El laberinto de los fondos fiduciarios: cómo opera la caja multimillonaria que controla Alfredo Cornejo

Sin embargo, esa misma agilidad es la que enciende alarmas en la oposición y en la opinión pública, tras sucesivas polémicas que se conocieron en las últimas semanas. Por ejemplo, los $13,6 millones que se le pagaron a la ministra Jimena Latorre para una maestría personal; los millones de pesos que debieran haber redundado en obras y mejoras alrededor del perilago de Potrerillos, cosa que no ocurrió; o las siempre cuestionadas partidas millonarias asignadas al mantenimiento de la residencia oficial del gobernador, en La Puntilla.

Aunque desde la cartera de Hacienda defienden que los fideicomisos se someten a un triple tamiz -auditorías internas y externas, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Nacional de Valores-, el debate de fondo persiste sobre si este andamiaje funciona como un facilitador de la economía real o como una estructura paralela con escasa visibilidad.

La defensa del manejo de los fondos

"Lo primero que hay que decir es que una herramienta así de funcional no debería descartarse por cuestionamientos sin sentido", defendió con firmeza Víctor Fayad, ministro de Hacienda de Mendoza, cuando Diario UNO buscó conocer cómo funciona actualmente Mendoza Fiduciaria.

Esa sociedad anónima con participación estatal opera desde hace 21 años, ya que se creó en 2005. Hoy maneja 14 fondos fiduciarios con distintos destinos y objetos. Según información oficial, administra unos $86,719 millones.

El número 15 es el Fondo del Resarcimiento por la promoción industrial, que fue el más importante respecto del monto que manejó. El total llegó a U$S1.094 millones, de los cuales ya se asignó el 84% en más de 57 obras. Los números de ese fideicomiso se actualizan permanentemente en la página del Ministerio de Hacienda.

Los fideicomisos son un mecanismo legal y financiero por el cual una empresa o el Estado entrega determinados bienes o dinero a un administrador para que los gestione con un objetivo específico y bajo reglas establecidas: una caja de dinero separada, con destino determinado y un administrador responsable de utilizarla para cumplir esa meta.

En este caso el Estado provincial, la Bolsa de Comercio y el Banco Supervielle son los fiduciantes -aportan el capital y marcan el objetivo-, y Mendoza Fiduciaria se encarga de administrar y destinar los fondos. Cada fideicomiso tiene un contrato que delimita las atribuciones de cada parte y crea el Comité Ejecutivo, que en el caso de un fondo público es quien transmite lo que el Gobierno fija como objetivo.

Los fideicomisos públicos quedaron bajo la lupa luego de que el presidente Javier Milei los definiera como las “cajas negras de la política”. De hecho, la Ley Bases autorizó al Ejecutivo nacional a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”.

Cuáles son los 15 fideicomisos que están activos y a quiénes benefician

Cuando se habla de los fideicomisos de Mendoza Fiduciaria, la primera duda que surge es cómo se administran esos fondos y quién se beneficia de ellos.

Si esos 15 fideicomisos se ordenan según su capital, detrás del Fondo de Resarcimiento aparece el Fopiatzad (administración del plan de infraestructura eléctrica de alta tensión, zonas aisladas y zonas a desarrollar), que hoy cuenta con $50.260 millones. Con estos recursos, la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (EMESA) presta asistencia técnica en tareas vinculadas a la planificación energética, evaluación técnica y legal, procesos de contratación, estudios eléctricos y emisión de dictámenes técnicos.

Luego figura el fideicomiso de Administración y Asistencia Financiera Vitivinícola, con $7.552 millones. Asiste a los establecimientos elaboradores de vino, mosto sulfitado y concentradores de mosto destinado a exportación. Es un instrumento de política económica para lograr mejoras en la rentabilidad del sector, conforme a la Ley Provincial N° 7.992.

El podio de los tres primeros se completa con el Fondo de Actividades Hidrocarburíferas, que administra $5.754 millones y que fue el que financió el discutido máster que hizo la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, además de la capacitación de otros 33 empleados. Ese fondo se nutre de los aportes de las empresas al pagar permisos de exploración o concesiones de explotación, y costea las contrataciones de bienes y servicios que indique la Dirección de Hidrocarburos o el Comité Ejecutivo.

Por su parte, el fideicomiso para el Fomento, Desarrollo y Crecimiento Productivo (Capital Emprendedor de Mendoza), que cuenta con $5.466 millones, apunta a desarrollar emprendimientos de base tecnológica y tradicional para aumentar la productividad, favorecer la internacionalización y generar empleo.

