Los procuradores y fiscales generales advirtieron de que sus organismos "deben contar con independencia, autonomía y recursos para poder ejercer adecuadamente sus funciones, asignadas por las respectivas Constituciones y legislaciones internas", al participar de la última jornada del plenario de la XXI Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur, realizada en .
Los magistrados señalaron en una declaración conjunta que resulta imperioso que puedan "actuar libres de todo tipo de presión, injerencia, hostigamiento o amenaza por parte de cualquier otro actor público o privado. En virtud de ello y teniendo en cuenta recientes manifestaciones que buscan limitar la independencia y autonomía de los ministerios públicos, los procuradores y fiscales generales de la región manifiestan su preocupación y quedan en alerta ante estas situaciones", sostiene la declaración.
Durante la jornada, los magistrados centraron sus intervenciones en la necesidad de fortalecer la independencia de sus organismos frente a lo que definieron como "amenazas a la autonomía".
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, incluyó "los pedidos de renuncia, la reticencia presupuestaria, las amenazas de juicio político sin fundamento" en esas maniobras que afectan directamente al orden constitucional.
Además, recordó los intentos de reforma en Brasil, que directamente quitaba la facultad de investigar al MPF y dedicó un párrafo a la situación en Venezuela.
Por último, advirtió sobre las "amenazas a la autonomía" contra las instituciones y la sociedad que espera ver sus intereses representados.
"Todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de amenazas a la autonomía y la independencia, que no son contra nuestras personas, sino contra las instituciones que representamos y contra la sociedad, que espera que representemos sus intereses generales", expresó la procuradora.
En la misma línea, el procurador general de la República Federativa de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, sostuvo: "Cuanto más presión, cuanto más amenaza, cuando más uso espurio de poder político y económico, debemos responder institucionalmente y regionalmente".
Igualmente el fiscal del Estado Plurinacional de Bolivia, Ramiro José Guerrero Peñaranda; el fiscal de corte y procurador general de la Nación de la República Oriental del Uruguay, Jorge Díaz Almeida, y el fiscal nacional de la República de Chile, Jorge Abbot Charme, coincidieron en destacar "el rol en la defensa de la institucionalidad democrática" que hoy tienen los ministerios públicos.
Los magistrados de la región reiteraron, además, "la necesidad de instaurar el sistema penal acusatorio y su efectiva implementación".