La noticia pasó apenas percibida por los titulares del país la semana pasada, en medio de la agenda nacional que ardió con el dólar, el riesgo país y ahora el Caso Espert. Mendoza, Chubut y Santa Cruz se metían en una querella criminal para investigar presuntos delitos de corrupción en el ingreso del Grupo Petersen a YPF.
Los gobernadores de Mendoza y de Chubut, Alfredo Cornejo e Ignacio Torres, en Comodoro Py.
Aquella operación se concretó a partir del 21 de diciembre de 2007 -plena gloria kirchnerista- y hasta 2011 por medio de un esquema de autopréstamos de la propia petrolera a través de los dividendos que podía generar la compañía, más el auxilio de otros bancos. Hubo contratos de cláusulas confidenciales para ello, y los gobernadores suponen que esa maniobra fue fraudulenta y que en los años posteriores primó la falta total de control y fiscalización de parte de funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, permitiendo el vaciamiento, desfinanciamiento y pérdida de valor deliberados de la empresa, antes y después de su "nacionalización". Fueron años en que hubo que importar combustible para generar energía, generando el desbalance de la cuenta corriente del país, déficit fiscal y luego, el cepo.
El ingreso de las provincias al caso penal aquí y luego en los Estados Unidos es una ruta que nunca antes recorrió la defensa soberana argentina en los tribunales de Nueva York, donde el país fue condenado a indemnizar a un fondo “buitre” con U$S16.100 millones por la expropiación "a medias" de YPF. Si progresa, esta querella podría pausar, frenar, o desactivar para siempre aquella dura sentencia de la jueza Loretta Preska contra el país. Impagable e inconcebible por su monto, además.
Hoy YPF “entera” cuesta menos de U$S10.000 millones, a U$S24 por acción, de acuerdo con el cierre del viernes ¿Cómo podría una indemnización por el 25% de las acciones ser de casi el doble del valor total de la compañía? Anotación al margen: el fallo de Preska, que ordena entregar las acciones, muy probablemente está avanzando sobre la inmunidad soberana del Estado argentino, opinan quienes han trabajado en la presentación.
La jueza Preska sabe que hay sospechas de fraude en el ingreso del Grupo Petersen a YPF. En 2008, una ONG de los Estados Unidos llamada RAFA (Republican Action For Argentina), se presentó en su tribunal y argumentó que el caso es un “fraude procesal que consuma un fraude internacional”. Aportaron información y documentos sobre la supuesta compra fraudulenta, en 2008, del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, “en connivencia con el matrimonio Kirchner”, dice un reporte de diario La Nación de febrero de este año.
Para que se entienda: si esto fuera fútbol, la querella de los gobernadores Alfredo Cornejo, Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), sería como el “Dibu” atajando aquella última pelota infernal contra Francia en la Copa del Mundo de 2022.
Las sospechas
El ingreso de la familia Eskenazi a través de dos empresas del Grupo Petersen a YPF habría sido una especie de venta artificial de las acciones, que luego provocó -en efecto dominó- el vaciamiento de la petrolera estatal y la pérdida constante de activos. Eso es lo que se sostiene en la denuncia que plantearon y ampliaron en 2006, 2008 y 2012 las diputadas Paula Olivetto y Elisa Carrió.
El argumento es que como había que repartir el 90 % de los dividendos para que el Grupo Petersen pagase los créditos, no quedaban fondos para invertir en exploración y producción de gas y petróleo. En este caso es que se sumaron las provincias como querellantes ¿Es esto como comprar un lote en la luna? Quién sabe. Puede salir bien, y vale la pena correr el riesgo.
Ahora… ¿qué rol cumplen las provincias de Mendoza, Chubut y Santa Cruz, por qué se metieron, y qué ganan o pierden? Aquí hay una historia que vale la pena contar, de la que participaron Alfredo Cornejo, el chubutense Nacho Torres, el ex procurador del Tesoro y abogado Bernardo Saravia Frías, algunos funcionarios de Javier Milei y el ex presidente Mauricio Macri. El santacruceño Claudio Vidal aportó conocimiento pero funcionó más como un adherente al plan.
Cada uno tuvo un rol que desembocó en una presentación de diez páginas firmadas por los tres gobernadores y sus respectivos fiscales de Estado, entre ellos el mendocino Fernando Simón.
Las provincias son accionistas de YPF
Un primer anclaje: las provincias de Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz son accionistas de la petrolera estatal, y miembros de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que nuclea a las provincias productoras de hidrocarburos. Se ganaron las acciones y las mejores sillas del directorio de YPF por ser las cuatro principales productoras.
