Casi 20 días después de que el Ministerio de Producción saliera a admitir que había sufrido una estafa en las entrañas del programa Enlazados, y acusara a una empleada técnica administrativa de quedarse con $26 millones, el gobernador recogió el guante y le exigió a la Justicia acelerar la causa y recuperar la millonaria cifra.
La premura del Gobierno por que haya alguna definición judicial quedó al desnudo este lunes cuando se confirmó que será querellante en la causa. El mismo Cornejo instruyó al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, para “hacerse parte querellante y actor civil en las actuaciones penales” de la investigación que realiza la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.
"Esperamos que la Justicia rápidamente los impute de una buena vez”, se sinceró el gobernador este lunes sin disimular que la lentitud de la causa lo exaspera.
Resaltó que todas las pruebas fueron aportadas por el Ministerio de Producción. “Queremos que tengan sanción y además que se vea adónde fue a parar ese dinero y que lo devuelvan quienes se lo llevaron ilegalmente”.
Se trata de la ex empleada Valentina Cáceres (20) y su pareja, un joven de sólo 19 años, además de una treintena de beneficiarios de una empresa fantasma que serían a los que la ex técnica usó para derivar los fondos de la estafa.
También se investiga si cargaba a esos empleados truchos en empresas que ya estaban en el programa, emitía la orden de pago y luego los eliminaba.
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La ruta del dinero y la posibilidad de recuperar la millonaria estafa
Ante el reclamo de Cornejo, Diario UNO buceó en el estado de la causa que investiga la fiscal Gabriela García Cobos, de la fiscalía de Delitos Económicos.
Según precisaron desde esa fiscalía, si bien la joven pareja que sería la ideóloga de la estafa aún no está imputada, esa imputación podría darse en las próximas horas. Para hacerlo, la fiscal necesita contar con la información del estado de las cuentas bancarias de las que ambos son titulares que ya solicitó a distintas entidades bancarias.
Es que obviamente se trazó una ruta que podrían haber hecho los $26 millones de la estafa, intentando dilucidar en dónde terminó la suma.
"Para recuperar la suma de la estafa se pueden tomar dos caminos, que la Justicia lo haga compulsivamente, para lo cual es clave contar con la información de los movimientos bancarios o que la parte involucrada ofrezca devolverla para resarcir el daño patrimonial que provocó y de paso amenguar la posible pena", ampliaron desde la Justicia.
Es que en Delitos Económicos no descartan esta segunda oportunidad, luego de que en los últimos días se presentara un abogado defensor de la pareja de implicados y asegurara de manera informal que están interesados en devolver el dinero de la estafa. Sin embargo en la causa, aún no hay documentación que respalde los dichos de ese abogado.
El modus operandi para el presunto desvío de $26 millones
La joven administrativa fue denunciada por adulterar información para ser beneficiaria de Enlazados junto a 31 personas más.
El Ministerio de Producción, a través de su director de Asuntos Jurídicos, hizo una presentación en la Fiscalía de Delitos Económicos, para que se investigue la posible comisión de un delito penal por acceder en forma irregular a este beneficio.
Según contaron en la denuncia, esta persona -junto a su novio de 19 años- realizó en forma fraudulenta el ingreso al sistema de 31 personas. Esos sujetos fueron vinculados mediante sus cuentas bancarias (CBU).
Una de las operatorias detectadas consistió en asignar en forma indistinta y aleatoria a estas personas a diversas empresas que participan del programa. Otra forma de fraude fue dar de alta una empresa inexistente y vincular a esas mismas personas para que accedan al subsidio de Enlazados, que consiste en el aporte de una suma de dinero fija, como complemento salarial.
La irregularidad fue detectada a fines de abril, y se estima que la maniobra fue iniciada en diciembre de 2023. Los beneficiarios cobraron en forma irregular aproximadamente $200 mil mensuales, alcanzando unos $26 millones.
Entre las pruebas presentadas a la Fiscalía se encuentran los registros de todas las operaciones realizadas por esa usuaria, que estaba habilitada a acceder al sistema de administración del Programa Enlazados.
"El modus operandi de la administrativa consistía en cargar y borrar los datos fraudulentos de los beneficiarios cada mes, en los días previos al proceso de generación de las órdenes de pago de los subsidios", explicaron desde Producción.
Según dicen, esto permitió que la maniobra se mantuviera oculta durante esos meses. "Lo que no advirtió es que todos los datos y usuarios que operan el sistema son respaldados en servidores internos, sobre los que se realizan otros controles adicionales de integridad de la información y procesos, donde fue detectada la irregularidad, porque existía una huella digital de toda la operatoria fraudulenta", agregaron




