En el Senado se trató en comisiones el proyecto de Tolerancia Cero.
La dramática cantidad de víctimas que padecemos a diario en las calles y rutas del país requieren un abordaje serio y de fondo, como único método para revertir el índice de siniestros que terminan con muertos, lesionados y personas con discapacidades permanentes.
Cada vez que los políticos toman a la ligera cuestiones vitales, privilegiando la búsqueda del rédito fácil, y sin importarles cambiar de cuajo el impacto de un fenómeno que nos supera como sociedad, no hacen más que perder oportunidades para mejorar la convivencia y la calidad de vida de la población.
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Las estadísticas muestran las causales de los siniestros viales que se ocasionan a diario y que obedecen a diversas situaciones, la mayoría evitables, con conductores alcoholizados y no alcoholizados: casi siempre la imprudencia es la base.
Por la falta de concientización cada vez que subimos a un vehículo se pone en riesgo la vida, la de uno y la de los demás. A causa de uno mismo o de los otros.
El exceso de alcohol, la velocidad, el estado de los caminos, desperfectos mecánicos, la violación a las normas de tránsito, defectos en la señalización, el uso del celular, el sueño, animales que se cruzan, y la prepotencia al manejar son algunas de las principales razones de los accidentes.
No se han expuesto en la discusión legislativa estudios serios que demuestren que la baja del nivel de tolerancia de 0,5 a 0 gramos de alcohol en sangre haya logrado per se disminuir el índice de siniestralidad vial, pero en el reciente tratamiento del Congreso se ha planteado a la iniciativa como una panacea, atento a que el proyecto de modificación de la Ley de Tránsito aprobado en la Cámara de Diputados consta de un solo artículo.
Sin educación vial de verdad, sin mayores controles, sin multas y penalizaciones severas, ya sea por exceso de alcohol o por cualquiera de las infracciones a las normas, no habrá un descenso sensible de los casos.
Una de las advertencias que se han expresado como probable efecto inmediato, de sancionase la norma como salió de Diputados, es que las aseguradoras estarán de parabienes por la desprotección de los conductores en caso de que dé positivo el alcoholímetro, ya que nada garantiza que el resultado sea cero aunque no se haya consumido una gota de alcohol.
En ese sentido, el proyecto tal como está, no cumplirá con el objetivo de bajar el índice de siniestralidad, pero sí provocará un aumento del índice de litigiosidad.
No se ha promovido en la tramitación de la polémica norma un análisis exhaustivo de la problemática de las adicciones por el consumo de alcohol en exceso, que no tiene relación directa con el vino, sino con las bebidas blancas y, mayormente aunque no en forma exclusiva, con franjas etarias juveniles. Los consumos problemáticos son asuntos de salud pública, que parecen estar distantes de las prioridades de los legisladores.
En cambio, la tolerancia cero pega directo en el consumo moderado y responsable, lo que está relacionado con la actividad gastronómica, enoturística y vitivinícola en general.
Se sabe que no existen soluciones mágicas para revertir el flagelo de los siniestros de tránsito, sino que se trata de una empresa de largo aliento que debe superar la pereza intelectual de los legisladores y tener en cuenta toda la complejidad de la problemática mediante un abordaje integral.
Educación, concientización, inversión en rutas y en señales camineras, acondicionamiento vehicular, controles y penalización severa -con modificaciones en el Código Penal- son tópicos a tener en cuenta que, sin embargo, brillan por su ausencia en el debate de un Congreso que está siempre proclive a las chicanas políticas.
Los posicionamientos detrás del proyecto, si bien no responden a pertenencias partidarias, en el caso de Mendoza encuentran a la cúpula del peronismo una vez más confrontando con la Provincia.
El ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, ofrece los fundamentos jurídicos a la intención del gobernador de no aplicar la norma en todo el territorio mendocino, incluso en las rutas nacionales. (Linquear con la entrevista del diario a Ibáñez del viernes)
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Rodolfo Suarez, entre sus argumentos, afirma que Mendoza ha logrado bajar ostensiblemente los siniestros de tránsito con el aumento del valor de las multas y otras medidas.
Pero al margen de que la Provincia quedara exceptuada y pudiera preservar intacta la plaza turística y la actividad enogastronómica conservando el mínimo porcentaje que representa el 0,5, desde el punto de vista económico los centros de consumos mayores están localizados en el AMBA, Santa Fe y Córdoba. (La provincia mediterránea ya tiene una legislación restrictiva de aplicación parcial, sin mayores resultados).
Poco confiable resulta un Congreso para debatir y diseñar políticas medulares, cuando no es capaz de ponerse de acuerdo en cuestiones de procedimientos, como se ha visto en el decadente espectáculo que protagonizaron legisladores del oficialismo y de la oposición en la última sesión frustrada de la Cámara de Diputados.
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El clima político e institucional se ha ido degradando hasta niveles delicados en los últimos tiempos y tiene como uno de los ámbitos de disputa al Congreso de la Nación.
La agenda judicial de Cristina y el conflicto por los representantes legislativos en el Consejo de la Magistratura han sido las últimas piedras de la discordia.
La sentencia del tribunal que juzga a la vicepresidenta por la causa Vialidad se conocerá el martes y, según resulte el veredicto, los efectos de las reacciones no podrán ser tapados ni por el pase a cuartos de final de la Selección.
En tanto, los temas sensibles para la población, como son los accidentes de tránsito, seguirán esperando un abordaje serio.
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