Días claves fueron los últimos para la causa que investiga a un empresario acusado de abuso sexual contra su sobrina hace varios años. Con varias pruebas en su contra, el sospechoso de 44 años fue imputado y enviado al penal en las últimas horas.

El expediente tuvo su origen en agosto de 2019 a través de una denuncia que se presentó por escrito. Una joven de 23 años aseguró que fue vejada por su tío hace 12 años aproximadamente.

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La chica relató que cuando era menor de edad se quedaba a dormir frecuentemente en la casa de su tía ya que su madre debía trabajar y no podía cuidarla. En esa instancia, el esposo de su tía aprovechaba para tocarla en sus partes íntimas y mostrarle videos pornográficos.

Tal como suele ocurrir en los casos de abuso sexual contra menores, la pequeña que tenía 11 años mantuvo el silencio durante varios años hasta que poco a poco fue comentando la situación a su entorno y se animó a denunciar en agosto de 2019.

Tras la acusación judicial, la primera medida adoptada por la fiscal del caso –Virginia Rumbo- fue realizar un allanamiento en el domicilio del sospechoso –se reserva su identidad para resguardar la de la víctima-. En el operativo se secuestró el teléfono celular y otros artefactos informáticos.

Al empresario –que tiene un local en el centro comercial Palmares, negocios del rubro gastronómico y es conocido en el ambiente del golf- se le tomó una declaración informativa. Es decir, los investigadores creían que no había pruebas suficientes para imputarlo pero lo tenían en la mira.

Como los abusos sexuales de larga data son casi imposibles de probar con peritajes médicos, los informes psicológicos iban a ser claves. Fuentes judiciales detallaron que esta evidencia se demoró por la pandemia pero hace algunas semanas llegaron a manos de la fiscal. Los profesionales concluyeron que el relato de la víctima es coherente y no tiene indicios de mentiras.

Con esta prueba, más otro informe de la Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal (UDAPIF) que hablaba del riesgo de fuga si el hombre estaba libre, se ordenó su detención. La captura se concretó el jueves.

La fiscal Rumbo –con el aval de su jefe Alejandro Iturbide- imputó al empresario por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores, todo agravado por ser encargado de la guarda de la víctima.

Trascendió que la defensa de sospechosos solicitó la prisión domiciliaria o un recupero de libertad, pero será un juez quien defina al respecto.