No hablaremos aquí del modo en que murió ese niño, esa mamá. Evitaremos esos golpes, aunque en verdad ayudan a cobrar conciencia de la magnitud de este flagelo provocado y sostenido por el sistema.
En la Argentina se reforzaron hace pocos meses las penas para los asesinos al volante, con prisión efectiva incluso, pero no hay suficiente prevención, ni se revisan las reglas del tránsito para hacerlas mejores, ni se realizan controles para cumplir las existentes.
La ausencia del Estado es ya irritante.
Los criminales al volante pueden marchar tranquilos hasta el día que matan. ¿De qué sirve tenerlos presos después?
En las cercanías de Paraná, por caso, uno puede constatar infracciones cometidas durante años todos los días sin que nadie, pero nadie, tome intervención.
El presidente, cada gobernador, cada intendente, además de los jefes policiales, los directivos de vialidad, transporte y salud, los legisladores y los jueces, son principales responsables de la muerte de unas 22 personas, mayoría jóvenes, cada día en las rutas. Ocho mil por año.
Los argentinos no salimos del estado de asombro y dolor. Es un grave problema social. Y son muertes evitables.
Como no funciona la república, entonces allá arriba unos se cuidan a otros. Si los argentinos nos trituramos en las rutas es responsabilidad de los funcionarios.
No es un problema sólo de educación del pueblo, no es un problema sólo de conciencia ciudadana como dicen ellos, ni hay un ADN en el argentino que nos obligue a la tontería de picar carne humana en las rutas. No. La clave está en la república ausente. Si no existieran los tres poderes, el pueblo encontraría el modo de superar este problema, pero como existen y son placebos, existen pero no funcionan, entonces qué tenemos: muerte y más muerte. Y además muerte cruel. No hay piedad en las rutas. Los argentinos estamos condenados a muerte bajo tortura, así se muere contra el pavimento y cada año sabemos que serán entre 7 y 8 mil personas.
La clase política nos ha clavado una gran mentira para acusar a todos y a nadie por la masacre de unas 8.000 personas cada año, más de diez guerras de Malvinas si medimos en pérdida de vidas humanas.
En los 35 años que pasaron desde la guerra de las Malvinas han muerto en las rutas unas 250.000 personas (unas 400 guerras de Malvinas), y se cuentan por millones los que sufrieron esas pérdidas (madres, padres, hermanos, hijos, novios, amigos, etc), o quedaron con secuelas de las heridas.
Cualquiera puede ver las golondrinas de la Catedral de Paraná, son miles y no se chocan. Los morajú lo mismo. Dicen que las palomas son plagas porque vuelan en bandadas de miles, y no se chocan. Y así los insectos, los murciélagos. ¿Quién muere por chocarse con un semejante? El humano.
¿Entonces el humano es más bruto que todos? No. Su sistema es el que mata. Es el Estado el que prepara ese tremendo circo donde los inocentes no encuentran escapatoria ni tienen siquiera la opción de luchar.
El Estado cuesta mucho y no funciona, no asume sus responsabilidades. Entonces, el pueblo se ve maniatado: no puede actuar porque hay autoridades, y las autoridades defeccionan. Sólo hacen como que.
Después de cada masacre se encaran medidas, proponen leyes, todo para pasar esos diez días que dura la noticia. Y así nos mienten por años.
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Es el Estado, estúpido
Ningún gobierno de estas décadas se salva de la responsabilidad de la masacre. Y es que el Estado no funciona. Caro e inútil. La república no anda, la clase dirigente, esa casta, se enriquece con el poder o a su lado, y ocupa espacios pero no se hace cargo.
¿Para qué está allí el Estado? Para garantizarles los bienes a los grandes capitalistas.
Por meses viajamos tres veces por semana o más de Paraná a Colonia Avellaneda, ida y vuelta, unos pocos kilómetros. Hemos constatado sin duda alguna que en la entrada del Acceso Norte a Avenida Crespo se marcha a 80 km por hora donde dice Máxima 40.
Si alguien cumple con la norma, entonces lo sobrepasarán en la curva y entrará en más riesgo. El Estado es el responsable de que no se pueda cumplir con sus propias normas.
Un ciudadano común, una organización social, tienen vedada la intervención, la ley no se los permite, y los tres poderes tampoco actúan porque su norma es la desidia. ¿Resultado? La muerte.
Por mucho tiempo fue muy común ver a motociclistas a velocidad y sin faro en la noche. Y es muy común también que, mientras cinco paran en el semáforo del ingreso a San Benito, uno pasará en rojo.
Basta que uno pase en rojo, que uno marche a una velocidad imprudente, para que la muerte llame a los de al lado.
