La prescripción del caso Alan Villouta: demora eterna y un mes "en blanco" muy sospechoso

Cronología

Explicador simple: alguien se “durmió”, en un proceso judicial de seis años repleto de suspicacias, que ha sometido al malhumor social a todos los miembros de la Suprema Corte. Aunque la mira política se ajustó sobre la Sala 2 del máximo tribunal mendocino, integrada por José Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo.

La prescripción de un caso penal suele poner en evidencia ineficiencias, desidias, culpas, y cuando no corrupción, arreglos y conveniencias dentro del Poder Judicial. Que a veces pasan desapercibidos.

Nadie se escandalizó en agosto de 2024 cuando la Suprema Corte sobreseyó por el paso del tiempo al ex intendente de Luján de Cuyo Carlos López Puelles. Había sido condenado a siete meses por amenazas a la abogada de su ex mujer. Hace poco, la causa por abuso sexual contra el ex subsecretario de Trabajo Alejandro Jofré anduvo bordeando la prescripción.

Ahora y luego del escándalo por el sobreseimiento de Alejandro Verdenelli, habrá una ráfaga de solución de casos penales que están en la Corte. Pronto aparecerán fallos definitivos sobre la causa de los rugbiers franceses sobreseídos de una acusación de abuso sexual, y el caso Próvolo 2. En este último, lo que se define es el destino de las dos monjas absueltas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez, y de otras tres mujeres del instituto en el que se cometieron abusos sexuales atroces contra niños y niñas y adolescentes sordomudos.

El sobreseimiento del empresario que mató a Alan Villouta y abandonó la escena sin ayudar, en una actitud reprochable e insolidaria, generó una ola de indignación que mandó a silencio a los siete jueces de la Corte, aunque cuatro de ellos no estaban en la provincia cuando empezó el repudio. Distintas actividades los requirieron en ciudades tan disímiles como Buenos Aires o Puerto Madryn. Sin embargo, vale la pena detenerse en la reconstrucción y la ruta del expediente por la muerte de Alan, para tratar de entender en qué pozo ciego del Poder Judicial se cometió esta injusticia mayúscula.

Cinco años para la casación

Desde la muerte de Alan el 26 de agosto de 2017 hasta el juicio oral que condenó a Verdenelli en primera instancia, los tiempos fueron más o menos normales para la época. La Corte aún estaba dividida en salas previo a la reforma que implementó por ley el gobierno de Cornejo en octubre de 2022, justamente apuntando a diluir el peso de la antigua sala penal de mayoría peronista, cuando no garantista al estilo K.

Al empresario Verdenelli lo imputaron poco después de la tragedia, aunque esa acusación se fue atenuando. Estuvo diez días en una comisaría y luego en prisión preventiva domiciliaria, y a partir de diciembre de ese año pudo esperar el juicio en libertad. La primera sentencia condenatoria ocurrió el 14 de abril de 2020. La defensa encabezada por Eduardo de Oro, el abogado penalista al que Verdenelli le debe la vida, de momento; se movió rápido en la apelación.

A partir de allí, aparece un agujero negro y misterioso, de profundidades insondables.

La Corte política

Los asuntos que rozan a la Suprema Corte de Mendoza tienen siempre un tinte político, en tanto que sus jueces son propuestos por el gobernador -el que sea- y aprobados por la Legislatura. Desde el primer gobierno de Cornejo, a la Corte se sumaron José Valerio (ex radical ahora enfrentado al gobierno), Dalmiro Garay, Teresa Day, y Norma Llatser. Los últimos tres son muy cercanos al oficialismo. Luego está la “sala peronista”, la ex Sala 2 que entendió en este caso, en la que Mario Adaro y Omar Palermo lograban imponer su criterio por el peso del voto. El otro integrante del máximo tribunal es el también peronista Julio Gómez.

Cuando se habla de justicia, entonces, también se habla de política.

La semana pasada, cuando se difundió el fallo dictando el sobreseimiento de Alejandro Verdenelli, el sistema entero entró en tensión. Alfredo Cornejo, que empujó más de medio centenar de reformas desde la Corte a tribunales inferiores para dar agilidad, eficiencia y modernidad al funcionamiento judicial, pasó de la frustración y la incredulidad al enojo. Y lo comisionó al diputado radical Franco Ambrosini a elaborar y consensuar un proyecto de ley que ponga plazos perentorios a los jueces de la Corte, para que resuelvan los casos. La idea es vidriosa. Cuando estos emplazamientos no se cumplan, obligatoriamente y por nuestras garantías constitucionales de ciudadanos, las decisiones siempre favorecerán a los imputados, nunca a las víctimas.

Mientras esto ocurría, en la Suprema Corte los teléfonos ardían tratando de encontrar la falla en la matrix por la que el expediente se empantanó. Y empezaron a menudear los señalamientos.