El Fideicomiso de Asistencia a la Actividad Agroindustrial dispone de $5.185 millones en caja para dar asistencia financiera a:

• Establecimientos industriales y cooperativas elaboradoras de productos agrícolas.

• Productores ganaderos (porcino, ovino, bovino, caprino), apícolas y elaboradores de derivados.

• Industrias de sectores diversos (metalmecánica, petróleo, minería, servicios industriales, maderero y reciclado).

Esos fondos se destinan a la compra de materia prima a productores locales de frutas y hortalizas para su industrialización y comercialización, y al respaldo crediticio para exportadores del sector.

El Fondo de Conectividad cuenta con $3.559 millones para solventar inversiones en infraestructura, capital de trabajo, insumos, equipamiento y mano de obra de empresas prestadoras u operadores de internet, con el fin de mejorar la calidad de conexión y sumar usuarios.

Al Fondo Compensador Agrícola, creado en 2012, le quedan en caja $2.469 millones para auxiliar a productores afectados por inclemencias climáticas adheridos al programa de contingencias.

En el Fondo de Pata Mora, donde el fiduciante es el Gobierno provincial, hay $2.226 millones. Administra, planifica y ejecuta estudios de obras, servicios y comercialización para Malargüe y el polo logístico de Pata Mora, actualmente en proceso de expropiación de inmuebles.

El fondo de Mendoza Activa, nacido en 2020 bajo la órbita de la cartera económica que lideraba Enrique Vaquié, tiene hoy $2.140 millones. Distribuyó recursos a la agricultura, industria, construcción privada, comercio y servicios, facilitando la compra de maquinaria o refacciones mediante billetera virtual y reintegros de hasta el 40% del costo en efectivo y crédito fiscal.

El fondo del Fomento y Sostenimiento del Empleo, con 6 años de funcionamiento, maneja un capital de $1.970 millones. Pretende asegurar la continuidad laboral formal en sectores en crisis, generar estadísticas fehacientes de empleabilidad e impulsar acciones de inserción genuina.

Al Fondo de Garantía Audiovisual, creado en 2020, le quedan actualmente $75 millones para respaldar compromisos de prestadores del sector, nutriéndose de aportes de Cuyo Aval SGR.

El fideicomiso que debe velar por las obras del Perilago de Potrerillos

El Fideicomiso para el Desarrollo y Aprovechamiento Integral del Perilago Potrerillos (hoy cuenta con 39,87 millones) sintetiza un esquema administrativo en el cual el Estado actúa como fiduciante para canalizar y disciplinar la inversión privada en tierras públicas de alta sensibilidad ambiental.

¿Cuál es su reto? Velar porque el capital privado cumpla las metas de urbanización, saneamiento y preservación del entorno paisajístico y el acceso ciudadano al embalse. No es su deber hacer obras, sino procurar que los privados las hagan.

Fue en 2022 -tres años después de su conformación-, que el Gobierno adjudicó el master plan en concesión a dos oferentes: Potrerillos Resort S.A. y MendoTravel S.R.L. (vinculada al grupo CEOSA). En ese momento, esas firmas asumieron el compromiso de invertir U$S10 millones en los primeros dos años.

Sin embargo, tras casi cuatro años de aquel trámite licitatorio y concesión, en la zona no hay casi nada y una auditoría oficial que pagó el fideicomiso -y que costó $95 millones- constató que los privados no han cumplido.

En el caso Potrerillos Resort S.A. la adjudicación nació envuelta en polémicas: la empresa había sido constituida apenas un año antes con un capital de tan solo $300.000 y sin el respaldo financiero líquido necesario para un emprendimiento de tal envergadura. Pasaron los años y el proyecto quedó prácticamente en punto muerto y las obras prometidas no arrancaron. La prolongada inacción derivó en advertencias oficiales, pedidos de informes en la Legislatura provincial y auditorías del Estado que constataron los atrasos e incumplimientos.

La salida legal se concretó el 1 de septiembre de 2025 mediante la firma de una adenda contractual que habilitó el ingreso de nuevos accionistas de peso económico liderados por el empresario Sebastián Halpern. Con este salvataje societario y el respaldo de un plan que prevé nuevas inversiones, el proyecto fue reconvertido bajo la marca comercial Costazur.

