Un empresario de 44 años que está detenido desde abril pasado podría continuar en prisión domiciliaria o recuperar al libertad mientras avanza una investigación por el abuso sexual de su sobrina.

En las primeras horas de la mañana de este martes se realizó una audiencia donde la fiscal de Delitos Sexuales, Virginia Rumbo, solicitó la prisión preventiva para el hombre -se reserva su identidad para resguardar la de la víctima-. El sujeto había sido detenidos a mediados de abril pasado y días después obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria -al menos mientras se esperan informes médicos para clarificar un problema de salud que se constató en el Hospital Central-.

En la jornada de hoy, la defensa del imputado por abuso sexual solicitó el recupero de libertad entendiendo que no hay pruebas suficientes para sostener la acusación. La jueza Patricia Alonso estableció un cuarto intermedio para resolver en los próximos días si excarcela al empresario o coincide con la teoría de la fiscal y le dicta la prisión domiciliaria.

Abuso sexual

El expediente tuvo su origen en agosto de 2019 a través de una denuncia que se presentó por escrito. Una joven de 23 años aseguró que fue vejada por su tío hace 12 años aproximadamente. La chica relató que cuando era menor de edad se quedaba a dormir frecuentemente en la casa de su tía ya que su madre debía trabajar y no podía cuidarla. En esa instancia, el esposo de su tía aprovechaba para tocarla en sus partes íntimas y mostrarle videos pornográficos.

Se realizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso –donde se incautó un el teléfono celular y otros artefactos informáticos.

Al empresario –que tiene un local en el centro comercial Palmares, negocios del rubro gastronómico y es conocido en el ambiente del golf- se le tomó una declaración informativa. Es decir, los investigadores creían que no había pruebas suficientes para imputarlo pero lo tenían en la mira.

La fiscal Rumbo –con el aval de su jefe Alejandro Iturbide- imputó al empresario por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores, todo agravado por ser encargado de la guarda de la víctima. En el expediente son claves los informes psicológicos que determinaron que el relato de la víctima es coherente y no tiene indicios de fabulación.

Seguir leyendo