Hay un primer consenso: no es posible que tres jueces de un tribunal supremo se tomen cinco años y once meses para resolver una casación. No hay excusas para ello y menos en una causa tan sensible como la muerte de Alan Villouta, donde ya había sospechas de que el empresario había sido favorecido en el proceso inicial, ya sea con la imputación, con la prisión domiciliaria, hasta con la velocidad a la que supuestamente iba, e incluso con la condena mínima que le evitó cumplir cárcel de cumplimiento efectivo.

Aunque sea difícil de digerir, una modificación del Código Penal por incidentes viales tipificó los agravantes, de modo de esquivar la figura de dolo eventual que muchos creen subjetiva. Esa ley se sancionó y publicó en el Boletín Oficial unos meses antes de la muerte de Alan. Por eso la condena a Verdenelli ya incluyó como agravante aunque no lo mencionó explícitamente en los cargos, el hecho de haber abandonado la escena.

El mes en el que nadie supo qué pasó

Pero el mayor beneficio para Verdenelli fue haber “dormido” la causa más de cinco años, casi seis, y luego haber desaparecido el expediente un mes antes de comunicar el resultado del recurso de Casación. Lo de “desaparecido” es literal. Nadie sabe por qué el expediente se quedó en la Suprema Corte un mes más antes de notificarlo a Verdenelli, lo que le dio a su defensa una ventaja clara. Si fuera fútbol, sería como jugar 11 contra 9 los últimos diez minutos de un partido. Esa demora es motivo de investigación a dos puntas: Dalmiro Garay como presidente de la Suprema Corte y Omar Palermo como el último juez en votar, están haciendo averiguaciones internas. Hay por lo menos tres relatores y una relatora muy observados, y deben estar dando explicaciones en estos días.

Hay consideraciones que hacer. Una fuente del tribunal dijo a este columnista que había un proyecto de voto de Mario Adaro y José Valerio, de por lo menos dos años antes del fallo sobre la casación. Las mismas fuentes sugieren que Omar Palermo tomó más de dos años para revisar su propio voto, que marcó una disidencia. Para el juez, el echo de que Alan hubiese cruzado el Acceso sur por un lugar inapropiado y vestido de negro, lo hacía muy poco visible. Y que por ello Verdenelli no era totalmente responsable. A los pocos que hablaron con Palermo y le preguntaron, el juez les habría negado tal posibilidad. Afirmó que hizo su voto ni bien estuvieron firmados los otros dos votos de la Sala 2.

Los relatores

El papel de los relatores de la Suprema Corte es clave. Algunos de los jueces tienen relatores propios, que no le “prestan” a nadie (el juez José Valerio sería un caso), y otros son compartidos. En promedio, tienen cinco o seis relatores cada juez, y en algún caso usan más. Los relatores son quienes escriben y revisan una y otra vez los fallos de los jueces. Elaboran los proyectos de voto, aconsejan, y en algún caso están encima de los superiores cuando corren los tiempos de prescripción. De hecho, un juez del tribunal confesó en off the record “...esto se lo comió un relator…” pero no dio nombres.

El voto de Palermo, o mejor dicho, el tiempo que tomó para la casación es observado con lupa. Sobre todo porque habría recibido la “sugerencia” de declararse en licencia para no votar, en un caso que ya estaba decidido en contra de Verdenelli por Adaro y Valerio, de acuerdo con la reconstrucción que pudimos hacer. Pero Palermo cree en su academicismo y tiene razón. Es de los mejores jueces argentinos en materia penal, más allá de su pertenencia a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima o su adhesión a las teorías de Eugenio Zaffaroni.

Por lo menos cuatro relatores revisaron el proyecto de voto del juez Palermo. El nombre de uno de ellos en particular fue susurrado con malicia en los chismes de palacio. Se trata del hoy juez penal colegiado de la Tercera Circunscripción, Federico Sebastián Montero. El juez Montero es hermano del ministro de Salud Rodolfo Montero, uno de los funcionarios de Cornejo que podría tener un lugar muy preponderante en las listas de Cambia Mendoza el año próximo. El hermano juez ingresó a la Suprema Corte en mayo de 2023 y fue relator hasta que este año se oficializó su designación como magistrado, en medio de la prescripción del Caso Alan. ¿Cuánto tiempo tuvo Montero a revisión el voto de Palermo?

En 2024, a Federico Montero le pidieron revisar el proyecto de voto de Palermo, que había pasado antes por dos o tal vez tres relatores. A fines de 2025 lo tomó otro relator, que redactó el voto definitivo con los lineamientos que había dado el juez. El 6 de febrero de 2026 se lo devolvieron a Montero, para que hiciera el visado definitivo. El 12 de abril -menos de una semana después- éste se lo entregó a Pablo Ravalle, un funcionario judicial jefe de los relatores penales. Asigna tareas y hace el seguimiento. Es el prosecretario judicial e ingresó a la Corte junto con Omar Palermo. El juez habría dado una última mirada, su voto se subió al sistema “Iurix” y ese mismo día se conoció la sentencia rechazando la casación.

