La banda de los Pichones se juega la última carta para evitar ser juzgados por el crimen de un niño de 10 años

Pero algunos de los abogados defensores presentaron objeciones a la elevación a juicio. En el caso de Nahuel Pérez, su defensa sostuvo que los testimonios son contradictorios, que no tenía pólvora en su ropa y que, en definitiva, la evidencia sobre su autoría en el crimen es insuficiente. En tanto que los hermanos Figueroa y la mujer imputada en la causa sostienen que no estaban en el lugar del hecho.

La decisión quedó en manos del juez Emilio Cuenca, que se tomó un cuarto intermedio para analizar al causa a fondo y decidir si está lista para ser ventilarse ante un juicio por jurado. Fuentes judiciales detallaron que la resolución sobre el crimen se conocerá durante las próximas dos semanas, pese a que hay feria judicial de invierno.

El crimen del niño en Guaymallén

Los distintos testigos que han declarado en la causa por el crimen, sobre todo dos de identidad reservada, han dejado en claro que existían diferencia entre la banda de los Pichones y los Patitos, tal como les decían a la familia Rivas. Algunos apuntan a que era por el manejo de la droga en ese barrio de Los Corralitos mientras que otros sostienen que hubo una pelea a golpes de puño anterior porque un hermano del niño asesinado les había prestado una tijera para podar ajo que nunca fue devuelta.

De una forma u otra, dos vehículos se detuvieron en la medianoche del 22 de diciembre de 2024 frente al domicilio ubicado en el callejón Mortaro y efectuaron una serie de disparos. El niño, que estaba en la vereda tratando de conectarse a una red WiFi para jugar con su celular, terminó baleado en el tórax y murió a los pocos minutos convirtiéndose en la víctima del crimen.

El presunto autor de los disparos, Nahuel Pérez, declaró en la causa e intentó desligarse del crimen. Aseguró que al momento del hecho estaba tomando drogas con unos amigos en su casa y que en ese momento llegó Cristian Pomar quien les dijo que venía de "agarrar a tiros a los Patitos. Ahora me voy a comprar más balas".

El propio Cristian Pomar se autoincriminó en el expediente por el crimen ya que admitió haber sido la persona que efectuó los disparos porque "los Patitos me debían 1.000 pesos por droga". En tanto que los hermanos Figueroa también brindaron su versión y plantearon coartadas, ubicándose en otro lugar al momento del hecho de sangre.

Para la Fiscalía, todas son maniobras evasivas en busca de entorpecer la investigación ya que el resto de los testigos en la causa han señalado que en uno de los vehículos se encontraban Nahuel Pérez -quien efectuó los disparos- junto a Cristian Pomar, Leonardo Porra y otro sujeto sin identificar; mientras que en otro rodado de color negro se dirigían Melisa Muñoz y los hermanos Figueroa.

Incluso la investigación sostiene que mientras la víctima del crimen, el niño Benjamín Rivas, agonizaba en un centro de salud cercano, Melisa Muñoz -que en ese momento debía estar en prisión domiciliaria por una causa de narcotráfico- le llamó por Facebook a su madre y la amenazó con quitarle la vida.