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El túnel
Durante años hemos ingresado al túnel subfluvial. Nunca vimos que se sobrepase allí. Tampoco vimos a nadie a más de 60 kilómetros por hora. Pudo haber alguna excepción en décadas, como excepción. ¿Y no somos las mismas personas, con los mismos autos y camiones?
Es fácil demostrar que el argentino puede organizarse y cumplir. El que no cumple es el Estado, sus gobiernos en los tres poderes.
Muy sencillo: las medidas adoptadas en el túnel son eficaces, hay responsables que se desempeñan bien. Y en el resto de las rutas (que son el 99,9 que falta), lo que manda es la indolencia desde arriba.
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Estrago u omisión
Las autoridades de los tres poderes y las de los organismos de seguridad, vialidad, transporte y salud pública son responsables de la masacre cada año. ¿No corresponde un juicio por estrago? ¿No tendrían que ir presos?
Como nosotros no confiamos en eso como una solución para nada, entonces seguro encontraremos otra fórmula para que adviertan su tremenda responsabilidad y reviertan la situación.
Si antes no lo hicimos con los gobernadores, presidentes, legisladores y jueces que cometieron los mismos delitos, eso no obsta que lo hagamos hoy.
Omar Chabán fue condenado por estrago seguido de muerte. Y es el mismo delito que cometen el presidente, el gobernador, los jueces, los legisladores y los funcionarios de las áreas respectivas en las rutas argentinas, al no brindar la seguridad adecuada. Así de sencillo. Así como alguien lanza una bengala prohibida en un boliche, en la ruta alguien marcha a 150 kilómetros por hora pero la condena no será para ese desaprensivo sino para los organizadores, los garantes de la seguridad.
La ruta no permite viajar a 100 sin riesgo, a veces, y el Estado lo autoriza, como autoriza el ingreso de una cantidad de camiones y autos que extreman los peligros, entre otras fallas.
Puede ser estrago culposo, no es que tengan la intención de matar. Pero estrago al fin porque ellos saben que en un año morirán 8.000 personas. Tienen herramientas para actuar a modo de prevención y no las usan.
Podrían rendir cuentas también por el delito de homicidio por omisión, al exponer a personas a un riesgo altísimo en un lugar público, bajo jurisdicción del Estado, y no hacer lo que está a su alcance para evitar el desenlace fatal.
Si el Estado coloca un obstáculo en la ruta es responsable, eso no se discute. Y si el Estado por omisión deja ingresar en la ruta una velocidad excesiva o un vehículo en malas condiciones, entre otras carencias, entonces ¿esa omisión no lo hace responsable de los resultados?
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Delito de peligro
Además el Estado podría ser responsable aún sin resultados, sencillamente por el delito de peligro.
El Fiscal General de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, Antonio Gustavo Gómez, ha avanzado en la valoración de las leyes que prevén el delito de peligro.
Un narcotraficante puede no haber dañado a nadie en especial, pero pone en riesgo la salud de sus potenciales clientes. No debemos esperar un muerto para actuar sobre su conducta. (Ley 23737).
Algo similar se extrae de la ley de residuos peligrosos (24051).
Son delitos pluriofensivos, dice Gómez, cualquiera puede ser víctima allí. Ahora preguntamos: ¿no ocurre eso con nuestras rutas?
Al ser un delito pluriofensivo, cualquiera puede ser querellante.
En las rutas, ¿qué derechos ampara el Estado? ¿El de las automotrices, el de las empresas del peaje, el de los propietarios de las cargas de los camiones? ¿Protege incluso algún derecho que asista al conductor?
¿Y el del resto de la humanidad que transita por allí?
Si de mil autos, mil van a una velocidad mayor que la indicada por un cartel, entonces estamos ante un problema que atañe al Estado que es responsable de ese espacio público. Además, si los accidentes pudieran evitarse a menor velocidad y el Estado no actúa en ese sentido, por la razón que fuere, entonces también es responsable porque es la autoridad allí.
En numerosos casos la responsabilidad está bien demarcada. Una playa para niños no tendrá un sitio donde no puedan hacer pie. En las rutas, en cambio, se encuentran decenas de segmentos peligrosos para los inocentes que se entregan a las manos de un Estado desaprensivo y por eso, responsable de estas masacres. Las hondonadas cargadas de agua en los días de lluvia, sumadas a los automovilistas que exceden la velocidad y la ausencia de control del Estado; esa sinergia provocará un descontrol de los vehículos por aquaplaning y como resultado el vuelco, o el choque probablemente de frente y la muerte de cualquier inocente que viaje con todo en regla. Podríamos enumerar una decena de medidas de prevención que no se toman.