Entre abril y mayo de 2012 y con discursos que resaltaron la épica de la soberanía hidrocarburífera, el Congreso de la Nación votó por la expropiación del 51 % de las acciones de YPF. El 49 % de ese 51 % era para las provincias.
La mayoría de los diputados y senadores nacionales mendocinos votó a favor de la expropiación en esas sesiones. Tanto del oficialismo como de la oposición: levantaron la mano por la ley que luego derivó en un juicio multimillonario contra la Argentina en tribunales de Nueva York los entonces diputados nacionales Guillermo Carmona, Omar Félix, Anabel Fernández Sagasti, Dante González -todos por el peronismo-, más Enrique Vaquié, Jorge Albarracín y Mariana Juri (UCR), con el voto negativo de Omar De Marchi y Roberto Pradines, en aquella época del PD; y Enrique Thomas, por entonces en el peronismo disidente.
En el Senado, votaron a favor de la iniciativa los radicales Ernesto Sanz y Laura Montero, y el peronista Adolfo Bermejo. El consenso sobre la expropiación de YPF fue muy amplio. Incluso el radicalismo mendocino que por entonces presidía Alfredo Cornejo, con el peronista Francisco Pérez en el gobierno, apoyó con condiciones la expropiación de la petrolera.
No eran por entonces muchas las voces en contra de la expropiación a Repsol, salvo las del Partido Demócrata, el peronismo disidente, el PRO, y algunos más. Los “lilitos” de entonces -incluso Elisa Carrió- se abstuvieron en la votación. La semana pasada, en 7D, el ahora ministro de Defensa y candidato Luis Petri recordó que en 2014 advirtió sobre el juicio multimillonario que caería sobre la Argentina.
La omisión que generó el juicio
La expropiación tan festejada omitió una cláusula que Roberto Dromi -aquel mendocino ministro privatizador de Carlos Menem- diseñó para evitar que el Estado volviese a adueñarse de la compañía: había que hacer una “oferta pública de adquisición” a todos los accionistas en caso de alguna transferencia de acciones. Y eso no se cumplió. El argumento central de la demanda contra Argentina en EE.UU. se basó en que el Estado violó el artículo 7° del Estatuto de YPF, que exige que si alguien compra más del 15% de la empresa, debe ofrecer lo mismo a todos los accionistas, algo que no ocurrió en este caso.
Por eso el juicio civil en los tribunales de NY, donde accionaron los dueños de los derechos del Grupo Petersen, está literalmente perdido y sería insalvable. La defensa argentina no debería discutir la cuestión civil sino en todo caso el monto ridículamente alto de la compensación a Burford, y la pretensión de hacerse de las acciones. Pero lo mejor sería el camino del fraude penal, que invalidaría la causa civil, argumentan los especialistas que están interviniendo.
Con la expropiación de YPF dejaron de repartirse dividendos, el Grupo Petersen quebró dos de sus compañías porque no pudo pagar los créditos, y accionó desde España contra el Estado argentino. Luego vendió sus derechos de litigio. Los demandantes contra la Argentina son Burford Capital, el Fondo Eton Park, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, y Bainbridge Fund Ltd. El fallo de Preska obliga a entregarle el 51 % de las acciones de YPF a Burford, lo que la causa penal podría frenar si alguien hace los deberes y mueve el caso.
La expropiación y la teoría del árbol envenenado
La sospecha de las provincias y sus gobernadores es que el ingreso de la familia Eskenazi a YPF fue un gran fraude, y que por lo tanto, todo lo que ocurrió después es cuestionable, lo que incluye la omisión de oferta pública al Grupo Petersen por su 25 % de acciones. Si el árbol está envenenado, las ramas no pueden ser buenas, dice la teoría.
El principal argumento patrimonial que exhiben los gobernadores es que tras la expropiación del 51% de las acciones de YPF, el fallo de la jueza Loretta Preska que ordena a Argentina pagar U$S16.100 millones, más intereses de tres millones de dólares diarios, y entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, compromete directamente la participación provincial en esa mayoría accionaria estatal.
Así, Cornejo, Torres y Vidal plantearon el ingreso a la causa 3.518 del año 2006, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional y Federal Nro 4 de la CABA, cuyo titular es Ariel Lijo. Este dato es importantísimo. Lijo fue propuesto por el gobierno de Javier Milei para ingresar a la Corte Suprema, luego lo designaron en comisión, pero nada de eso prosperó. Tampoco la causa por el vaciamiento de YPF. El juez tiene por ello una denuncia en el Consejo de la Magistratura.
