El diálogo del que participan el gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas) entró en una fase trascendental con la participación de los afectados por ataques de la guerrilla, del Ejército o de los paramilitares en la mesa de negociaciones.
Los delegados reanudaron la negociación tras un receso de semanas con motivo de las elecciones en Colombia realizadas el 25 de mayo y el 7 de junio la segunda vuelta, cuando resultó reelecto el presidente Juan Manuel Santos.
Durante esa pausa, las partes mantuvieron reuniones preparatorias para acordar los mecanismos en los que participarán las víctimas en las conversaciones.
Los negociadores por parte del gobierno de Santos, encabezados por el ex vicepresidente Humberto de la Calle no ofrecieron declaraciones a su llegada ayer al Palacio de Convenciones de La Habana, sede de los diálogos desde su inicio en noviembre de 2012.
En cambio, el número dos de las FARC y jefe negociador de la guerrilla, Iván Márquez, alias de Luciano Marín Arango, se dirigió a los medios para afirmar que el proceso entra ahora en un tema “trascendental”.
“Este asunto es muy importante porque nos va a entregar las claves para llegar al camino que nos lleva hacia la reconciliación de la familia colombiana”, indicó Márquez, tras pedir a todos los colombianos que dejen atrás los sentimientos de odio y de venganza.
El jefe guerrillero consideró que la sociedad debe “disponer el espíritu para la humildad, para escuchar, para el perdón”, ante un punto que se prevé de los más complejos de la agenda que persigue la paz en el país.
Hasta ahora, gobierno y guerrilla lograron acuerdos parciales en tres de los temas que componen la agenda de negociación: desarrollo rural, participación política y cultivos ilícitos.
El debate que se inauguró ayer estará marcado por la participación de las víctimas, tanto en la mesa de negociación como a través de las propuestas incumplidas en un documento de 13 puntos, fruto de los foros realizados en Colombia con afectados de la violencia.
En los foros, organizados por la ONU y la Universidad Nacional asistieron más de 3.200 víctimas directas del conflicto que, según datos del Centro de Memoria Histórica, ya dejó 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos, 5,7 millones de desplazados y 27.000 secuestrados.
En cada uno de los próximos cinco ciclos y desde el sábado participará una delegación de víctimas integrada por doce personas buscando representatividad entre los afectados por actos de la guerrilla, los paramilitares o el Estado.
Al entrar en este punto tan sensible de la agenda, el gobierno y las FARC manifestaron que “no se intercambiarán impunidades” en La Habana, una premisa en la que parecen coincidir.
Por el contrario, entre los puntos donde no coinciden las partes es en el marco jurídico para la paz. En ese sentido, las FARC remarcaron que no lo acatarán porque no fue consensuado en Cuba y rechazaron cualquier acción jurídica a espaldas de la mesa.
La guerrilla criticó este instrumento conocido como acto legislativo 01 de 2012 o Marco Jurídico para la paz, aprobado en el Congreso en 2012 y a la reciente sentencia de la Corte Constitucional que rechazó la participación en política de miembros de las FARC que hayan sido condenados por crímenes de lesa humanidad.
“Rechazamos una vez más la maleza jurídica que se ha venido sembrando en los campos de paz con el ánimo de hacer de los diálogos de La Habana un mecanismo inútil”, indicó Márquez al leer una nota.
“El Marco Jurídico para la paz implica enmarañados mecanismos para castigar exclusivamente a la insurgencia”, criticó y agregó que “se está extendiendo sigilosamente una telaraña jurídica”.