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Sepultar a los hijos
Mientras los papás y las mamás sepultan a sus hijitos, la joda sigue.
Los gobernantes de los tres poderes están obligados a atender temas de seguridad, estado de las rutas y de los vehículos, velocidad, alcohol, prevención de infracciones, control del transporte de pasajeros, restauración del tren para evitar los congestionamientos de camiones y la saturación de las rutas, prevención en días de niebla o lluvia; y obligados a las tareas de concientización y precaución, pero actúan como el perro del hortelano que no come ni deja comer. Ellos no sirven, son meros placebos (aunque cobran como si fueran útiles), pero así impiden que el pueblo tome las riendas del asunto.
Quizá tendrían un atenuante si se declararan impotentes y pidieran la intervención de las organizaciones sociales. Entonces, sí, quizá les pagaríamos para que queden al margen del asunto, porque lo que importa aquí es que las personas no se maten en las rutas.
¿Por qué no hay un fiscal que pida el cierre del paso en una ruta peligrosa? ¿Quién protege a las familias que se meten allí confiadas en los responsables de esa ruta?
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En emergencia
Otra mentira instalada por los responsables de estos estragos radica en esperar una solución "a largo plazo".
Lo hacen los victimarios como coartada frente a los delitos que cometen, para pasar por inocentes.
Si para salvar a nuestros hijos debemos bajar la velocidad a 70 kilómetros por hora, ¿no lo haremos? Si hay que distanciar más a los vehículos ¿no lo haremos? Si hay que evitar las aglomeraciones, quitar el carné a los alcoholizados, e incluso privar de libertad a los loquitos del volante ¿por qué no hacerlo, si de ese modo salvaremos a miles de inocentes y ayudaremos a generar conciencia?
No sabemos si esas son las soluciones, pero sí sabemos que deben reunirse los que más conocen el problema para darnos un listado de medidas de urgencia, mientras declaramos el tránsito en emergencia. ¿Lo haremos por nuestros hijos o no? ¿Y entonces? ¿No son nuestros hijos los que estamos masacrando, con un vidrio en el ojo, un fierro en el abdomen, o con sus cabecitas explotadas contra el cemento?
Días atrás nos llegó una multa por un vehículo de nuestra propiedad excedido de velocidad. (Nosotros no conducíamos en ese momento pero bien pudimos ser nosotros, no estamos al margen, todos estamos metidos en este barullo). La sanción es muy correcta, pero eso no da resultado, ya está demostrado. Quieren curar un cáncer con una aspirina.
Además, en muchas circunstancias conviene marchar a la velocidad corriente antes que respetar los carteles (frente a la ausencia de autoridad en el lugar público), porque de lo contrario se presentarán diez veces más sobrepasos, es decir, el que cumple correrá con mayores peligros.
Ahora: los apurados no tienen que morir por una infracción, ¿no? Y tampoco tienen que morir aquellos que conducen correctamente y son víctimas de otros imprudentes.
Entonces, las medidas deben adoptarse según el problema, y la muerte en ruta es un problema de gravedad extrema aquí. ¿Nos queda alguna duda?
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Ruta como cancha
Supongamos una revisión de las velocidades permitidas y una gran campaña de concientización. Una campaña eficaz que llegue a todos los hogares sin excepción, a todos los conductores. Con una tolerancia de 15 días, para explicar, informar, corregir.
Después de los quince días, el que pase un semáforo en rojo pierde su auto. El que se exceda en velocidad pierde su auto. ¿Lo que decíamos del largo plazo no se resolverá en un mes?
No estamos hablando de un shock para cobrar impuestos, estamos hablando de una toma de conciencia rápida para salvar la vida de nuestros hijos hoy. La cosa no da para más. Es hoy.
La propaganda de las Madres del Dolor es entradora, pero desde que aparecen no hemos visto disminuir la velocidad, y tampoco que se respete el semáforo en rojo.
Somos testigos a diario de personas con autos que valen un millón de pesos y pasan en rojo. Ricos, soberbios, sinvergüenzas. Pues bien: con tres de esos estúpidos que pierdan su vehículo y la difusión correspondiente se acabará esa infracción tan peligrosa. ¿No prefieren ellos mismos perder el auto que sepultar a su hijo?
Unos pocos ponen en riesgo la vida del resto, a esos pocos no hay que llevarlos a la silla eléctrica, ni siquiera a la cárcel: hay que pedirles que entreguen el arma, como se hace con un policía de gatillo fácil.
La ruta es un lugar, es como un edificio de departamentos, un local bailable o un espacio para el deporte. Un juez dijo una vez: tomemos a la ruta como una cancha de fútbol. Así es, claro.
