la potabilización del agua que sale por los grifos de aquellos distritos sanmartinianos.
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Textuales de la presunta contaminación
Mario Carmona es una de las personas que se presentó como usuario de la red hídrica y, a la vez, como damnificado por su consumo: “El agua sale con olor cloacal, como a pozo séptico. Mi señora es paciente oncológica y estuvo muy mal después de haberla tomado. Descompuesta, con dolores de estómago y diarrea”, dijo a un canal de televisión del Este.
Sobre esas posibles intoxicaciones, no hay otra prueba que el testimonio de los vecinos, al menos en lo que pudo recabarse para este artículo. Diario UNO dialogó con médicos del Hospital Perrupato, quienes dijeron no tener “presente ningún episodio” por parte de gente que viviera en esa zona, pero no descartaron que hubiese ocurrido. Los denunciantes dicen que varios de los que adujeron malestar se trataron allí.
“Para nosotros, hay toda una cronología que se fue dando. Es la única forma de entender la magnitud del problema”, explicó el denunciante Cuello. “Primero, no hubo estudios habilitantes y la red se inauguró igual. Después, nos enteramos de que el agua estaba contaminada con bacterias, y que debía ser tratada sí o sí. Más tarde, que la cloración no era suficiente; y recién luego, de que seguían haciendo cloraciones, purgas y cortes del suministro. A esto hay que sumarle una obstaculización sistemática que hacen a la información que les pedimos”, apuntó.
Los días que vienen pueden ser esclarecedores. En primer lugar, se cumplirá el plazo para que el EPAS dé su versión sobre la calidad del servicio ante la Legislatura. Además deberán llegar los datos oficiales que la Justicia ya pidió sobre el expediente administrativo con que se habilitó la obra. Y por último, restará saber si la municipalidad logra demostrar que el agua está -y estuvo siempre- en condiciones de ser consumida por los vecinos de San Martín, o si ha pasado por momentos en que fue bebida a pesar de estar contaminada.
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