Por Orlando Ragusa
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El presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama, remarca con insistencia que su propuesta sobre política inmigratoria será una solución casi mágica para los millones de indocumentados de varios países del mundo –pero fundamentalmente de América Latica– que viven y trabajan en su país. Es una población enorme, que fluctúa de manera incesante. Entran, salen, vuelven a entrar, todo por unos dólares más que ayuden a sus familias, que se quedaron en casa, a vivir un poco mejor en lugares donde la globalización, la rapiña financiera y los malos gobiernos despedazaron la economía y molieron el trabajo digno.
La estrategia de Obama a mediano plazo no es mala. Con esa promesa se asegura el voto latino para su partido y quizás logre la tan anhelada mayoría en las cámaras del Congreso de Estados Unidos.
Pero al mismo tiempo, sin cambiar el tono, Obama ofrece más sangre y fuego para los enemigos mortales de Estados Unidos: el terrorismo islámico y los carteles de la droga de América Latina. No lo dice de manera tan explícita, pero todos saben a qué se refiere cuando habla de terrorismo y narcotráfico.
El primer punto, el terrorismo, es demasiado complicado como para desentrañarlo en una nota de escaso tamaño. Pero sobre la lucha contra las drogas que los malignos carteles de México, Colombia o cualquier otro país del Sur intenta colocar en Estados Unidos hay que decir algunas cosas, para poner el panorama en claro.
Potenciales consumidores
Estados Unidos tiene hoy más de 300 millones de habitantes y buena parte de su población goza de ingresos superiores a la media de las naciones del Sur del continente. Esos 300 millones de potenciales consumidores de drogas ilegales son una fuerte tentación para cualquier vendedor de porquerías surtidas. La mayoría de los chicos que se inician en este camino de la dependencia química lo hace, en Estados Unidos, con sustancias artificiales que se elaboran en laboratorios de alta tecnología y cuyas cocinas están dentro de Estados Unidos. La pregunta del millón es cuál es la política de estado en ese gran país del Norte para reducir o aniquilar el consumo de droga.
Al parecer, es muy escaso el esfuerzo y bastante pobre el resultado. Los estadounidenses siguen drogándose masivamente, y su gobierno apunta a controlar el mercado de importación de fármacos prohibidos y no a mejorar la salud pública de los ciudadanos.
La cocaína, la marihuana y la heroína son difíciles de ingresar y costosas de consumir, comparadas con el éxtasis, el PCP y otras basuras que la química del 2013 puede producir en cantidades industriales en cualquier laboratorio bien equipado de Texas, Ohio, Delaware o Nueva York.
La cadena de comercialización de estos derivados químicos es tan eficiente y roza a tanto agente público de la ley y el orden que los consumidores compran su dosis en cualquier esquina por poca plata.
Con las otras, las derivadas de productos naturales, la cosa es más difícil y la química es más complicada. La famosa DEA nunca hizo campaña contra el consumo. Su misión es terminar con los carteles de la droga de Colombia, México, Venezuela y Nicaragua. Para eso hace falta montar un aparato cuasi militar, formalizar acuerdos con los países donde están los malos para poder atacarlos en sus nidos y gastar mucha plata en armas, pertrechos, medios de transporte, servicios de inteligencia y demás.
Se monta un gran negocio y se saca del foco de atención a los fabricantes de drogas químicas made in USA para trasladarlo a esos corruptos latinoamericanos que quieren envenenar al pueblo de Estados Unidos. Por eso, la política migratoria de Obama suena más a una expresión de deseo que a un programa serio de inclusión social de los desfavorecidos chicanos.