Un concejal de la localidad bonaerense de San Isidro deberá abonarle $12 millones a una ex compañera de trabajo que lo denunció por abuso sexual en un hecho que quedó registrado por una cámara de seguridad cuando ambos trabajaban en el área de Tránsito municipal y también enfrenta una causa penal.
El episodio ocurrió en noviembre de 2023 cuando el sujeto, Alberto Montes, trabajaba como inspector de tránsito y acababa de ser electo concejal por La Libertad Avanza, quien quedó en el medio de la polémica luego de que se difundieran imágenes de la cámara de seguridad.
Según se puede ver en el video, el hombre le da una palmada en los glúteos a una trabajadora de la Dirección de Tránsito de San Isidro.
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El concejal -entonces electo- Alberto Montes entra en una oficina de la dirección de Tránsito de San Isidro y le toca la cola a una compañera. Ahora, acordó en la Justicia un pago de $12 millones y buscó mininizar la situación: “Fue un chiste”.https://t.co/RoJ7P3e2tNpic.twitter.com/CJHjaDO3kd
La mujer, quien se encontraba de espaldas a Alberto Montes y realizando sus tareas, de inmediato reaccionó alejándose y le dio un golpe en el rostro del acusado en un hecho que derivó en una denuncia judicial que se tramitó tanto en el fuero civil como en el penal.
En tanto, el concejal formuló declaraciones que generaron nuevas críticas debido a que señaló que “lo que intentó ser un chiste derivó en una denuncia”, frase que fue cuestionada por distintos sectores políticos y sociales.
Por otro lado, se indicó que las partes alcanzaron un acuerdo mediante el cual el concejal se comprometió a abonarle una compensación de $12 millones a la denunciante en un esquema de pago que contempla cuotas escalonadas: una de $3 millones, dos de $2 millones y varias restantes de un millón cada una.
Además, trascendió que, pese al acuerdo económico, la investigación penal continúa en trámite con un expediente caratulado como "abuso sexual" y que tramita en el Juzgado Correccional 5. La defensa del concejal solicitó el sobreseimiento, pero el planteo fue rechazado por la Justicia, mientras que la resolución fue apelada, por lo que el expediente pasó a una instancia superior para su revisión.
