En Mendoza también se debate el uso de teléfonos celulares en las cárceles.
Toda la Argentina está con los ojos puestos en lo que ocurre en Rosario. Es que esa ciudad de Santa Fe, además de tener el Monumento a la Bandera, se ha vuelto noticia permanente por la cantidad de crímenes diarios vinculados al narcotráfico.
El Ministerio Público santafesino indicó que siete de cada diez homicidios se ordenan desde las cárceles. En los penales de esa provincia no hay inhibidores de señal y los reclusos no tienen limitaciones para el uso de celulares.
En Mendoza el uso del celular está permitido hasta diciembre de este año. Se han desbaratado varias bandas que operaban desde alguno de los 22 penales que hay en el territorio provincial.
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Recordemos que cuando se declaró la pandemia del coronavirus en marzo del 2020, por las restricciones sanitarias se disminuyeron las visitas de familiares a los internos, que antes eran una por semana a 15 días. Por esta razón, se permitió el uso de teléfonos celulares.
El director del Servicio Penitenciario Provincial, Eduardo Orellana, explicó al programa Mediodía de radio Nihuil, que “ de hecho no se ha restablecido en ninguno de los 22 establecimientos la concurrencia semanal de visitantes . Es cada 15 días y restringida al grupo familiar directo. Por lo tanto, la Justicia entiende en un fallo que las condiciones siguen siendo las mismas y en consecuencia corresponde prorrogar un año más el uso de telefonía”.
Pero el debate sobre permitir el uso del celular a los presos cada vez está más caliente: están los que consideran que ya no se debe seguir permitiendo su uso y los que piensan que se debe evaluar cada caso o se más rigurosos en los controles.
“Yo creo que a cada persona hay que darle el trato que esa persona busca tener. Aquellas personas que deseen el teléfono para tener un contacto con la familia y afianzar el vínculo o usar el teléfono para estudiar, me parece que es positivo. Y aquellos que lo utilizan para cometer un delito hay que sacarles el teléfono o bien llevarlos a un lugar en el que no tengan señal. No se puede dejar sin señal a la cárcel completa. Pero después la Justicia tiene que avalar que la persona esté ahí. Porque si no, no se justifica tremenda inversión para anular telefonía. Es decir, con aquellos que utilizan bien la herramienta no hay problema que tengan celular y con aquellos que no, hay que ser muy duros en el combate para que no cometan delitos” opinó Orellana
El juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, declaró al portal MDZ que “en la audiencia (en la que resolvió la continuidad del uso del celular) no se trajo ninguna estadística por el incremento de delitos con celulares desde adentro de la cárcel. No hay forma de comprobar ese supuesto crecimiento que se señala”.
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Orellana admitió que entre 2020 y 2021 el uso de la telefonía celular en las cárceles provinciales no generó grandes trastornos de inseguridad. Sin embargo, reveló que la situación en el último año comenzó a cambiar: “Algunas personas dentro de las cárceles han encontrado la forma de seguir cometiendo delitos, seguir dirigiendo alguna organización criminal que integraban y en otro casos mutar la forma en la que cometían delitos y han comenzado a usar la tecnología -que está solo permitida para el uso con la familia- para cometer nuevos delitos”.
El procurador de Mendoza, Alejandro Gullé, dijo que “lo primero que se hace mal es permitirles tener teléfonos celulares, igual que acá, en todo el país hay una lucha. Hay miles de denuncias que se generan desde las cárceles”.
Si bien es difícil saber cuántos delitos se han cometido ordenados desde la cárcel se sabe que en los últimos 6 meses la Justicia realizó varios allanamientos.
“El prefijo de la provincia 261 para cometer delitos no está en el mismo nivel que el que se está usando en Rosario o los que estamos acostumbrados a recibir de los 011. Hoy es un peligro atender un 011” analizó Orellana
Cada vez que un interno quiere ingresar un teléfono debe ser declarado. Se anota el número de chip e IMEI (un código de 15 dígitos pregrabado por el fabricante para identificar cada equipo móvil) y cada recluso debe hacerse responsable de su equipo. La normativa establece que las personas condenas por ciberdelitos no pueden tener teléfonos.
Y cuando se hacen los controles y requisas, si el interno tiene un teléfono diferente al declarado es sancionado y no se le autoriza a tener otro.
El ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Levrino, explicó que de 5.800 personas privadas de la libertad, el 55% tiene celular identificados y declarados.
Claramente las administraciones penitenciarias en estos tres años se han visto sobrepasadas por las nuevas comunicaciones en contexto de encierro. Como vemos si bien se aplicaron algunos protocolos, quizás la Justicia debería haber evaluado con más profundidad que la autorización a portar un teléfono móvil implicaba mucho más que la mitigación a un daño emergente de la pandemia de Covid-19 en cuanto a los vínculos familiares.
Autorizar el ingreso de un celular sin especificaciones limitantes fue abrir aún más la brecha de vulnerabilidad en materia de seguridad que existe en las cárceles y acrecentar el riesgo de hechos ilegales detrás de los muros, siempre en detrimento de la sociedad, del bien común.