Además del perjuicio contra las provincias derivado de la causa civil en NY, los delitos que se investigan en este caso son el supuesto contrabando de hidrocarburos, evasión fiscal, fraude a la administración pública, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Hay varios imputados por el fiscal Ramiro González en esta causa, entre ellos el ex ministro de Economía Axel Kicillof, hoy gobernador de Buenos Aires; el ex ministro de planificación federal Julio De Vido; su mano derecha Roberto Baratta (ambos con imputaciones, condenas y juicios en marcha por numerosos casos de corrupción), también ex directores de YPF como Miguel Galuccio, quien luego sería CEO de la empresa “recuperada”, como les gustaba decir en aquellos años a los funcionarios de Cristina. Otro de los acusados es Antonio Brufau, presidente de Repsol y ex presidente de YPF.
Los españoles aceptaron y cobraron U$S5.000 millones por la expropiación. En 1999, habían comprado la empresa por unos 15.000 millones de euros. Pero Kicillof amenazó en 2012 -y lo dijo en el Congreso- que no les pagaría ni un peso a causa de los pasivos ambientales que dejaba la empresa. "Van a tener que pagarnos por irse" dijo. Pero salió al revés.
Cómo se diseñó la estrategia penal
Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Claudio Vidal asumieron sus gobernaciones en diciembre de 2023. Tres meses antes, la jueza Loretta Preska ya había condenado a la Argentina a pagar los U$S16.100 millones a los fondos reclamantes. Desde entonces, los gobernadores vienen conversando sobre el tipo de acciones a seguir.
Las decisiones judiciales de este año en el tribunal neoyorquino apuraron las acciones. En junio, la jueza Preska ordenó al país entregar el 51% de las acciones de YPF a cuenta de los U$S16.100 millones. En agosto, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de NY suspendió preventivamente la medida, hasta que tome una decisión a partir de una audiencia que se celebrará el 29 de este mes y que seguiría por lo menos hasta marzo.
El jueves, la Procuración del Tesoro de la Argentina comunicó que varios países y entidades, además del Departamento de Justicia de EE.UU., se sumarán como “amicus curiae” del tribunal, para fortalecer la posición nacional. Estos son Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania y Rumania, la Cámara de Comercio norteamericana en Argentina AmCham, y Francia mandó luego una carta de respaldo.
Pero los gobernadores se movieron antes. Aparentemente, contactos muy reservados entre funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la embajada norteamericana le habrían hecho saber al gobernador Ignacio Torres que el camino penal era posible. Es decir, plantear un caso criminal en la justicia norteamericana, donde se sustancia el juicio civil de la jueza Preska, para invalidar el reclamo de Burford y Eton Park, por el supuesto fraude cometido en el ingreso del Grupo Petersen a YPF. Claro que para que la justicia penal de los Estados Unidos avance hay que dar muestras de que aquí pasa algo y que los tribunales locales se mueven.
"Amigos" del tribunal
Una semana antes de la presentación de la querella de las tres provincias petroleras, se reunieron abogados de los tres gobiernos, procuradores, y fiscales de Estado. No todos, pero algunos. Analizaron la chance de presentarse en el tribunal de Preska como “amicus curiae” (amigos del tribunal) para apoyar la posición argentina, pero la idea no prosperó. Sólo Chubut ingresó en el camino civil. Sí “prendió” la iniciativa de ingresar al caso penal. Todas las fuentes consultadas coinciden en que podría dar resultado.
¿Cuál fue la reacción del gobierno nacional respecto del planteo de las provincias, una de ellas aliada electoral, además, como es Mendoza? No habría sido de euforia. Los funcionarios fueron informados, el propio Javier Milei fue puesto al tanto, y la Procuración del Tesoro se habría puesto a disposición. En contrapartida hay versiones que hablan de “sugerencias” de miembros del gobierno nacional de no meterse en el camino penal, pese a que ello podría poner en le vidriera la probable mala praxis de Axel Kicillof, sobre todo, en aquella "nacionalización" de la empresa.
Hay un dato insoslayable. El gobierno nacional fue quien impulsó al juez del caso Ariel Lijo a la Corte Suprema. Incluso Milei lo designó “en comisión” como miembro de la Corte. No pudo asumir, porque sus pares votaron que debía renunciar primero a su cargo de juez federal, algo que Lijo resistió. Luego, el Senado le rechazó el pliego. Los vínculos entre el gobierno libertario y parte de la Corte con Lijo son fáciles de deducir. Alguien en el oficialismo debería pedirle al juez que mueva el caso penal que tiene dormido hace años. Los gobernadores están mirando de cerca este circuito.
