Las amenazas del presidente Donald Trump de enviar tropas federales a Chicago y Boston encendieron las alarmas entre juristas y defensores de los derechos civiles. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya inició operativos en ambas ciudades, donde se reporta un aumento de agentes federales, especialmente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informa EFE.
Militarización en Chicago y Boston
Tom Homan, asesor cercano a Trump y conocido como “zar de la frontera”, adelantó que la Casa Blanca desplegará a la Guardia Nacional en varias ciudades santuario, aquellas que protegen a la comunidad migrante.
Con este movimiento, Chicago y Boston serían la tercera y cuarta ciudad en recibir tropas, tras Los Ángeles y Washington D.C. Trump, además, señaló que no se detendrá allí y apunta a otras ciudades demócratas como Seattle, Baltimore, San Francisco y Portland.
Choque legal por el uso de tropas federales
Expertos legales advierten que enviar militares en contra de la voluntad de autoridades locales podría ser un abuso de poder. Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York, calificó la medida como “una maniobra brutal” y contraria a la Constitución.
El Gobierno ya enfrenta una demanda por el despliegue de marines en California durante las protestas contra la política migratoria. Un juez federal declaró “ilegal” esa acción, al considerar que violaba el Posse Comitatus Act, ley que prohíbe usar tropas en tareas de seguridad pública. Aunque el fallo frenó el despliegue en California, no tiene alcance nacional.
Donald Trump busca alternativas con la Guardia Nacional
Para sortear las restricciones legales, el Gobierno estudia recurrir a la Guardia Nacional de otros estados. Según el gobernador de Illinois, JB Pritzker, la administración planea enviar tropas de Texas a Chicago, aunque el estado texano no lo confirmó.
El profesor Steve Vladeck, de la Universidad de Georgetown, advierte que esta estrategia podría violar la Constitución y abrir la puerta a un enfrentamiento en la Corte Suprema.
De concretarse, analistas temen que Donald Trump esté sentando un precedente de intervención militar en ciudades gobernadas por la oposición, lo que marcaría un punto crítico en la relación entre el Gobierno federal y los estados.





