La Cámara de Inmobiliarias de Mendoza planea ir a la Justicia si avanza la desregulación del sector
Su presidente aseguró que en los últimos 15 días detectaron tres intentos de estafa y advirtió que eliminar la matrícula pone en riesgo a los consumidores
El gobierno nacional impulsa una ley para desregular la actividad inmobiliaria, eliminando la matrícula obligatoria. Los corredores evalúan presentarse en la Justicia.
La Cámara Inmobiliaria de Mendoza anticipó que analiza recurrir a la Justicia si prospera el proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional para desregular la actividad de los corredores inmobiliarios. La iniciativa, incluida en el paquete de reformas que promueve el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, busca eliminar la matrícula y la colegiación obligatoria para ejercer como intermediario.
El presidente de la entidad, Roberto Irrera, cuestionó en Radio Nihuil la propuesta al considerar que desprotege a quienes compran, venden o alquilan inmuebles. Durante una entrevista radial sostuvo que la matrícula profesional no representa un privilegio para los corredores, sino una garantía para los consumidores, ya que permite controlar el ejercicio de la actividad y denunciar irregularidades. Además, confirmó que el sector analiza acudir a la Justicia si la reforma avanza.
El ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, impulsa una ley para que no sea necesaria la actuación de un corredor en las transacciones inmobiliarias, mientras Roberto Irrera, presidente de la Cámara de Inmobiliarias de Mendoza, analiza presentarse en la Justicia por esto.
"No defendemos la matrícula, sino al consumidor"
El proyecto elaborado por el gobierno nacional plantea modificar la Ley 20.266, que regula la actividad de martilleros y corredores, y eliminar la obligación de contar con matrícula profesional para ejercer.
De aprobarse, bastará con ser mayor de edad y tener el secundario completo para realizar tareas de intermediación inmobiliaria. Además, habilita la participación de empresas, sociedades y plataformas digitales y establece que las comisiones podrán fijarse libremente entre las partes, sin aranceles mínimos ni de referencia.
Para Irrera, esos cambios representan un riesgo para la seguridad jurídica de las operaciones. "No estamos en defensa de una matrícula, sino del consumidor inmobiliario", afirmó al explicar que la función del corredor no se limita a acercar a comprador y vendedor, sino que también implica verificar la situación legal de los inmuebles antes de concretar una operación.
En ese sentido, sostuvo que los profesionales deben revisar si una propiedad tiene embargos, hipotecas, inhibiciones, sucesiones pendientes u otras restricciones que puedan afectar la compraventa. "El que no está preparado puede terminar vendiendo algo con problemas que el comprador desconoce", advirtió.
Desde el gobierno nacional argumentan que la colegiación obligatoria constituye una barrera de acceso a la actividad.
Tres intentos de estafa en menos de 15 días
Como argumento para sostener la necesidad de mantener la colegiación, Irrera reveló que en su inmobiliaria detectaron tres intentos de estafa en menos de dos semanas.
El dirigente explicó que una potencial compradora decidió consultar antes de concretar la operación y eso permitió advertir la maniobra. A partir de allí recomendaron presentar la denuncia en la fiscalía y dieron aviso al Colegio de Escribanos para evitar que la documentación volviera a utilizarse.
De qué se trata la ley que presentó el gobierno nacional
Desde el gobierno nacional argumentan que la colegiación obligatoria constituye una barrera de acceso a la actividad y que su eliminación favorecerá la competencia, permitirá el ingreso de nuevos actores y reducirá los costos de las operaciones para los consumidores.
El proyecto también propone modificar el Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libre competencia en el corretaje y dejar establecido que los honorarios deberán surgir exclusivamente del acuerdo entre las partes.
Irrera, sin embargo, rechazó esos fundamentos y consideró que la desregulación debilita los controles sobre la actividad. También recordó que, al tratarse de leyes de colegiación provinciales, Mendoza debería adherir a la reforma para que tenga aplicación en la provincia.
Mientras el proyecto encamina su discusión en el Congreso, la Cámara Inmobiliaria de Mendoza ya adelantó que, si la iniciativa se convierte en ley y afecta el esquema actual de regulación profesional, evaluará iniciar acciones judiciales.
En pocas palabras
Cámara Inmobiliaria Mendoza: Advierte que analizará acciones judiciales si prospera el proyecto de ley para desregular el sector.
Riesgos para el consumidor: La entidad cuestiona la eliminación de la matrícula, argumentando que pone en riesgo la seguridad jurídica de las operaciones.
Denuncias de estafa: Se registraron tres intentos de fraude en menos de 15 días, evidenciando la necesidad de controles profesionales.
