Más de un centenar de denuncias y prisión preventiva. Con el avance de la investigación se complicó la situación de Elizabeth Pastor, la dueña de un Rapipago en la Cuarta Sección que está señalada por estafar a sus clientes.
Este miércoles se cumplirán dos meses desde que la mujer se encuentra privada de su libertad y, un día antes, recibió un revés judicial. En una audiencia que presidió la juez Nancy Lecek se tramitaron dos solicitudes: por el lado la Fiscalía de Delitos Económicos pidió la prisión preventiva, mientras que la defensa intentó que la mujer quedé alojada con domiciliaria.
La magistrada le bajó el pulgar en los dos términos a la sospechosa, quien ahora deberá seguir encarcelada mientras avanza la pesquisa y podría ser así hasta la llegada de un juicio oral y público, a menos que apele la medida en una instancia superior.
Fuentes judiciales detallaron que Pastor se encuentra imputada en 20 causas de estafa y aún restan cien denuncias que están siendo analizadas por los investigadores judiciales para determinar si también corresponde formalizarla.
Trascendió que los abogados defensores no han presentado ningún pedido de extinción del delito mediante arreglo con la víctima, es decir, cuando el sospechoso arregla económicamente con la parte perjudicada y la causa penal se extingue, como suele ocurrir en casos similares.
Estafados
Los hechos ocurrieron en un local de Rapipago ubicado en el supermercado Vea de Santiago del Estero y San Martín, en Mendoza capital. Llevaba varios años funcionando bajo la gestión de Pastor, quien tenía una relación de confianza con sus clientes usuales, vecinos de la zona.
Muchas veces les entregaban el dinero para el pago de los servicios o impuestos, el cual se realizaba después. Esto es porque, según decían las personas que atendían, el sistema fallaba o la factura no estaba actualizada. A cambio, la propietaria les entregaba un papel con marca de agua de Rapipago y que, a puño y letra, decía el monto que habían recibido y el motivo del pago.
Todo cambió el 28 de agosto cuando el local cerró y varios usuarios se dieron cuenta que los servicios para los cuales habían entregado el dinero no se encontraban abonados. La situación se destapó e incluso se realizó una reunión en el lugar que terminó en las denuncias judiciales. Días después, Pastor se entregó ante la Justicia.
