La justicia citó a Delia Meriles para que se presente a declarar en la causa por las irregularidades detectadas en la subdelegacion de Alvear de la dirección de Vías y Medios de Transporte.
Tras la denuncia del juez de instrucción Néstor Murcia, uno de los estafados, se descubrió que los empleados de la repartición, entregaban talones de pago legítimos pero de un año atrás, a la gente que llevaba sus vehículos a realizar la verificación técnica.
La mujer, que cumple funcines en San Rafael y viajaba a Alvear una vez por semana, es la principal involucrada en la investigación. Gregorio Sosa (65), el empleado alvearense y el segundo involucrado, la marcó como la autora intelectual de la defraudación. Además uno de los denunciantes dejó constancia que Meriles, el jueves pasado, lo atendió y le entregó un comprobante de pago que tenía fecha de mayo de 2011.
La empelada administrativa de Transporte debe presentarse el lunes a declarar y en caso de inasistencia, sin causa, será convocada con el uso de la fuerza pública.
Desde la división investigaciones confirmaron que en las últimas horas aparecieron más personas que habrían sido víctimas del accionar fraudulento de los empleados públicos.
Tras conocerse el caso, ambos funcionarios han sido apartados de la oficina alvearense y están sujetos a lo que resuelva la justicia y la investigación administrativa que iniciaron en la Dirección.
En cuanto a Meriles, el jefe de la zona sur de de Vías y Medios de Trasporte, Marcelo Represas confirmó que “seguirá cumpliendo tareas en San Rafael (su lugar de residencia) mientras no exista una imputación firme”. En el caso de Sosa, un empelado de patio del municipio que estaba adscripto a la subdelegación desde 2009, su futuro laborar depende de las autoridades comunales, mientras tanto espera que se haga efectiva la jubilación.
Mientras tanto "estamos buscando personal para que los reemplace y además viajará gente desde San Rafael día por medio para atender la oficina y capacitar a la gene que quede allí", confió Represas.
La estafa
Los empleados cobraban por la verificación $30 pero en vez de remitir al usuario a una entidad autorizada para que abonara el código fiscal correspondiente y regresara con el ticket, hacían que les entregaran el efectivo a ellos.
Para completar la pantomima, entregaban un ticket, que a simple vista es legal, pero vencido. Para ocultar que era un talón reutilizado le colocaban un inmenso sello sobre la fecha.
Para hacerse de los ticket, una de las exigencias que imponían los funcionarios públicos era presentar el formulario anterior, si es que no era la primera vez que la persona efectuaba la verificación, y de ahí extraían los ticket.
El juez Murcia se convirtió en una de las víctimas de esta gente y tras constatar que tenía un comprobante que había sido extendido el 11 de mayo de 2011, el miércoles se presentó en la policía y radicó la denuncia.
La investigación por estafa y falsificación de instrumento público, quedó bajo la tutela del juez civil José Saponara y el lunes pasará a manos de Sergio González, titular del juzgado penal de menores, que estará de turno durante la feria judicial.