Contraataque por la coparticipación; la ruta del dinero de Enlazados y qué hará Bullrich en Mendoza

Mauricio Di Césare, uno de los diputados rivadavienses de Cambia Mendoza -a quien se le complicaba mucho apoyar ese artículo y por eso no lo hizo-, es uno de los que preparan un proyecto para modificar los coeficientes y tomar en cuenta las regalías petroleras que hoy se le están negando en la ecuación a ese departamento.

La iniciativa viene desde hace tiempo y tiene también el apoyo del coterráneo y ex intendente Miguel Ronco. Está, hasta donde supo UNO, bajo revisión de un equipo técnico que incluye la mirada de uno o más contadores. Busca incorporar las pérdidas por la merma en la producción de petróleo de la comuna -que vienen en picada desde 1993- y así contrarrestar lo definido por el oficialismo: que el coeficiente sólo se cambie de acuerdo a las subas demográficas que mostró el censo 2021.

El asunto ahí serán los criterios porque sumar el ítem petróleo no sólo modificará a Rivadavia, al que se lo llevaría para arriba, sino que podría cambiar el lugar en el mapa coparticipable de los otros municipios que tienen yacimientos. Por ejemplo San Rafael, Luján, Tupungato y Malargüe. Mientras se cuece ese proyecto, es uno de los factores que se están tomando en cuenta.

Los plazos se acortan y a la vez no. De aparecer, esa norma no verá la luz antes de que el paquete fiscal tenga sanción definitiva en Senadores -que por ahora no será la semana que viene-, pero sí podría hacerlo antes de que se reúna el Consejo Municipal, lo que ocurrirá antes de fin de año. Es el espacio en el que el propio Poder Ejecutivo propiciaría que los intendentes discutan una nueva coparticipación.

No subiendo los índices, ya que el 18,8% que reparte Mendoza ya es el más alto del país, pero sí analizando elementos que hagan más equitativa la distribución per cápita, el eje de las críticas actuales. No es el único proyecto que se está preparando en ese sentido: hay otro en ciernes en la oposición.

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Enojados y heridos

Los otros perjudicados fueron Luján y Maipú, pero sus intendentes no hicieron tanto ruido ahora que salió la sanción de Diputados como en la previa de las votaciones, cuando se anunció la idea de modificar estos números. En primer lugar, no lo hicieron porque se matizó la pérdida: no se contó mucho en la semana, pero Esteban Allasino tenía la certeza de que se iba a llevar 33% de lo que le hubiera correspondido sin la ley (o sea, sabía que le sacaban el 66%) y finalmente eso cambió y fue más benévolo, si se quiere: se llevará Luján el 66% y resignará ese tercio restante para los nuevos beneficiados.

Debe entenderse que las modificaciones, tanto cuando restaban como cuando sumaban a los municipios, fueron siempre por tercios.

A Allasino no le sirvieron del todo ni sus encuentros con funcionarios de Alfredo Cornejo ni tampoco sus reclamos en la Justicia, que difícilmente tengan una resolución en 2024 y no tienen un horizonte claro sobre si les harán caso o no. Sí debe agradecer que, en los cambios de último momento, el oficialismo le "devolvió" 0,324 en el coeficiente y lo transformó en el más beneficiado de esos cambios. Lo mismo que a los maipucinos, que fueron los segundos de mayor cosecha con esas modificaciones sobre el filo de la votación.

El caso de Maipú y la división del PJ en la Legislatura

Justamente, en la otra vereda está Matías Stevanato, que dio una pelea insistente, pero de mucho más bajo perfil que el lujanino: llegó a reunirse con Cornejo sin que trascendiera para explicarle sus razones sobre por qué Maipú no debería perder los fondos que le quitarán.

A esos encuentros, que también mantuvo con Natalio Mema, Víctor Fayad y miembros de sus ministerios, llevó varias argumentaciones: una de ellas, que Maipú provee sus propios servicios de agua y que, al no mediar AYSAM en esos servicios, carece de mucho apoyo económico para dar servicio a casi 40 mil personas. Nada convenció.

Además corría con otro problema: la decisión de acompañar la ley que adoptó casi todo el justicialismo en Diputados. El hecho de que muchos intendentes del PJ se beneficiaran con el cambio al coeficiente también hizo lo suyo para dotar a Cornejo de ese apoyo.

Lo que no pudo evitar el PJ fue que se notara la división interna. El único que votó en negativo todos los artículos fue justamente el maipucino Juan Pablo Gulino. El resto se dividió. En el punto de la discordia, que era el de la coparticipación, hubo enojo por el hecho de que las dos diputadas más cercanas a Anabel Fernández Sagasti, Valentina Morán y Natalia Vicencio, se abstuvieran "sin avisar" a la coordinación del bloque.

