Hubo policías en las escuelas en el inicio de la semana.
Foto: Matías Pascualetti
Mendoza se encuentra atravesando un escenario inédito en su historia escolar reciente. En el transcurso de pocos días, la tranquilidad de nuestra comunidad educativa se vio sacudida por un fenómeno de intimidación pública sin precedentes: se registraron más de 100 amenazas de tiroteos y ataques violentos dirigidos a establecimientos escolares de la provincia.
Esta situación no solo infundió un temor profundo y legítimo en padres, alumnos y docentes, sino que también obligó al Estado a un despliegue masivo y coordinado de recursos públicos.
El impacto más visible, además, fue una baja en el presentismo, fomentado en gran medida por el pánico de los propios adultos responsables que, ante la incertidumbre, optaron por no enviar a sus hijos a la escuela.
escuela de tupungato
Escuela de Tupungato en la que las autoridades hablaron con los alumnos sobre las amenazas de tiroteos.
Foto: Archivo Diario UNO
Desde mi perspectiva como parte del sistema de protección, trabajando diariamente sobre la conflictividad y la responsabilidad penal juvenil, observo con preocupación cómo este fenómeno local no es un hecho aislado, sino que se entrelaza con una realidad compleja nacional e internacional.
Los recientes avances en investigaciones de casos de alto perfil en otras jurisdicciones del país nos muestran un panorama que navega entre la influencia de redes criminales y la proliferación de comunidades digitales cerradas, como la denominada True Crime Community. En estos oscuros rincones de la virtualidad, los jóvenes se encuentran cada vez más huérfanos de la supervisión, la vigilancia y el cuidado de los adultos, quedando expuestos a narrativas que romantizan la violencia y la transgresión.
Frente a esto debemos sostener una meta política y social innegociable: la escuela es y seguirá siendo el lugar más seguro para nuestros estudiantes. Lograr este objetivo no es una tarea que se resuelva solo con buenas intenciones; requiere de una presencia estatal con un liderazgo que posibilite decisiones políticas claras y medidas de gestión concretas que eviten que el miedo se convierta en el rector de nuestras instituciones.
En este sentido, la comunidad educativa de Mendoza ha encontrado una dirección contundente, bajo la premisa de que "el que las hace, las paga", se ha marcado una impronta de trabajo basada en la tolerancia cero frente a la delincuencia disfrazada de "reto viral".
Esta directriz no quedó en un mero enunciado retórico, sino que se tradujo inmediatamente en un trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad y Justicia. El resultado fue la rápida individualización de algunos responsables, derivando en la imputación penal de adolescentes y, fundamentalmente, en la acción legal sobre los adultos responsables que facilitaron o avalaron estas conductas. La posición oficial es clara: esto no es un juego de niños ni una travesura digital; es un delito que afecta la paz social y el derecho a la educación de miles de mendocinos.
amenazas en las escuelas
Una de las tantas amenazas que aparecieron en los baños de escuelas de Mendoza.
Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil
Es imperativo destacar que, ante la presión del caos, la decisión estratégica del Ministerio de Educación fue garantizar la presencialidad a toda costa. Suspender las clases bajo amenaza hubiera significado otorgarle una "victoria simbólica" a los transgresores, validando su capacidad de paralizar al Estado y a la sociedad. Por el contrario, se optó por sostener las aulas abiertas con una seguridad reforzada y protocolos de inspección, recordando que la escuela es la principal herramienta igualadora y el mayor escudo protector que tenemos para nuestros hijos, de actuación específicos ante amenazas de intimidación pública, integrando a los Servicios de Orientación Escolar para brindar primeros auxilios psicológicos y transformar una situación de crisis en una instancia de aprendizaje grupal.
Reconocemos que esta problemática es multicausal y trasciende la esfera de un solo ministerio. Los adolescentes enfrentan hoy una vulnerabilidad agudizada por factores socioculturales, tensiones de salud mental y una sobreexposición tóxica en redes sociales. Ante este desafío, la acción del Estado es insuficiente si no se apoya en una estructura de tres pilares: el Gobierno.
Esta capacidad de respuesta ante la crisis no es fortuita; se asienta sobre un modelo de gobernanza basado en la evidencia de que la actual gestión ha venido consolidando mediante políticas estructurales. Mendoza ha dado un salto cualitativo con la implementación del Sistema de Gestión Educativa Integral (GEI), el cual integra herramientas de inteligencia artificial para emitir alertas tempranas ante el riesgo de abandono escolar. A esto se suma la vigencia de la "Regla del 80%" de presencialidad como un estándar innegociable para la acreditación de saberes, reforzando la idea de que el aprendizaje sucede en el aula.
Incluso en el ámbito legal, la provincia ha sido pionera al impulsar la modificación del Código Contravencional (Ley 9.682), penalizando con multas o tareas comunitarias a los padres de aquellos adolescentes que cometan actos de acoso escolar o bullying cuando se compruebe negligencia en su crianza. Esta visión de corresponsabilidad es la que hoy nos permite aplicar protocolos, la sociedad y la familia.
La familia tiene hoy el deber ineludible de recuperar la supervisión activa sobre los consumos digitales y fortalecer el diálogo cotidiano en la trayectoria escolar. Como sociedad, es tiempo de dejar de delegar toda la responsabilidad en la escuela y preguntarnos, qué estamos aportando a la seguridad emocional de nuestros hijos. El futuro de la juventud mendocina depende de que asumamos esta respuesta con el compromiso que el presente nos demanda.
El autor de esta nota es el director de Responsabilidad Penal Juvenil del Gobierno de Mendoza.
