La titular de la organización Acciones Coordinadas contra la Trata de Personas (ACC) denunció que el material arqueológico que se obtuvo en distintos sitios de Tres Mayo () en diciembre de 2016 no fue enviado a Buenos Aires para su análisis para ser adjuntado, luego, a la causa que investiga la desaparición de , la joven que fue vista por última vez el 4 de setiembre de 2012.
Celeste Perosino, la profesional que lideró las excavaciones, aseguró a la periodista Verónica Gordillo en una nota publicada en el sitio Unidiversidad, "que la Justicia mendocina nunca envío el material que encontró -sobre todo restos óseos- a Buenos Aires para su análisis, tal como acordaron", y destacó "su preocupación por la preservación de los mismos, ya que si no se cuida la cadena de custodia, cualquier hallazgo puede ser invalidado como prueba ante un juicio".
De acuerdo con la publicación del portal de noticias de la Universidad Nacional de Cuyo, la profesional explicó que intentó por todos los medios comunicarse con la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, pero que no lo logró, con el agravante de que la funcionaria ya elevó el pedido para que se inicie el juicio.
Hasta 2016, el fiscal que tuvo a su cargo la investigación, fue Santiago Garay quien había autorizado un convenio para que se realizara un rastrillaje en la finca de Curallanca, donde vivía Johana.
A principios de 2017, la causa pasó a manos de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien sería la responsable de no haber enviado esas pruebas y que ya realizó el pedido de elevación a juicio sin contar con los resultados de lo que se encontró en los rastrillajes.
Fuentes cercanas a la investigación contaron que la fiscal habría realizado la elevación a juicio sin esperar el resultado de esas pruebas porque la apremiaban los tiempos -habría tenido sólo 10 días para hacerlo- y que si no lo hacía Luque quedaría libre y que incorporaría luego esas pruebas a la causa.
En abril de este año, Ríos tomó la decisión de cerrar la instrucción y pedir el juicio al único imputado, Mariano Luque, por homicidio simple, delito que arriesga una pena de entre 8 y 25 años.