De farsa calificó ayer Human Rights Watch (HRW) el proceso penal que se sigue en Venezuela contra la líder opositora María Corina Machado y consideró que el Poder Judicial de ese país es un apéndice del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“El Poder Judicial de ese país es un apéndice del gobierno del presidente Maduro”, aseguró Human Rights Watch. Corina Machado afirma que las acusaciones son falsas.
Calificaron de farsa la acusación contra líder opositora venezolana
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, dijo en conferencia de prensa que por “las evidencias que ha mostrado el gobierno y los epítetos y las calificaciones utilizadas por el propio presidente Maduro, que la ha llamado asesina, al igual que el presidente del Congreso, da la impresión de que (el caso contra Machado) constituye simplemente una farsa más”.
Vivanco se quejó de “la falta de independencia del Poder Judicial” venezolano, del que dijo era “una apéndice del Ejecutivo” ya que le sirve “para convalidar las necesidades... y las decisiones políticas del Ejecutivo”.
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En la justicia de Venezuela “se presume la culpabilidad..., no la inocencia”, dijo Vivanco, e instó a la comunidad internacional a que incremente “su presión a Venezuela por los hechos que allí están ocurriendo”.
El miércoles, en Caracas, a Machado le fue imputado el delito de conspiración por su presunto vínculo con un plan para asesinar a Maduro.
“Acabo de ser imputada por el delito de conspiración, un delito que tiene una pena de hasta 16 años de prisión. Todas las acusaciones y las supuestas pruebas son falsas”, dijo Machado a periodistas a su salida de la Fiscalía.
El abogado Tomás Arias, que encabeza al equipo de defensores de la líder opositora, comentó que en ningún momento “se especificó” el vínculo de Machado con el supuesto plan de magnicidio.“Hemos solicitado información adicional para presentar nuestros alegatos”, agregó.
Machado –investigada desde marzo por la supuesta conspiración denunciada por el oficialismo– compareció ante el Ministerio Público, en el centro de la capital, donde le imputaron el cargo de conspiración “para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación”, de acuerdo con la Fiscalía General.
En junio, las autoridades judiciales le prohibieron salir del país poco después de que el partido gobernante la despojó de su escaño en la Asamblea Nacional.
Machado, de 47 años, ha dicho repetidamente que el gobierno usa los tribunales para “perseguir y callar todas las voces” disidentes.
Horas antes, la ex congresista había dicho a AP en una entrevista telefónica que “no he cometido ningún delito, voy a la Fiscalía a enfrentar la infamia de un Poder Judicial que de rodillas atiende las órdenes de Miraflores (el palacio de gobierno de Caracas)”.
“Este es el precio que tengo que pagar por decir la verdad en Venezuela y el mundo, decir que en Venezuela hay una dictadura”, añadió.
Marie Harf, portavoz del Departamento de Estado, expresó en un comunicado la “profunda preocupación” de Washington “por lo que parece ser un esfuerzo continuo del gobierno venezolano de intimidar a sus opositores políticos a través del abuso del proceso legal”.