Policiales Viernes, 31 de agosto de 2018

Estafas en un Rapipago: la acusada no declaró y pasó al penal

Elizabeth Pastor se entregó este viernes a la Justicia. Pese a que ayer quiso negociar un mantenimiento de libertad, el fiscal lo rechazó y la imputó por estafas reiteradas.

Ya se encuentra en la penitenciaría Elizabeth Pastor, la dueña de un Rapipago de la Cuarta Sección que está acusada por estafar a decenas de sus clientes dejándose el dinero y no pagando las facturas correspondientes.

Desde el martes pasado, las autoridades judiciales tenían a la principal y única sospechosa totalmente identificada. No fue difícil, las más de 40 denuncias que se recibieron esa jornada apuntaban contra Pastor como la titular del local de pago.

El jueves, un abogado particular se presentó ante el fiscal de la causa, Santiago Garay, y le dijo que la acusada se quería entregar con la condición de mantener su libertad. El magistrado se lo negó, pero de todas formas Pastor se presentó en sede judicial este viernes.

El investigador de Delitos Complejos la imputó por estafas reiteradas. La mujer optó por no declarar y fue trasladada a la Unidad Penal de Mujeres ubicada en El Borbollón, Las Heras.

Por el momento, desde la defensa no realizaron ningún pedido al fiscal Garay. Vale aclarar que por este tipo de delitos puede acordar una reparación con las víctimas -es decir, devolver el dinero- y así se extingue la acción penal.

La investigación continuará en los próximos días con la toma de más denuncias que los investigadores esperan.

El Rapipago se ubicaba dentro del supermercado
El Rapipago se ubicaba dentro del supermercado

Estafados

El Rapipago estaba ubicado en el supermercado Vea de Santiago del Estero y San Martín, en Ciudad. El lugar llevaba varios años funcionando bajo la gestión de Pastor, quien tenía una relación de confianza con sus clientes usuales.

Muchas veces los clientes le entregaban el dinero para el pago de los servicios o impuestos el cual se realizaba después. Esto es porque, según decían las personas que atendían, el sistema fallaba o la factura no estaba actualizada. A cambio, la propietaria les entregaba un papel con marca de agua de Rapipago y que, a puño y letra, decía el monto que habían recibido y el motivo del pago.

Todo cambió el viernes pasado, cuando el local cerró y varios usuarios se dieron cuenta que los servicios para los cuales habían entregado el dinero no se encontraban abonados. La situación se destapó e incluso el lunes se realizó una reunión en el lugar que terminó en las denuncias judiciales.

Si bien todavía restan denuncias de víctimas, los pesquisas indicaron que la cifra en total rondaría el millón de pesos.