La fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, pidió que los ocho rugbiers detenidos sean imputados como autores materiales del asesinato de Fernando Báez Sosa.
De este modo, los ocho acusados como co-autores del crimen serían Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Luciano Pertossi.
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A todos ellos, la calificación que les cae es “homicidio doblemente agravado por su comisión de alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" cuya pena es la prisión perpetua.
Zamboni hizo un breve repaso de lo ocurrido esa noche: “Se abalanzaron sobre Fernando Báez Sosa aprovechando que se encontraba de espaldas e indefenso y actuando sobre seguro en virtud de la superioridad numérica y física existente. Comenzaron a propinarle golpes de puño en su rostro y cuerpo, lo cual provocó que la víctima cayera primero arrodillada y luego al piso inconsciente”.
También ratifica que el ataque fue “con el fin de darle muerte y cumplir lo pactado” y que por eso le pegaron “varias patadas en su rostro y cabeza, causándole lesiones corporales internas y externas, que le provocaron su deceso de forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a traumatismo grave de cráneo”.
La fiscal subrayó que entre los diez rugbiers hicieron todo lo posible para que Fernando no se pudiera defender: “Rodearon a los amigos que estaban parados junto a él con el fin de dar muerte, aplicándoles golpes de puño y patadas en el cuerpo mientras pretendían ayudar a Fernando, causándoles a algunos de ellos lesiones corporales".
A partir del miércoles 19 de febrero, la fiscal indagará a los ocho detenidos. Por otro lado, a fin de mes, estarán los resultados del peritaje scopométrico que determina quién dejó su pisada en el rostro y el mentón de la víctima.
A medida que la causa avanza, Hugo Tomei, abogado de los rugbiers, va afilando su estrategia. En sus últimas declaraciones, el letrado sostuvo que van a recusar a la fiscal del caso y que a los acusados les corresponde el principio de inocencia.
“Los chicos no saben por qué están privados de su libertad. Desde el Estado se les está imputando un delito o una calificación legal que le puede quitar la libertad. Tengo toda la información sobre lo que pasó y no puedo creer que en los medios se armen debates tan duros”, aseguró.