A diferencia de esta situación, MendoTravel S.R.L. llegó con una base operativa consolidada al estar a cargo de la explotación del emblemático Gran Hotel Potrerillos.

Su propuesta contemplaba una articulación directa con el hotel a través de un polo náutico y recreativo, paradores gastronómicos, espacios deportivos y bajadas públicas a la costa.

Lo que sí se repitió en este caso es que las obras comprometidas no se han materializado. Lejos de la infraestructura prometida para el sector náutico y comercial, las intervenciones en el terreno se limitaron principalmente a estudios preliminares de suelo y relevamientos de prospección arqueológica.

Tras conocerse toda esta situación, el ministro de Gobierno e Infraestructura, Natalio Mema, aseguró que los trabajos comenzarán pronto, aunque se sabe que en la temporada 2026-2027 tampoco habrá ni siquiera baños para los miles de mendocinos y turistas que visitan el perilago día a día.

Cuánto dinero se destina a la residencia del Gobernador

Según datos oficiales, el fideicomiso que administra la residencia de la gobernación cuenta con $18,4 millones en caja. Sin embargo, solo en el primer semestre de este año se ejecutaron $100 millones para el funcionamiento, refacción, mantenimiento y sueldos del personal del inmueble ubicado en La Puntilla, Luján de Cuyo.

Este esquema le otorga al gobernador Alfredo Cornejo la facultad de asignar fondos de forma directa sin pasar por el circuito tradicional de la Tesorería General.

La ejecución de esa cifra mantiene encendidas las alarmas en la oposición, que denuncia la falta de un seguimiento legislativo exhaustivo sobre las partidas.

Un fideicomiso en rojo

El Fondo del Gas es el único que exhibe saldo negativo: muestra un rojo de $100.000. Desde la entidad aclararon el motivo:

"Es un fideicomiso iniciado en 2013 que está en proceso de liquidación. Hace tiempo que está inactivo y cerrándose. Se impulsó para créditos de instalaciones domiciliarias, se ejecutó y quedó en proceso de cierre; por eso figura en rojo, debido a algún gasto bancario posterior", explicó Alfonso Brandi, gerente general de Mendoza Fiduciaria.

Cómo funcionan y quién controla el capital de los fondos

La atención sobre estas herramientas se disparó al conocerse que el Fondo de Actividades Hidrocarburíferas reintegró $13,6 millones a la ministra Jimena Latorre por una maestría en Economía Medioambiental (MECOM) que pagó con su tarjeta personal. La maniobra derivó en presentaciones ante la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y una pesquisa en la Oficina de Ética Pública.

En su descargo, la ministra adjuntó la documentación que avala que la formación se encuadraba en las metas del fondo -aprobada por el Comité Ejecutivo como fortalecimiento institucional- y detalló que desde 2019 se financiaron 33 capacitaciones y 61 participaciones: 10 en huella de carbono, 5 en integridad de instalaciones petroleras y 4 en plantas de gas, entre otras.

Frente a la controversia, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, defendió los mecanismos de vigilancia:

"Todos tienen un triple control: el que se hace con las auditorías internas y externas, el que hace el Tribunal de Cuentas y el que concreta la Comisión Nacional de Valores". Del ministro depende orgánicamente Nicolás Egües, titular de Mendoza Fiduciaria y director de Legales de la cartera.

Por ley 9.137, los recursos petroleros que nutren ese fondo deben destinarse con exclusividad a actividades de estudio, control y fiscalización de la Dirección de Hidrocarburos.

Fideicomisos y celeridad en la administración de fondos

El argumento central para sostener estas estructuras es la agilidad frente al letargo burocrático.

"El Fondo Compensador Agrícola, por ejemplo, tiene que contar con la celeridad necesaria para asistir a los productores a tiempo; si debiera pasar por la Tesorería provincial y hacer todo el circuito regular del gasto público, demoraría mucho más y no cumpliría su cometido", puntualizó Fayad, sumando como ejemplo los programas de incentivo al empleo Enlace y Enlazados.

Esa rapidez operativa es la misma que argumentan desde Energía al defender el posgrado de Latorre y las capacitaciones técnicas del área. "En 2021, el exministro Enrique Vaquié decidió ordenar los aportes de las petroleras que antes solían pagarse en especies y terminaban muchas veces en manos de funcionarios, derivándolos a un fideicomiso con reglamento específico y destino transparente", concluyen desde Hacienda.