Certificados truchos de la Liga Mendocina: la empresa que hacía los aptos físicos no estaba habilitada
El Ministerio de Salud provincial confirmó a la Justicia que la empresa STMM, que hizo los aptos físicos para la entidad que conduce Omar Sperdutti, no estaba autorizada
La empresa de salud que hacía los aptos físicos de la Liga Mendocina de Fútbol, que conduce Omar Sperdutti, no está habilitada por el Ministerio de Salud.
Foto: Martín Pravata/Diario UNO
El manejo y la administración de la Liga Mendocina de Fútbol no dejan de generar titulares. El pasado viernes, la Justicia allanó la sede de la entidad que preside Omar Sperdutti por las transferencias de $130 millones a cuentas de su esposa e hijos; y ahora se conoció que la empresa que hacía los controles de aptos médicos de los jugadores menores de edad no estaba habilitada por el Ministerio de Salud.
Es que la comisión directiva que encabeza Sperdutti enfrenta dos causas en paralelo: una por las irregularidades de esas millonarias transferencias que sigue la fiscalía de Delitos Económicos, con Susana Muscianisi a la cabeza, y otra, que se tramita en la fiscalía de Delitos no Especialziados por falsificación de documento y ejercicio ilegal de la medicina. Acá el foco está puesto en la empresa STMM + Salud, que fue contratada por la Liga para hacer los aptos físicos de los jugadores federados.
En esta última causa que tramita el fiscal Juan Manuel Sánchez surgió que dos médicas que aparecen firmando los aptos físicos de más de 9.000 deportistas denunciaron que les falsificaron las firmas y los sellos profesionales. Se trata de las médicas Marisa Josefina Torre (denunciante original) y Yolanda Elvira Principi.
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La Liga Mendocina de Fútbol que preside Omar Sperdutti enfrenta dos causas: una por millonarias transferencias a cuentas de la esposa y los hijos de Sperdutti que sigue Delitos Económicos, y otra por falsificación de documento y ejercicio ilegal de la medicina por los certificados truchos de los aptos físicos.
En la documentación a la que tuvo acceso Diario UNO queda más que comprobado que la empresa STMM + Salud, de la que es titular el Sindicato de Trabajadores Municipales de Maipú, no tiene la habilitación del Ministerio de Salud.
Según consta en el expediente el consultorio que funciona en calle Ángel Godoy 104, de Maipú "se encuentra registrado como establecimiento prestador de servicios de salud y ha solicitado habilitación ministerial ante esta Subdirección constando fecha de pago de arancel y presentación de solicitud 10/2/2025 como centro médico; al día de la fecha el trámite no se encuentra terminado, motivo por el cual no cuenta con habilitación vigente", confirmaron desde el Ministerio de Salud ante la consulta de la Justicia.
El agravante es que esa supuesta empresa de Salud le prestó servicios a la Liga Mendocina de Fútbol desde el año 2022 y hasta que la médica Torre los denunció, a mitad del 2025.
"Tampoco tienen anotados en el Registro Provincial de Salud los equipos electrocardiógrafos que supuestamente usaron para hacer aquellos aptos físicos", aportaron los abogados de la querella.
Una empresa de salud fantasma
Una vez que se conoció la montaña de irregularidades en torno a a los aptos físicos, la Liga intentó controlar el daño denunciando a la supuesta empresa prestadora del servicio, "STMM Salud".
La defensa de Sperdutti fue presentarse como víctima de "buena fe" de esta firma tercerizada, que los habría engañado con las revisaciones.
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El presidente de la Liga Mendocina de Fútbol quiso evitar el escándalo denunciando a la empresa STMM + Salud, indicando que los había estafado en su buena fe, pero más tarde la Justicia corroboró irregularidades en cómo la liga le pagaba al titular de esa empresa suculentas sumas en negro y en efectivo.
Foto: Martín Pravata/ Diario UNO
Estos aptos físicos se les piden a 8.000 jugadores, 2 veces por año, lo que completa un total de 16.000 revisaciones médicas cada 12 meses.
Durante la investigación que lleva adelante el fiscal Sánchez se descubrió que el eslabón clave en esa sociedad era Fabio Alenda.
Alenda era secretario general del Sindicato de Municipales de Maipú, tenía un pasado como dirigente de la propia Liga (expresidente de Futsal), y funcionaba como "puente" operativo entre los hombres de Sperdutti y STMM Salud.
Según consta en el expediente, la versión de la "empresa tercerizada" va camino a convertirse en una ficción administrativa. La Liga no le pagaba a una empresa constituida mediante facturas; le pagaba personalmente a Fabio Alenda y a otra médica Natalia Busceme, mayoritariamente en efectivo y fabricando sus propios recibos para cubrir los huecos legales.
Ambos se encuentra hoy imputados, junto a dos mujeres que también participaban de la fábula de la empresa de salud.
La maniobra de los "Recibos X": facturar al revés
Al tratar de descifrar cómo operaba esa sociedad entre la Liga Mendocina de Fútbol y la empresa STMM +Salud, los pesquisas se concentraron en la figura de Fabián Alenda.
Su situación fiscal es insostenible: está inscripto como monotributista en la Categoría F (locación de servicios), cuyo tope de facturación es ínfimo comparado con los $33.135.000 que la Liga le pagó en apenas 2 meses. No tiene empresa habilitada ni es Responsable Inscripto.
Ante la imposibilidad de que Alenda entregara una factura legal por esos montos, la Liga recurrió a la maniobra de los "Recibos X". En lugar de recibir una factura, la propia Liga imprimía un papel con la leyenda "Documento no válido como factura" y hacía que Alenda lo firmara.
"La facturación se hacía al revés. Lo correcto es que el proveedor facture; aquí la Liga fabricaba el comprobante para dibujar la salida de dinero negro", explicaron fuentes de la querella.
El cerco judicial: 4 imputados y un presidente en la mira
Este flujo de dinero conecta directamente a la tesorería de la Liga con la causa penal.
El fiscal Sánchez ya imputó a 4 personas:
• Fabio Alenda: señalado como organizador (para no ir preso debió pagar una caución de $50 millones).
• Natalia Busceme: la médica que también cobró más de $22 millones "en negro" de la Liga (caución de $20 millones).
• Patricia Godoy y Rocío Reyes, cómplices en la logística y quienes habrían estado a cargo de realizar los electrocardiogramas, aunque no tenían formación técnica ni autorización profesional.
Mientras la Justicia avanza, la situación de Omar Sperdutti se complica. El estatuto de la Liga (art. 327) establece que todos los pagos deben ser "previamente autorizados por el presidente y el tesorero", cosa que tampoco ocurrió.
