Dos médicos fueron acusados de manera formal en la causa donde se investiga el robo de equipamiento neonatal del Hospital Público Materno Infantil de Salta. Se pudo establecer que dicha aparatología fue encontrada en una empresa privada de neonatología de la que ambos eran socios.
Sin corazón: dos médicos fueron acusados de robarse material de la neonatología de un hospital
Los equipamientos robados fueron encontrados en una clínica privada ubicada también en Salta

El hospital donde se robaron los equipos médicos.
La Fiscalía de Salta realizó la acusación formal contra Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa por el delito de peculado, mientras que solicitó el sobreseimiento de otros dos imputados.
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Según la hipótesis fiscal, los acusados, aprovechando su condición de médicos del servicio de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil y el acceso que tenían al equipamiento médico estatal, “habrían sustraído bienes públicos que se encontraban bajo custodia del hospital para incorporarlos al circuito operativo de una empresa privada de neonatología de la que ambos eran socios y obtenían un beneficio económico”.
La investigación por el robo al hospital
La causa inició a partir de la denuncia presentada por el director general del hospital público de Salta luego de que una inspección del Ministerio de Salud provincial en la que se advirtió la posible “presencia de equipamiento perteneciente al nosocomio en el servicio de Neonatología de una clínica privada”.
A partir de ello, conforme a la información aportada por el Ministerio Público Fiscal, se dispusieron numerosas medidas investigativas, entre ellas el relevamiento de documentación patrimonial y administrativa, la recepción de declaraciones testimoniales, inspecciones y registros, el secuestro y restitución judicial de los equipos al hospital, además de diversos informes técnicos y periciales.
En ese marco, constató la presencia de 6 equipos médicos, cuyos números de serie coincidían con los informados por el hospital denunciante, en la terapia neonatal Neofénix, que funciona en el segundo piso de una clínica privada.
Entre los fundamentos de la acusación por el presunto robo, la fiscal sostuvo que la conducta investigada “habría afectado no sólo el patrimonio de la administración pública, sino también su correcto funcionamiento”, además de vulnerar los deberes de fidelidad, probidad y transparencia que deben observar los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.