"No tenemos un liderazgo unificado en la cámara, así que ellas no tenían nada que avisar. Si no fuera así, si hubiese un líder al cual referir, no hubiéramos tenido tres votos distintos en el peronismo: por sí, por no y abstención", dijeron desde ese wing justicialista.

La afrenta es clara contra el presidente de la bancada, el sanrafaelino Germán Gómez. Gabriela Lizana, rivadaviense y una de las más activas por el tema de la no contemplación del asunto petrolero para su municipio, también se abstuvo de votar, pero sí lo había avisado a Gómez.

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La ruta del dinero de Enlazados

La fiscal Gabriela García Cobos tiene en sus manos el caso del escándalo por el programa Enlazados. Una investigación que busca dilucidar si dos jóvenes de 19 y 20 años fueron capaces de robarle al Estado mendocino $26 millones. Es al menos la versión hipotética que maneja en la Justicia por ahora y que esta semana recibió un "empujón" del gobernador Cornejo, que en declaraciones a la prensa dijo que le hubiese gustado que los señalados estuviesen ya imputados.

En los últimos días comenzó a especularse con la posibilidad de que hubiera más responsables o apuntados con el dedo. Sea que hubieran colaborado con esta jugada que se investiga -si es que fue así- o fuera que hicieron algo similar en períodos anteriores. Según pudo averiguar Diario UNO, por ahora no hay nadie más en la pista de los investigadores que estos dos mencionados: V.C. y quien sería su pareja, G.V. Lo curioso es que hace menos de dos años que salieron de la secundaria.

Ella trabajaba en el programa y desde el Gobierno dicen que fue apartada cuando comenzó la investigación, a fines de abril. Él también habría sido parte de esa estructura estatal, aunque es poco lo que se sabe porque ya rige sobre ellos el secreto de sumario.

Una de las hipótesis sugiere que ella subió al sistema a 31 beneficiarios truchos todos los meses y que lo habría hecho en cuatro oportunidades. "Los borraba después del pago, en teoría", explican. La última vez todos habrían ido a parar - gracias a la maniobra- a una única empresa, que no queda claro si existe o no, y ahí se destapó la olla.

"Fueron 230 mil personas las que hemos atendido con ese mecanismo. Algo siempre vas a encontrar", dijeron desde calle Peltier a este medio. "Las auditorías que hacemos son constantes y el programa no se ha visto modificado en absoluto por esto", aclararon.

La pregunta sobre la ruta de ese dinero, sobre el camino que puede haber recorrido una vez que salió de las cuentas públicas de los mendocinos, lleva a preguntarse por las cuentas bancarias a las que benefició. ¿De quiénes eran esos CBU que supuestamente se cargaban mes a mes durante el primer cuatrimestre del año y luego se barrían del registro? O ¿quiénes las cobraban posteriormente? Las novedades estarían cerca de conocerse, pero no se han filtrado por el momento.

La semana estuvo marcada por la decisión de Cornejo de que la Asesoría de Gobierno tomara cartas en el asunto y transformara al Estado en querellante. No es la única entidad pública que está interviniendo, porque Fiscalía de Estado también revisó los hechos. Fue en los días previos a que se conociera lo que había ocurrido, según explican desde Casa de Gobierno y hubo una suerte de acompañamiento, de asesoramiento sobre loas formas de abordar el tema. Ahora la Fiscalía sólo intervendría para control de los procesos y los que siguen son la fiscal García Cobos y la Asesoría, a cargo de Ricardo Canet.

Esto es sólo para la causa de los dos jóvenes que se las habrían ingeniado para burlar al Ejecutivo en alrededor de $26 millones. Pero hay otra causa, que es la de los empresarios que habrían falseado documentación para poder ser beneficiarios del sistema, sobre todo en asuntos impositivos.

De algunas de ellas ya se demostró 10 días atrás que no habrían cometido perjuicio alguno contra la administración, pero de todos modos habrá que ver si pueden seguir siendo parte del sistema de beneficios. Esta investigación avanza bajo la mirada del fiscal Sebastián Capizzi, de Delitos No Especializados. Ahí, también hay una entidad que analiza lo que ocurrió y es Administración Tributaria Mendoza. En este caso, el Gobierno no le pidió a Asesoría de Estado que participe como querellante.

