Coparticipación: Rivadavia reclama $45.000 millones ante la Corte y el Gobierno niega que tenga sustento

El principal argumento de la comuna de Rivadavia es que es claramente perjudicada por un esquema de distribución que conserva parámetros vinculados con su pasado como productor petrolero, aunque la realidad económica del departamento cambió de manera considerable.

Por tanto el reclamo del departamento es contra el régimen establecido por la Ley 9.550 y conseguir una revisión de los criterios que determinan cuánto dinero recibe cada comuna.

Mansur sostiene que no pretende recibir más recursos que otros municipios, sino alcanzar condiciones similares a las de departamentos con características poblacionales comparables.

Pero además remarcó que esos $45.000 millones que su comuna no percibió desde el 2024, "se podrían hacer 1.000 casas, en un momento en que en Rivadavia hay un déficit habitacional de unas 4.000 casas, pero también se podrían hacer 5 escuelas, o varias maternidades, ya que nos quitaron la del Saporiti", se quejó el jefe comunal en su paso por Séptimo Día.

El Gobierno aseguró que el reclamo de Rivadavia no tiene sustento jurídico

Ante la inminente audiencia fijada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza desde el Gobierno marcaron que resulta oportuno precisar algunos aspectos vinculados con el reclamo presentado por el municipio, el funcionamiento del régimen de coparticipación municipal y las modificaciones introducidas por la Ley 9.550.

Aclararon que respecto de la audiencia, se trata de una instancia procesal prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza, cuyo objetivo es resolver sobre la admisión de las pruebas presentadas por las partes. Por lo tanto, "esta audiencia no implica una decisión sobre el reclamo ni un adelanto de la resolución de la causa".

En cuanto al planteo de Rivadavia, uno de los aspectos centrales es la falta de acreditación de un perjuicio económico concreto que justifique la acción. El municipio cuestiona el régimen establecido por la Ley 6.396 y sostiene que su aplicación le habría ocasionado perjuicios. Sin embargo, la Ley 9.550, que modificó el esquema de distribución, mantuvo su estructura general y mejoró la participación de Rivadavia, aunque no en la medida pretendida por el municipio.

En este sentido, una eventual declaración de inconstitucionalidad de la normativa cuestionada podría conducir a la aplicación del régimen anterior, es decir, la Ley 6.396, cuya aplicación constituye precisamente uno de los puntos cuestionados por el municipio. Esto plantea la necesidad de determinar cuál es el agravio actual, el perjuicio económico y el interés jurídico que fundamentan la acción.

Cómo es el régimen de coparticipación municipal

Tanto en su redacción original como en la modificación introducida por la Ley 9.550, el sistema de coparticipación mantiene 3 criterios para distribuir los recursos entre los municipios:

- El 65 % de la masa coparticipable se distribuye en función de la población.

- El 25 % se reparte en partes iguales entre todos los municipios.

- El 10 % restante se distribuye mediante un coeficiente destinado a compensar las diferencias poblacionales y nivelar los montos que reciben los departamentos por habitante.

Este último criterio mantiene su finalidad desde la sanción de la Ley 6.396. Su redacción original establecía como objetivo “nivelar las sumas que perciben por habitantes”, mientras que la Ley 9.550 incorporó la formulación “equilibrar el impacto de las diferencias en las tasas de crecimiento demográfico y nivelar las sumas que perciben por habitante”.

Más allá de la modificación terminológica, el propósito del mecanismo continúa siendo el mismo: compensar las diferencias demográficas entre los municipios.

En este punto, cabe señalar que ninguna de las dos versiones de la ley contempla los ingresos por regalías hidrocarburíferas como variable para determinar la distribución de los fondos coparticipables, aspecto sobre el cual se basa parte del cuestionamiento de Rivadavia. Por lo tanto, este planteo no constituye un elemento que, por sí mismo, permita considerar irrazonable el sistema de distribución vigente.

La participación de Rivadavia en el esquema actual

Según la respuesta del Gobierno, "los datos de distribución muestran que Rivadavia mejoró su participación a partir de la modificación normativa que cuestiona. Su coeficiente pasó de -0,773 % a -0,749 %".

Asimismo, de acuerdo con el Censo 2022, el departamento cuenta con 63.589 habitantes y ocupa el 9º lugar entre los municipios de la provincia por cantidad de población. Esta posición determina una participación intermedia en el componente que distribuye el 65 % de los recursos según la cantidad de habitantes.

A esto se suma que, por el criterio que distribuye el 25 % de la masa coparticipable en partes iguales, Rivadavia recibe el mismo monto que municipios con poblaciones considerablemente superiores.

Por ejemplo, Guaymallén, con 320.871 habitantes, tiene aproximadamente cinco veces más población que Rivadavia, mientras que Las Heras cuenta con casi 4 veces más habitantes. Sin embargo, los 3 departamentos reciben el mismo monto por este concepto.

De esta manera, los criterios de distribución contemplan tanto las diferencias poblacionales como la asignación de recursos en partes iguales y un mecanismo de compensación demográfica. En conjunto, estas variables equilibran las participaciones municipales y las diferencias que pudieran surgir de la aplicación del coeficiente correspondiente al 10 % de la masa coparticipable.

Los fundamentos jurídicos del reclamo

También remarcan desde el Gobierno que al contestar la demanda, el Fiscal de Estado sostuvo que la pretensión de la Municipalidad de Rivadavia constituye una “cuestión política no judiciable”, dado que el planteo busca cuestionar la valoración política sobre la distribución de los recursos coparticipables en el ámbito provincial, una atribución que corresponde exclusivamente a la Honorable Legislatura.

En ese sentido, señaló que el control judicial debe respetar las facultades de valoración otorgadas al Poder Legislativo y limitarse a verificar que la ley haya sido sancionada conforme al procedimiento establecido y que sus disposiciones no excedan el límite de la manifiesta irrazonabilidad. Según lo expuesto en la contestación de la demanda, ninguna de estas circunstancias se verifica en el caso.

Asimismo, el Fiscal de Estado cuestionó la existencia de un agravio concreto que justifique la acción. En particular, señaló que la Ley 9.550 mejoró la participación de Rivadavia respecto del régimen anterior, por lo que una eventual declaración de inconstitucionalidad podría implicar el retorno a la aplicación de la Ley 6.396, precisamente la normativa que el municipio cuestiona.

De este modo, el planteo jurídico también pone en discusión cuál sería el perjuicio económico actual y el interés jurídico que fundamentan la pretensión de inconstitucionalidad.

Estos son los principales elementos normativos, distributivos y jurídicos que enmarcan la controversia planteada por la Municipalidad de Rivadavia y que deberán ser considerados en el proceso ante la Suprema Corte de Justicia.