La Suprema Corte de Justicia anuló un decreto firmado por Alfredo Cornejo en 2018 y concedió una pensión vitalicia a un ex detenido durante la dictadura militar cuando tenía 10 años.
A los 10 años lo detuvo la dictadura y la Suprema Corte le reconoció el derecho a una pensión
La sentencia de la Sala Segunda lleva la firma de Omar Palermo y Mario Adaro y establece, además, que el Gobierno de Mendoza pague al demandante retroactivos desde 2013 y $250.000 de indemnización por daño moral.
Para cumplir esta decisión judicial, el gobernador Rodolfo Suarez firmó el decreto 1.745 que dejó sin efecto la negativa de Cornejo de abonar esa pensión de por vida y estableció que debe pagarse cada mes un sueldo clase 10.
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El caso que resolvió la Suprema Corte de Justicia
El beneficiario de la pensión vitalicia es José Martín Orozco, que en abril de 1976 -con apenas 10 años- fue detenido por militares cuando llegaba a su casa de Ciudad. Volvía de la escuela Edmundo D`Amicis, donde cursaba la primaria.
El Ejército buscaba a su madre, pero se lo llevaron a él y lo alojaron en tres dependencias de esa fuerza de seguridad en calles 9 de Julio, Boulogne Sur Mer y Emilio Civit.
En 2012 Mendoza sancionó la ley provincial 8395 que establece el pago de una pensión mensual de por vida a los ex detenidos durante la dictadura y Orozco reclamó el derecho otorgado por la Legislatura. Sin embargo, en 2018, el Gobierno rechazó su pretensión alegando que no había pruebas suficientes que demostraran la detención.
Incluso la Fiscalía de Estado opinó de ese modo, al igual que el Ministerio Público Fiscal.
Orozco acudió a los tribunales y presentó una Acción Procesal Administrativa que fue resuelta por los magistrados Palermo y Adaro.
Qué consideró la Suprema Corte de Justicia
De acuerdo a pruebas analizadas en el expediente, la Corte mendocina llegó a las siguientes conclusiones:
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