¿Y entonces, quién tiene el Gran Bonete?

El principal error de los jueces es haber esperado tantos años para tomar el caso. Hubiese sido raro que ello ocurriera el mismo año del juicio oral, pero… ¿Producir un fallo cinco años y diez meses después?

Hay un asunto inquietante alrededor de todo esto. Jueces de las dos alas políticas de la Corte suponen “cosas raras” en este caso, con referencia a que el expediente en papel tardó un mes en “bajar” de la Suprema Corte desde el 12 de febrero de este año, hasta el 16 de marzo que el Tribunal Penal Colegiado 2 (el de origen y de la sentencia) mediante una comisión de policías y un oficial de justicia logró notificar a Verdenelli. “De alguna manera, por alguna razón en particular este expediente estuvo un mes en la Corte luego de que salió la sentencia” dice un miembro del Poder Judicial cercano al caso. “Nadie sabe por qué ocurrió esta dilación” dice otra fuente. Extremadamente raro todo, cuando absolutamente todos los involucrados, desde el MPF, pasando por el TP2, los defensores de Verdenelli pero también los tres abogados querellantes, sabían el calendario de vencimientos y que las fechas estaban jugadas.

Todo lo que pasó después fue de apuro. La defensa de Verdenelli se tomó hasta el último día hábil para presentar un recurso extraordinario federal, luego en unos pocos días la Corte emitió el fallo de rechazo, pero ya era tarde porque era casi imposible llegar a tiempo. La audiencia en la que se discutió el escrito de prescripción el 31 de julio, dicen, habría sido un “paseo” para la defensa técnica del empresario que mató a Alan en aquella tragedia, cuando circulaba a exceso de velocidad (es lo que se pudo probar) en una zona de hasta 40 KPH porque había obras.

Confesiones

Un juez de la Suprema Corte confesó en reserva: “Cuando vas a 2.000 KPH en todas las curvas, un día no entrás a tiempo, y te la comés” dijo en referencia a un tribunal desbordado. Otro juez contó que a los supremos les llega todo. Unas 450 causas al año por cada fuero de los nueve que administran, civil y penal, los más importantes. Además, están el millar de Acciones Procesales Administrativas que llegan directo a la Corte desde el Estado, y que los jueces deben resolver. Uno más, priorizan los casos en los que hay detenidos.

Tal vez sea tiempo de debatir la casación horizontal (hay proyectos), que consiste en que los tribunales resuelvan apelaciones al mismo nivel como segunda revisión, o tener un tribunal de apelaciones (como cuando existía el “camarón”), o que la Corte pueda elegir qué casos tomar. Porque lo que viene ahora, los plazos perentorios por ley, será de prepo.

El futuro del caso Villouta es incierto. Hay que esperar la apelación de la querella (la familia de Alan), que será reforzada con abogados del Ministerio de Seguridad, del Ministerio Público, y luego ver qué decidirá la Corte, con un apunte en particular: los jueces de la Sala 2 no podrían decidir porque ya votaron. Entonces, cuando se sorteen los jueces que deben tratar la apelación de la prescripción, no podrían estar Palermo, Adaro ni Valerio, y el expediente recaería sobre tres de los otros cuatro jueces: Julio Gómez, Norma Llatser, Teresa Day o Dalmiro Garay. Este caso podría dar alguna sorpresa aún. Verdenelli no irá a la cárcel, nunca, por esta muerte. Pero estaría en debate si lo inhabilitan para manejar en caso de un fallo adverso, que -de ocurrir- será apelado.

Sin justicia para Alan

Alan tenía 21 años. Esa noche cruzó por el acceso, porque cuando lo había hecho por la pasarela que da a Las Cañas, lo habían asaltado dos veces. Probablemente cruzó corriendo. A causa del golpe murió instantáneamente y Verdenelli nunca frenó. Por el contrario, algún testigo afirmó en el juicio que aceleró más, aunque eso no pudo ser probado. Esa noche la familia de Alan, encabezada por Andrés Villouta y Andrea Bazán comenzó un peregrinaje de dolor interminable.

El lunes 26 de mayo del año pasado, un camionero encerró en Acceso Sur y Boedo a Lucía Villouta -hermana de Alan que iba en una moto de baja cilindrada- y al sobrepasarla, la chocó. Nunca frenó. La joven estuvo internada y recibió el alta unos días después. Por esas horas, todas las pesadillas volvieron a esa familia. La semana pasada los Villouta-Bazán recibieron con una mezcla de dolor, impotencia e incredulidad el sobreseimiento de Verdenelli. Ahora, tienen una mínima esperanza de revertir la situación. Buscan justicia y respeto por la muerte de su hijo. Y una pasarela para que la gente pueda cruzar, si no fuera mucho.

No podrían pedir menos.