Se veía venir. El Gobierno recusó al supremo Mario Adaro por su pasado de funcionario peronista para sacarlo de la mesa chica donde la Corte deberá resolver si el freno a las reelecciones indefinidas de los intendentes es constitucional como asegura Alfredo Cornejo o no, como sostienen cuatro intendentes del PJ que buscan seguir en el poder.
Adaro, quien llegó al máximo tribunal de la mano de Celso Jaque, preside la Sala 2 donde se tramita la acción de inconstitucionalidad. Por estas horas está dedicado a estudiar los argumentos expuestos a través de la Asesoría de Gobierno para dejarlo afuera y en base a estos deberá contestar si se aparta o no. Si rechaza la recusación la última palabra sobre su continuidad o no en el proceso la tendrán sus compañeros de tribunal, José Valerio y Omar Palermo. A ellos debería sumarse alguno de los miembros de la Sala 1, convocado especialmente para completar el trío.
Estaba cantado que el Gobierno iría por Adaro no sólo porque es peronista sino porque cuando los intendentes de San Martín, San Rafael, Lavalle y Tunuyán presentaron la acción de inconstitucionalidad y la medida cautelar recusaron al supremo Dalmiro Garay por su triple condición de radical, de ex funcionario de Cornejo y de motor jurídico de la mayoría de las reformas al Estado encaradas por el Gobierno hasta que en agosto último fue promovido a la Corte.
El expediente pasará a la Fiscalía de Estado, que tendrá plazos para dar su punto de vista. Más tarde será la decisión de la Corte en Sala 2 o en plenario.
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