Del más de un millar de ex agentes represores de la dictadura militar de Chile condenados por crímenes de lesa humanidad, apenas 75 están encarcelados debido a las bajas penas aplicadas por los jueces, dijo el secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del gobierno, Francisco Ugás.
Sólo 75 ex agentes, de un total de 1.073 acusados, cumplen condenas privativas de libertad por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar de Pinochet.
Pocos represores chilenos cumplen prisión debido a lo bajo de las penas
Ugás dijo en rueda de prensa que hay sanciones tan bajas que se vulneran precisamente la proporcionalidad de la sanción en consideración de la gravedad del delito que se ha cometido, como lo establece el derecho internacional.
En Chile, la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) dejó 40.018 víctimas, entre las que se incluye a 3.095 opositores asesinados y a unos 1.200 desaparecidos.
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A casi un cuarto de siglo del fin de la dictadura, se ha avanzado en verdad, pero no en justicia, según las cifras difundidas por el Programa de Derechos Humanos.
A mediados de diciembre había 1.073 ex agentes procesados, acusados y condenados, de los cuales 281 están con penas a firme y ejecutoriadas, y sólo 75 de ellos permanecen a la fecha cumpliendo una pena de prisión efectiva, según Ugás.
“Ello significa que 206 (de los 281) de ellos recibieron condenas inferiores a 5 años y un día, y actualmente cumplen sus penas bajo el beneficio de la libertad vigilada”, agregó.
Las bajas condenas son posibles porque muchos jueces aplicaron durante bastante tiempo la llamada media prescripción, que significa que debido al tiempo transcurrido desde el delito, los magistrados rebajan a la mitad la pena, lo que ha hecho posible que centenares de criminales estén libres.
Ugás recordó que las normas del derecho internacional se oponen a que se aplique la media prescripción. “Nosotros estamos por sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos que se han cometido y no se han impuesto estas sanciones”, enfatizó.
“La judicatura es un poder autónomo del Estado, tendrá que resolver conforme al mérito del proceso y a las normas vigentes, pero también nuestra repartición ha instado a que no se aplique la media prescripción”, declaró.
Sin embargo, reconoció que los jueces están haciendo enormes esfuerzos por establecer la verdad y aplicar justicia, y dijo que un pacto de silencio entre los ex agentes ha impedido encontrar a la mayor parte de los 1.200 detenidos desaparecidos chilenos. Dijo que, en parte, ese silencio se debe a la responsabilidad penal que se encuentran afectos ellos, porque pueden ser procesados como encubridores, autores o cómplices de las desapariciones.
El Programa de Derechos Humanos fue creado en 1997 y tiene como misión contribuir al esclarecimiento de la verdad respecto a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Chile durante la dictadura.
Desde su inicio, el programa se ha hecho parte demandante en 903 causas por detenidos desaparecidos y ejecutados calificados, que suman 1.759 víctimas.
En la lista de ex agentes destacan las condenas al general Manuel Contreras, al brigadier Miguel Krassnoff y al coronel Marcelo Moren Brito.
Contreras, ex jefe de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Augusto Pinochet, acumula penas por 436 años de prisión, tras ser condenado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.