El Parlamento catalán, de mayoría independentista, aprobó una moción que desafía al Tribunal Constitucional español, al ratificar la anulada resolución del 9 de noviembre de 2015 mediante la que se pretendía iniciar el proceso de ruptura con .
La votación estuvo rodeada de polémica, no sólo por la negativa de los partidos no secesionistas a debatir sino por las discrepancias que suscitó en el propio bloque independentista, debido a la intención de los anticapitalistas de la CUP de reclamar a los Mossos d' Esquadra (policía catalana) que no ejecuten órdenes de la Justicia española orientadas a frenar el proceso de secesión.
El texto aprobado se apoya en el "mandato democrático" surgido de las urnas el 27 de setiembre -cuando se impuso una mayoría independentistas en las elecciones regionales- para ratificar la "firme voluntad de seguir llevando a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas por el Parlamento, para alcanzar y culminar democráticamente la independencia" de Cataluña.