El juez de instrucción Néstor Murcia sacó a la luz una maniobra fraudulenta que realizaba personal de la delegación alvearense de la dirección de Vías y Medios de Transporte de la provincia.
Se descubrió que los empleados públicos cobraban por la revisión técnica de los vehículos y entregaban como comprobantes de pago, ticket legítimos, pero con fecha de 2011. Los despegaban de los formularios y los volvían a dar, así se echaban la plata al bolsillo.
Lo singular del caso es que el magistrado actuó como denunciante ya que fue una de las personas estafadas.
Hay dos individuos sumamente complicados, Claudio Gregorio Sosa (65) un obrero de patio del municipio que esta adscripto a Transporte desde el 2009, y quien sería la autora intelectual de la estafa, Delia Meriles, conocida como “cuqui”, una administrativa de la repartición que cumple funciones en San Rafael y viajaba una vez por semana a Alvear.
El juez asistió como un ciudadano más para efectuar la revisión técnica del automóvil antes de partir de vacaciones y la luz de alerta se encendió cuando el hombre no lo hizo pasar por ningún taller, le solicitó el pago de $30 en efectivo, algo que no se estila en las oficinas públicas, y luego le extendió el comprobante.
Un poco confundido por la operatoria, el magistrado partió pero después se tomó el trabajo de verificar el ticket y, oh sorpresa, detectó que había sido extendido el 11 de mayo de 2011.
Entre las exigencias de los empleados, los conductores debían presentar los viejos formularios, caso contrario no pasaban la verificación.
Murcia radicó la denuncia el miércoles al medio día y este jueves en la mañana, personal de la división investigaciones allanó la dependencia.
“Se realizó un operativo y se secuestró gran cantidad de documentación y se le tomó declaración a quien estaba en la oficina”, en alusión a Sosa, reconoció el subcomisario Pedro Constanzo titular de la unidad investigativa de la policía.
Según trascendió, Sosa habría manifestado que toda la operación fue por indicaciones de Meriles.
A este testimonio se sumó un segundo denunciante, Juan Salomone de Bowen. El hombre se acerco por la oficina (este jueves) para efectuar la verificacion de una pick up y fue atendido por la mujer.
Este detalle se conoció tras una intensa tarea de manualidades, es que los efectivos reconstruyeron uno de los formularios que había sido arrojado a la basura y saltó el nombre del bowense. Salomone formuló la denuncia y mandó al frente a la mujer como la persona que le entregó el ticket.
Otro de los engaños que se supo es que la oficina alvearense no está habilitada para realizar la verificación téncina con validez nacional, tal como aducían los funcionarios públicos.
Constanzo estima que esta operación lleva más de un año y “deben ser varios los afectados” por lo que instó a la gente a que “constate el comprobante y si es irregular que se acerquen para presentar la denuncia”, dijo el subcomisario.
La causa por estafa y falsificación de instrumento público, agravada por la condición de funcionarios públicos de los implicados, recayó momentáneamente en José Saponara, titular del juzgado civil, que está de turno por la feria judicial. Por ser denunciante, Murcia está inhibido para actuar como magistrado.