Investigación judicial

Delitos Económicos abrió la pesquisa por la joven acusada de quedarse con $26 millones del programa Enlazados

La fiscal García Cobos reconstruye la ruta de los subsidios estatales del programa Enlazados, tras la denuncia de Producción contra una ex empleada pública

La fiscal Gabriela García Cobos, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, tiene a su cargo la investigación judicial del escandaloso fraude por $26 millones del programa Enlazados del Estado provincial.

Una ex empleada administrativa, Valentina Cáceres, de 20 años, que fue despedida y denunciada por el Ministerio de la Producción; su pareja, de 20 años, y una treintena de beneficiarios están en la mira del Ministerio Público Fiscal.

Por estas horas, los investigadores están dedicados a instruirse sobre el funcionamiento interno del programa Enlazados. Quieren conocer el mecanismo que permite calificar y finalmente acceder a esos subsidios y cobrarlos.

Además, quiénes son las personas habilitadas para operar el sistema informático y de qué manera lo hacen, incluyendo la utilización de claves de acceso y pasaportes digitales.

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Gabriela García Cobos, fiscal de Delitos Económicos, investiga el escándalo con dineros públicos del programa Enlazados.

Gabriela García Cobos, fiscal de Delitos Económicos, investiga el escándalo con dineros públicos del programa Enlazados.

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La ruta de $26 millones del programa Enlazados

El caso fue revelado esta semana por la subsecretaria de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción, Emilce Vega Espinoza, quien dio cuenta de la fuerte sospecha que pesa sobre Cáceres, su pareja y más de 30 personas que, de acuerdo al sistema, formaron parte de una misma empresa en tan solo un día, y cobraron $26 millones en total.

La ruta del programa estatal Enlazados podrá revelarle a la fiscal García Cobos si la denunciada Cáceres cometió algún delito y, en caso de ser así, aplicar la calificación judicial apropiada.

En principio, se sospecha la existencia del delito de fraude a la administración pública en la modalidad de administración fraudulenta. Es decir, haber manipulado en su favor y/o de terceros los privilegios que le suministró el Estado para trabajar en la operatividad del programa Enlazados.

La nómina de quiénes cobraron, muchos de ellos hasta $200.000, también será determinante para dar con posibles partícipes en la maniobra delictiva.

También se rastrea si Cáceres cobró y si el novio también lo hizo. La información de los CBU de todos los involucrados aportará más claridad y ayudará a cerrar el círculo.

En las últimas horas, el Ministerio de la Producción puso a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos información sensible para avanzar con la pesquisa que tiene algunos puntos de similitud con el caso de fraude a la comuna de Guaymallén que mandó a la cárcel, previa condena en juicio, al ex intendente peronista Luis Lobos y a Claudia Sgró, por entonces su esposa y funcionaria municipal.

Los casos Enlazados y Lobos tienen en común que personas con poder para disponer de fondos públicos los desviaron.

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