Todo ello debe darse fuera de micrófono para que en caso de tener éxito, sea el gobernador o el ministro el que pueda dar la buena nueva. Por supuesto, para que estos movimientos tengan éxito debe ser óptima la conexión política entre el operador y el Gobierno al que representa, en particular con el gobernador, que siempre tiene la última palabra.
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Hay ministros y gobernadores a los que también les gusta cumplir ese papel de operadores porque tienen alma de negociadores, pero son los menos, y no es muy recomendable. Salvo excepciones, el operador trabaja detrás de escena, lejos de las cámaras. Suelen ser finos tramoyistas. Y así como en un buen espectáculo teatral el cambio de una escenografía puede cumplir un efecto muy beneficioso, también puede darse algo similar en la política
El operador político es una figura que, bien utilizada, puede ser muy provechosa para cualquier gobierno. Tejen redes, facilitan acuerdos, preparan el terreno, desaconsejan o fomentan tal o cual acción. Hablan con todos. Ahora bien, como en cualquier viña del Señor, ha habido casos donde el operador ha ampliado su radio de acción a propuestas menos elevadas y más, digamos, pecuniarias.
Algo inédito
Volvamos al ejemplo de la crisis con el gremio docente. El trabajo de un operador inteligente pudo haber moderado tanta inflexibilidad de un lado y del otro. En estos casos una palabra a destiempo puede actuar como nafta revoleada sobre el fuego. Quizás una buena negociación podría haber atemperado la intransigencia del SUTE. Por el contrario el gremio ha rebatido de plano todas las propuestas del Gobierno provincial y algunas de ellas ni las ha bajado a la consideración de las bases.
Se requiere para eso una ductilidad especial. Máxime cuando, como en este caso, la nueva conducción del gremio ha hecho explícita su adhesión al kirchnerismo, al punto de que su secretario adjunto Gustavo Correa ha dejado en claro que la lucha es contra el gobierno provincial con el fin de recuperar el Gobierno de la Provincia para el peronismo.
Suarez tiene razones para estar inquieto. La extensión de la protesta actual ya ha pasado de castaño a oscuro. Desde que asumió en diciembre de 2019, sus momentos difíciles habían sido más acotados. Ahora hay otro tipo de malestar social apalancado por la inflación desatada y los problemas macroeconómicos y políticos del gobierno nacional. Un malestar que ha hecho que esta vez una parte de la clase media haya adherido a los paros en las escuelas, algo inédito.
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El Gobierno viene enfrentando semanas difíciles con los reclamos salariales de los estatales.
Foto: Martín Pravata
Los paros antes molestaban. Ahora, la movida de los docentes ha recibido apoyo social de una parte de la población. Pero esa adhesión es para los docentes, no para los dirigentes gremiales kirchneristas del SUTE. ¿Puede ese desencanto de buena parte de la clase media transmutar en voto negativo para el oficialismo de Cambia Mendoza? Eso es lo que temen algunos en el Gobierno, aunque en realidad en la política las cosas no suelen darse tan simétricamente..
Esa adhesión -por ahora temporaria- a las protestas de las maestras no se ha hecho extensiva, por ejemplo, a las medidas de fuerza de otros sectores estatales. Roberto Macho, titular de ATE, es un dirigente desacreditado ante vastos sectores de la sociedad y nunca va a lograr el aval social, que sí puede obtener la docencia por el rol social que cumple.
El desconfiado
Suarez ha ratificado con su accionar que para determinadas cosas no confía ni en la destreza política de sus ministros. No los deja expresarse ante situaciones de conflicto. Al ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, su "ministro político" le vetó ir a la Legislatura a dar explicaciones sobre el polémico subsidio que iba a recibir la fundación del pastor evangelista Héctor Bonarrico, ex senador provincial y ahora ex socio en Cambia Mendoza. El gobernador bochó el decreto respectivo de un plumazo cuando el religioso dio a entender que le daban esa plata por no haberle confiado más cargos en el Gobierno y en la Legislatura.
Antes había demorado meses en autorizar a la ministra Ana María Nadal a informar sobre el manejo de la pandemia en Mendoza. Luego pasó lo mismo con el ministro de Seguridad, Raúl Levrino, por diversos asuntos de inseguridad ciudadana y por el escándalo del hoy ex jefe de Policía Roberto Munives y de la pareja de éste en el Aconcagua.
Esa desconfianza hacia sus colaboradores es la que algunos en su gobierno no terminan de entender. Ni en el cornejismo parecen comprenderlo. Por lo bajo dicen que les gustaría ver más aciertos en la forma en que Suarez está manejando esta crisis con los gremios estatales por más que comparten que el culpable central de la situación docente es el Gobierno nacional y su desmanejo de la inflación.
Los del PJ mendocino quieren disimular que la actual ebullición de gremios en Mendoza está generada por la horrible gestión económica nacional, la desorbitada inflación y la emisión descontrolada de pesos para generar la ilusión de que podemos consumir. Los cornejistas abren paraguas.
Los primeros días de septiembre, cuando los docentes cobren con descuentos por las jornadas de paro de agosto y, en consecuencia, sin Ítem Aula, podrían ser claves para desinflar parte de las ínfulas del gremio. Por ahora todos miran a este jueves 18/8 cuando se reabran las paritarias tras el mazazo del 7% de inflación de julio.
En esa reapertura paritaria el SUTE levantará seguramente la bandera de que si hay descuentos no habrá arreglo. Además pedirá la renuncia de José Thomas como titular de la Dirección General de Escuelas, y seguramente intentará hacer cumplir el paro por 96 horas que el Plenario Provincial aprobó el sábado pasado pero que dejó en suspenso a la espera de la nueva oferta salarial del Gobierno.
Lo dicho: operadores políticos se requieren, presentarse a la brevedad en Casa de Gobierno, Barrio Cívico, Mendoza.
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