La Comisión Nacional de la Verdad divulgó ayer un informe condenatorio sobre las matanzas, desapariciones y torturas cometidas durante la dictadura militar de 1964-1985, y exhortó a procesar a los responsables.
Un documento condena las matanzas, desapariciones y torturas cometidas en la dictadura militar, entre 1964 y 1985. La represión y eliminación de los opositores políticos se convirtió en política de Estado, dice la investigación.
Pidieron el fin de la amnistía para militares brasileños
El reporte de 2.000 páginas fue entregado a la presidenta Dilma Rousseff, quien en los años ‘70 era guerrillera marxista y fue capturada, torturada y encarcelada.
“Bajo la dictadura militar, la represión y eliminación de los opositores políticos se convirtió en política de Estado, concebida e implementada en base a decisiones tomadas por el presidente de la república y ministros militares”, dice el documento.
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La comisión “por lo tanto, rechaza enfáticamente las explicaciones ofrecidas hasta hoy de que las violaciones a los derechos humanos no fueron más que unos pocos hechos aislados o excesos de unos cuantos soldados”.
Los investigadores pasaron casi tres años revisando archivos, registros de hospitales y morgues, e interrogando a las víctimas, sus familias y los supuestos culpables. El documento representa la revisión más completa en Brasil para arrojar luz sobre los abusos a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.
La comisión de siete miembros, creada por el Congreso y juramentada ante Rousseff en 2011, no tiene poderes procesales y una ley de amnistía de 1979, aprobada por el régimen militar, impide que los responsables sean juzgados y castigados. El informe reclama su anulación.
El documento detalla exhaustivamente la práctica sistemática de los militares de cometer detenciones arbitrarias y torturas, ejecuciones, desapariciones forzadas y el ocultamiento de cadáveres. Documenta 191 matanzas y 210 desapariciones atribuidas a las autoridades militares, como también 33 casos de desaparecidos cuyos cadáveres fueron hallados.
“Estas cifras, por cierto, no corresponden al total de muertes y desapariciones, sino sólo de casos que fue posible comprobar”, dice el informe, y cita “los obstáculos encontrados durante la investigación, especialmente la falta de acceso a la documentación de las Fuerzas Armadas, que según se dijo oficialmente ha sido destruida”.
Rousseff, notoria por su fortaleza de ánimo, perdió la compostura durante su discurso de presentación del informe en Brasilia. El público le tributó una ovación de pie.
“Brasil merece la verdad. Las nuevas generaciones merecen la verdad. Y, sobre todo, quienes merecen la verdad son aquellos que perdieron a miembros de sus familias, amistades, compañeros y siguen sufriendo como si volvieran a morir cada día de sus vidas”, afirmó la presidenta, a veces cortándose a mitad de una frase, luchando por contener las lágrimas. “Nosotros, que creemos en la verdad, esperamos que este informe contribuya a ese objetivo, para que los fantasmas de un pasado triste y doloroso no puedan seguir refugiándose en el silencio”.
Rosa Cardosa, abogada penalista y miembro de la comisión, dijo que documentar la represión del régimen militar a estudiantes, dirigentes sindicales, trabajadores de fábricas, tribus indígenas y otros calificados de subversivos es crucial para restañar las heridas en la sociedad brasileña.
Dudan de que haya sanciones a represores Los países vecinos de Brasil —nuestro país, Uruguay y Chile— han investigado crímenes cometidos por los regímenes militares en la misma época y condenado y aplicado sentencias severas a altos funcionarios y militares.
Muchos observadores dudan de la voluntad política del gobierno para hacer otro tanto.“No puede haber amnistía para los torturadores y, a fin de que estos sean responsabilizados por sus crímenes, la ley de amnistía debe ser modificada o anulada totalmente”, opinó Elizabeth Silveira e Silva, del grupo Tortura Nunca Más.
Rousseff ha mantenido una presencia discreta en lo que respecta a las cuestiones vinculadas con la dictadura. Rara vez habla sobre los abusos que padeció durante su detención, cuando era atada y colgada cabeza abajo, y sacudida por golpes de corriente eléctrica. Su pasado, sumado a un escándalo masivo de corrupción atribuido a su partido, el de los Trabajadores, que involucró a la compañía Petrobrás, ha llevado a muchos a conjeturar que es improbable que promueva cambio alguno a la ley de amnistía.
Fuente: AP.