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Viene Bullrich: el tema que no estaba planeado pero se tratará en la reunión

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene que venir a Mendoza este lunes, en medio de uno de los peores momentos de su pelea con Mauricio Macri en la interna del PRO, y en medio también de la versión local de esa disputa intestina de los amarillos, que es la que llevan adelante por la presidencia del espacio la vicegobernadora Hebe Casado y el senador demarchista Gabriel Pradines.

"Nosotros somos como hijos de padres que tienen problemas de pareja y que están viendo si se divorcian. Todo eso repercute en la lucha que tenemos en la provincia", es la manera en que lo graficaron desde una de las partes. Fue una manera de dejar más claro que nunca que unos representarían al macrismo y los otros a la funcionaria del Gabinete de Javier Milei.

El encuentro que trae a Bullrich es el Consejo de Seguridad Interior, donde Cornejo y la titular de la cartera local, Mercedes Rus, serán anfitriones de los ministros del área de las otras provincias. Fue una localía por la que el Gobierno pulseó fuertemente en Buenos Aires. Sobre todo contra Córdoba, que también tenía ganas de albergar el cónclave.

Dicen que ahí pelearon codo a codo miembros del Ejecutivo local, de la Justicia y también Néstor Majul, el hombre del riñón de Cornejo que ahora trabaja para la ministra en Buenos Aires. "Es importante para la incidencia que buscamos tener en estos temas a nivel nacional. No debe olvidarse que nosotros le llevamos propuestas de modificación de los códigos Penal y Civil y Comercial", explicaron.

El Gobierno dejó trascender algunos temas para el encuentro, pero se colarían algunos más. Los que mencionaron fueron, fundamentalmente, federalizar los protocolos de Tribuna Segura y todos los relacionados al ingreso a los estadios; tema con el que Seguridad está lidiando por estos días luego de dos episodios con barras de Godoy Cruz en menos de dos meses.

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Sumarios para los penitenciarios que querían meter chips a la cárcel

Otro de los puntos son narcotráfico y el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales –SIFCOP-, que es la red con la que todas las provincias se vinculan para avisarse de pedidos de captura, prohibiciones para salir del país, pedidos de paradero y tareas similares.

Según pudo averiguar UNO, hay un tema que no figuraba hasta el fin de semana en los temarios oficiales y que sin embargo sí formará parte de la discusión: cárceles. La manera en que se trabaja con los presos y probablemente las acciones que Mendoza está llevando a cabo para integrar a empresas privadas en los penales e introducir tecnología que permita más trabajo de los presos.

A propósito de prisiones, esta semana trascendió que la novedad que dio a conocer este diario días atrás, respecto a que tres penitenciarios fueron encontrados queriendo entrar chips de celular a San Felipe y Almafuerte, ya tuvo novedades: se inició sumario para los tres y fueron indagados; ahora resta saber qué surge de las defensas que presenten ante la Justicia y/o la Inspección de Seguridad.

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Partido Verde: un ex PRO se suma y asoman internas

Lo que hay por estos días en Mendoza es movimiento partidario. El Partido Verde, que busca consolidarse como la tercera fuerza de la provincia, comenzará un reacomodamiento de piezas que, entre otras cosas, implica sumar a un ex miembro del PRO: Fernando Reyes.

Reyes es cercano al senador surgido de la UCR Dugar Chappel y al concejal de Ciudad Ricardo García Saavedra. Fue presidente de la Juventud PRO y también viene de la política de Ciudad.

Está a punto de confirmar su llegada al espacio, aunque llega con críticas a sus referentes, por la supuesta intención de unirse al PJ a través de un pacto con Carlos Ciurca; una posibilidad que hace rato es mencionada cerca de la Legislatura. Mucho más después de un encuentro que mantuvieron en San Rafael con referentes justicialistas vinculados al ex vicegobernador.

Lo que se dice es que este mismo lunes Reyes irá a firmar a la oficina de Chappel su afiliación a los Verdes, espacio que el año que viene tendrá un desafío doble, porque afrontará comicios después de hacer su mejor elección en 2023 -tiene tres legisladores y varios concejales- y porque además tendrá la interna para redefinir autoridades. En esta última instancia es donde se espera que estallen estos señalamientos internos.

Reyes es de los que apuntan, junto con García y Chappel, que el posible pacto con el PJ es un error y que el futuro de la fuerza debería ser en una coalición más amplia, también de oposición a Cambia Mendoza, o bien por cuenta propia, como lo hizo el partido en los últimos dos años electorales.

"Si realmente no quieren nada con el peronismo o el ciurquismo, debieron salir a negarlo categóricamente de inmediato, apenas se empezó a hablar de esto tras la reunión que tuvieron en San Rafael. No lo hicieron; no lo negaron. Todo lo contrario", se quejaron desde ese sector.

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