"Nos puso en alerta". El juez de Cámara Hector Fabián Cortés, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de con sede en , quien dispuso la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley del 2 por 1 para delitos de lesa humanidad, aseguró hoy que el fallo de la Corte Suprema de Justicia puso a los jueces "en alerta" y que les generó "un ruido moral y un ruido jurídico".
"Si no se aplicaba [la ley de 2 por 1] a delitos comunes [por no estar en vigencia], con mucha mayor razón no se debe aplicar a los delitos gravísimos de violaciones a los derechos humanos", explicó.
En diálogo con radio La Red, Cortés dijo que en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan no esperaban la "repercusión" que tuvieron, pero que al deliberar pensaron "justo lo que debatió el Congreso: [que] se trataba de un proceso penal de después de derogada la ley del 2 por 1". Y agregó: "[En el caso particular] nunca estuvo privado de su libertad mientras estuvo vigente esa ley".
"Entonces, no le encontrábamos el agravio para aplicar esta ley, que además la hemos considerado inconstitucional y no aplicable a ese caso concreto", añadió.
"Nos hizo un ruido moral y un ruido jurídico. Tal como lo resolvimos, de acuerdo al artículo 16 de la Constitución, defendiendo el principio de igualdad de las personas ante la ley, el tema es que esta ley terminaba beneficiando en su época de vigencia a los autores o cómplices de delitos graves y aplicar a casos de lesa humanidad hubiera terminado beneficiando a autores o cómplices de delitos gravísimos y no a los autores de delitos comunes", planteó.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan dispuso la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley del 2 por 1 para delitos de lesa humanidad. Fue el primer fallo de un tribunal oral tras el fallo de la Corte Suprema que había permitido reducir la pena de Luis Muiña, un condenado por violaciones a los derechos humanos.
Los jueces federales Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña acogieron la opinión del fiscal federal Francisco Maldonado, quien se había opuesto a la libertad que había pedido Alejandro Lazo, un represor condenado en 2013 a 10 años de prisión por asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados. Está detenido con prisión domiciliaria desde hace seis años y cinco meses, y según lo señalado por su letrado ya habría cumplido su sentencia con el 2 por 1.
Sin embargo, el fiscal entendió que la aplicación de ese beneficio viola la Constitución porque vulnera el derecho a la verdad y los pactos internacionales que comprometen a la Argentina. Los jueces del Tribunal Oral Federal de San Juan le dieron la razón y dijeron que el fallo de la Corte no aborda el problema de la constitucionalidad y que solo cabe para el caso de Luis Muiña.