Reafirmando esta línea de pensamiento, Orellana admitió que es muy difícil que una persona que integra una organización criminal cuando llega a la cárcel busque no seguir cometiendo delitos. “En estos casos el celular es una herramienta que le facilita el continuar conectado con la organización”
El propio Levrino admitió que el problema se plantea con las líneas irregulares, con los chip.
“Nuestro sistema penitenciario tiene un área de análisis e inteligencia que trabaja puntualmente por denuncias por información o por allanamientos que coordinamos con la justicia e inmediatamente incautamos estos celulares y en algunas oportunidades hemos encontrado droga”.
Pero Orellana tiene una visión más realista y admitió que es muy difícil controlar el ingreso de los pequeños chip y que por más que se resuelva su prohibición seguirán existiendo.
“Y ese es el problema de tener teléfonos celulares en la cárceles: buscar un nano chip. Ya buscar un teléfono es complejo, un nano chip es terriblemente difícil. Por eso nosotros creemos que la tecnología se combate con tecnología. Por más que mañana digan que ya no está permitido, van a existir siendo teléfonos ilegales. Pero van a seguir estando. Es muy difícil de controlar”.
Para Gullé lo que hay que hacer es legislar la situación, animarse a cortar el circuito de los celulares y pedir a las compañías de telefonía que pongan cuatro o cinco líneas fijas por pabellón para que los internos se puedan comunicar son sus familias. Pero definitivamente, dar un corte a los teléfonos celulares.
Esta semana que pasó la Procuración Nacional le pidió al Poder Ejecutivo que tome medidas urgentes sobre el uso de celulares en las cárceles ya que los jefes narcos siguen manejando el negocio de la droga y ordenan crímenes y secuestros como lo detectaron varias investigaciones judiciales.
En una reunión de fiscales federales que calificaron la situación de “extrema gravedad” volvieron a enviar un informe de octubre 2021 con recomendaciones para que se instalen inhibidores de celulares en los pabellones, más requisas y menos beneficios para los presos de alto perfil.
Incluso la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) constató que las comunicaciones y la utilización los de equipos móviles en establecimientos penitenciarios del país por parte de reclusos de alto perfil, por dirigir o por pertenecer a organizaciones narcocriminales relevantes, continúa siendo de uso cotidiano.
En octubre de 2021, la Procunar elaboró un informe que cuenta que 19 jefes narcos continúan desde las cárceles manejando el negocio de la droga y otros delitos.
Como vimos, el protocolo para el uso del teléfono celular es los penales es bastante riguroso. Incluso se le prohíbe a los reclusos el uso de las redes sociales, con excepción de WhatsApp.
Sin embargo, son muchos los internos mendocinos que violaron esas regulaciones, porque los controles no son tan efectivos, no solo de las llamadas sino del uso en general que hacen del móvil.
Basta un recorrido por las redes sociales como Tik-Tok, Telegram, Twitter, Facebook o Instagram, para ver cómo los presos interactúan con un público numeroso. Incluso, nosotros los periodistas, en más de una oportunidad hemos recibido algún mensaje de un interno que nos pide ayuda sobre su causa judicial o quiere denunciar alguna situación.
De todos modos, este no sería un problema si habláramos de una comunicación lúdica, aunque el uso de la telefonía móvil dista mucho para lo que originalmente fue autorizada.
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El ministro Levrino dijo que Mendoza tiene 5.800 internos y el director del Sistema Penitenciario habló de casi 6 mil. De todos modos, Orellana, admitió que hay un 16% de sobrepoblación carcelaria.
Según el juez Sarmiento las cárceles de Mendoza tienen un 121% de grado de hacinamiento. Esto implica que son 1.300 personas las que duermen con un colchón tirado en el piso.
El hacinamiento es más fuerte sobre todo en Boulogne Sur Mer y Almafuerte.
Con estos datos, es difícil pensar cómo, con esta sobrepoblación carcelaria, con internos que no tienen ni una cama asignada, se realizan controles exhaustivos para que no ingresen los teléfonos o chip ilegales.
Mendoza no tiene una situación como la de Rosario. Para Levrino se “le ganó al narcotráfico porque se viene trabajando hace 7 años. En estos tres años de gestión del gobernador Suarez se han desarticulado 1.057 kioscos y hay 1.557 personas detenidas” dijo el viernes por radio Nihuil
Esas declaraciones fueron en el marco de un operativo de desarticulación de una banda de narcotraficantes. Por eso creo que no se le ha ganado al narcotráfico. Porque es un flagelo que se expande por todo el país. Quizáz acá en Mendoza se le está dando batalla pero de ninguna manera se puede cantar victoria. Seguramente se están haciendo las cosas mejor que en Rosario, pero de ninguna manera se ganó la guerra contra el narcotráfico.
Quizsá quitar los celulares a los internos no resuelva el tema de los delitos que son ordenados de las cárceles. Quizás haga falta una legislación más clara
Quizás debería dejarse el teléfono móvil a aquel interno que demuestra que lo usa para estudiar o para capacitarse y tiene buena conducta. Pero no así para aquellos internos que no demuestran ningún arrepentimiento de sus delitos y por el contrario se las rebuscan para seguir cometiendo sus fechorías con cómplices afuera.
Si no, ¿cuál es el sentido de privar a personas de la libertad si van a seguir delinquiendo aún tras los muros?...
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