Si queremos evitar las muertes debemos saber cómo entran las personas, cuántas, en qué estado, y qué hacer en casos de emergencia.
¿No le ha ocurrido a usted marchar por una ruta de Entre Ríos ante un temporal de lluvia y no hallar una banquina confiable donde parar?
Otra pregunta, si al colectivo que chocó esta semana en Santa Fe se le reventó un neumático, ¿debemos esperar que por un reventón mueran todas esas personas? ¿Qué estupidez es esa?
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La velocidad
Se dirá que las rutas son angostas, que algunas están rotas. Es cierto. Ahora, ¿eso puede resolverse en un mes? No. Entonces, en el mientras tanto, deberemos marchar según el estado de las cosas.
Lo que importa es el peligro. Si en esa ruta se puede viajar a 80, se viajará a 80. Si sólo se puede viajar a 60 se viajará a 60... La vida está primero.
Un día de neblina densa debemos tener lugares preparados para estacionar sin riesgos. Hoy, en cambio, nos vemos obligados a seguir viaje y regalados.
Por otra parte, veamos esto: la llamada ruta de la muerte, la ruta nacional 14 (hoy Artigas), se invirtieron millones para convertirla en autovía. Pues bien: siguen los accidentes fatales, ¿qué ocurre? Muy sencillo: antes era angosta, ahora andamos muy rápido. ¿Y el Estado no se entera?
Entonces repetimos, ¿qué hay que hacer para salvar la vida de ese niño, de esa mamá? ¿Debemos marchar a 70 como máximo? ¿Y seremos tan hijos de mil, como para continuar esta locura aún sabiendo que en eso destriparemos a nuestros hijos?
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Completar la lista
En agosto de 2015 escribíamos sobre este mismo tema: "Como todos los años mueren en la ruta entre 7 y 8 mil personas, a las víctimas que restan de 2015 y los de 2016 sólo hay que ponerles el nombre, pero ya están en agenda".
Queremos decir: los casilleros están vacíos, pero están preparados. ¿Con el nombre de cuál de nuestros hijos llenaremos ese casillero?
Nada se resolvió desde entonces. Hoy podríamos ponerles nombre a todos los que murieron en esos meses y también en 2017. Niñas, niños, estudiantes, familias completas, todos inocentes.
En aquella columna recordábamos estas cifras: "Si comparamos las muertes de la Argentina con las de otros países, quedaremos asombrados. En 2010, por caso, por cada millón de habitantes de Gran Bretaña u Holanda murieron unas 30 personas en accidentes de tránsito. En cambio, en la Argentina por cada millón murieron 178 personas. Entre 1993 y 1995, por cada millón de automóviles en Suecia, Holanda, Estados Unidos y España murieron entre 140 y 300 personas. En la Argentina por cada millón de autos murieron 1.450 viajeros".
La modernidad mata. El apuro, el consumismo, la locura. Entonces los 140 muertos de Suecia son muchos ya, demasiados, pero en ese mismo lapso los 1.450 de la Argentina (multiplicamos por diez) demuestran un adicional insoportable. Ese plus es la ausencia del Estado para prestar el servicio de seguridad.
Lo mínimo que debiéramos hacer, frente a esta catástrofe, es llamar a todos los que son y han sido funcionarios, del presidente para abajo a todos, y si no ejercieron sus funciones (como no las ejercen) recuperar todos los sueldos que les hemos pagado. Tal vez si les tocamos el bolsillo respondan de una buena vez.
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Cuántos amores
Ahora insistimos, en marzo de 2017, ¿quiénes de nosotros completaremos la lista que tiene previstos unos 7.000 casilleros vacíos hasta fin de año? ¿Cuántos gurises, cuántos sueños, cuántos amores deberemos masacrar?
Nosotros proponemos dar un plazo breve y luego echar a todos los funcionarios de los tres poderes, recuperar sus sueldos, del presidente y el gobernador para abajo, porque ellos nos tienen condenados.
La pena de muerte en China, Estados Unidos o los países árabes, sea con fusilamiento, ahorcamiento, gas, es menos grosera, violenta y dolorosa que la matanza indiscriminada de inocentes a que nos tienen expuestos estos irresponsables de los tres poderes, en las rutas argentinas.
Los responsables de estragos son los funcionarios, los gobernantes, no el pueblo. No hay que señalar al conductor, al colectivero, al camionero. Hay responsables con nombre y apellido allá arriba, porque estamos ante un flagelo común.
Ya dijimos: el presidente, el gobernador, los miembros de la Corte y del Superior Tribunal, los jefes de policía y las autoridades de transporte, vialidad, salud pública porque es obvio que el Estado provoca la peor causa de muerte y la peor muerte.