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Relección de los intendentes

Adaro y Palermo: "La cautelar resguarda derechos políticos y ciudadanos"

Editado por José Luis Verderico
verderico.joseluis@diariouno.com.ar

Mario Adaro y Omar Palermo, jueces de la Sala 2 de la Suprema Corte, coincidieron en que aceptar la cautelar en favor de cuatro intendentes del PJ que van por la reelección es "la solución que mejor pone a resguardo los derechos políticos de los actores y de la ciudadanía de los municipios que representan", y también el desarrollo de los comicios.

Designados a propuesta de los gobernadores peronistas Celso Jaque y Paco Pérez, ambos supremos conformaron la mayoría que respaldó en fallo dividido la presentación contra la enmienda constitucional que pone límites a las reelecciones municipales.

"Razones de prudencia llevan a concluir que, ante la verosimilitud de los derechos en juego y el peligro que la demora en resolver podría generar, la cautelar solicitada debe prosperar" "Razones de prudencia llevan a concluir que, ante la verosimilitud de los derechos en juego y el peligro que la demora en resolver podría generar, la cautelar solicitada debe prosperar"

Del fallo de Adaro y Palermo

Ambos usías enfatizaron el valor de arribar a una decisión judicial a tiempo, ya sea para la cautelar que estaban resolviendo como para la cuestión de fondo que ya comenzó a tratarse en el pleno de la Corte.

Por ello hablan del "regular" desarrollo de los comicios municipales y de un ejercicio del sufragio "más plausible". Consideran que "una dilación afectaría no sólo el derecho político a participar en las elecciones –ser precandidato y, eventualmente, candidato– sino también el derecho del electorado a ejercer el sufragio".

A salvo dejaron la chance de que otras personas puedan postularse para los cargos en disputa, ya que la cautelar "no limitaría en modo alguno a la ciudadanía a votar por cualquier otro postulante" en los departamentos de Lavalle, San Rafael, Tunuyán y San Martín.

José Valerio votó en disidencia y en sus consideraciones advirtió de que la presentación judicial está basada en "conjeturas" y su aprobación podría  desencadenar "graves consecuencias". 



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