Otro que habría participado aunque de modo indirecto fue Mauricio Macri. El fiscal de Estado de Chubut Andrés Meizsner se habría nutrido de mucha información sobre la causa radicada en el juzgado de Lijo, a través del círculo más cercano al ex presidente, con conexiones en Comodoro Py. La intervención del abogado auspiciante de la querella, Bernardo Saravia Frías, fue a instancias de Alfredo Cornejo. Saravia Frías es socio de uno de los estudios de abogados más importantes del país. De origen radical, el abogado fue procurador del Tesoro durante la gestión de Macri.
Las principales causas de la querella
Los gobernadores brindaron varios argumentos para sumarse como querellantes penales en el probable fraude contra YPF. Lo que sigue es un resumen de la presentación, procesado por la IA Notebook LM y curado por el autor:
1. Defensa de la Propiedad Accionaria Provincial: las provincias petroleras son accionistas de YPF. En la expropiación del 51% de las acciones de YPF, el 49% de ese paquete expropiado es propiedad de las provincias productoras de petróleo.
2. Repercusión directa en el juicio de Nueva York: la ejecución de la sentencia condenatoria en Nueva York, que incluye la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF, afecta de forma inmediata e irreversible la estructura accionaria y el gobierno corporativo de YPF, lo que implica un daño de magnitud a las provincias que representan.
3. Cuestionamiento a quién tiene la responsabilidad: el fallo de la jueza Loretta Preska “no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF”, lo cual es fundamental, ya que solo se puede embargar lo que le pertenece al demandado (el Estado argentino), no a las provincias.
4. Modificar el litigio internacional: ir contra la operación original del Grupo Eskenazi (Petersen) "podría modificar todo lo que siguió", incluyendo el fallo que condena a Argentina al pago de U$S16.100 millones.
5. Investigar el origen del fraude: la causa busca investigar las supuestas irregularidades vinculadas al ingreso de Eskenazi a YPF, donde el grupo se hizo del 25% de las acciones "apalancándose financieramente en dividendos futuros y devengados".
6. Denuncia de malas gestiones y falta de control estatal: se busca investigar la actuación irregular de funcionarios que habrían omitido fiscalizar o facilitaron maniobras que perjudicaron el patrimonio público y facilitaron la posterior expropiación en condiciones desventajosas.
Las zonas oscuras
La querella de las provincias puede salir bien o mal. Pero es mejor que cruzarse de brazos. Ahora, lo que nadie ha podido probar hasta ahora es si hubo una relación comercial entre la familia Kirchner y el holding conducido por Enrique Eskenazi -fallecido en enero de este año- más allá de haber comprado el Banco de Santa Cruz en los noventa, o convertirse en los principales contratistas de la obra pública de Santa Cruz hasta la aparición de Lázaro Báez.
Cuando llegaron a YPF, los Eskenazi no tenían ninguna experiencia en petróleo o energía. Pero a instancias de Kirchner, se transformaron en el principal socio de la que por entonces era la empresa más grande del país. Hoy, le gana Mercado Libre.
Sólo un eventual juicio político al juez Ariel Lijo, denunciado en la Magistratura, podría indagar en los intrincados caminos de mora judicial de la causa a la que ahora se sumaron Cornejo, Torres y Claudio Vidal. Tampoco es posible saber si esas demoras tienen que ver con los poderes y lealtades políticas de antes, o incluso de ahora; intriga ésta que circula entre las provincias petroleras. También se especula con la duda ¿Queda entre los fondos Burford Capital y los Eskenazi algún “enchufe” de doble vía aún conectado? Una especie que no figura en ninguna parte de los expedientes, pero que corretea en boca de los funcionarios que conocen la trama.
De momento, las provincias se metieron de cabeza a defender YPF y sus propias acciones. Un eventual curso favorable a su reclamo podría frenar el mayor juicio contra un estado soberano que existe hoy en el mundo, la sentencia de Loretta Preska contra la Argentina a pagarles a unos fondos la friolera de U$S16.100 millones, casi el doble de lo que vale toda la empresa, por el 25 % de las acciones que tenían los Eskenazi. O entregar el 51 % de las acciones de la petrolera.
La corrupción destruye. Si alguien hubiese investigado todo esto hace casi 20 años, cuando se denunció por primera vez, tal vez no pesaría hoy esta sentencia ridículamente cara sobre el patrimonio de todos los argentinos, y en especial, de aquellos que vivimos en provincias productoras de petróleo.