"En Mendoza las minas son para explorar, no para especular": advierten que puede haber más permisos revocados

Shantal remarcó que la decisión se apoya en el Código de Minería y en el nuevo Código de Procedimiento Minero de Mendoza, y que no admite vuelta atrás. “Es insalvable, es objetivo. No se materializaron la instalación de los trabajos y el inicio de las inversiones, inmediatamente se revoca el permiso y esa persona pierde la posibilidad de explorar en esa área”, explicó. Para entender por qué ese plazo pesa tanto, hay que ver dónde se ubica dentro del camino que recorre un proyecto desde el pedido hasta el ingreso al terreno.

Cuándo empieza a correr el reloj

En la Argentina rige el principio de prioridad, que el funcionario resumió como “primero en el tiempo, primero en el derecho”. Quien primero solicita un permiso de exploración, o cateo, y cumple los requisitos de la ley obtiene el derecho, porque el Estado tiene prohibido explotar minas. Antes de la concesión, el solicitante debe notificar al propietario del terreno, que puede reclamar una indemnización o una fianza. Luego, el trámite pasa por un dictamen de Fiscalía de Estado.

Otorgada la concesión, el titular tiene 30 días para presentar el informe de impacto ambiental. Ese expediente corre por una vía separada, con dictámenes técnicos de una universidad y de organismos sectoriales, audiencia pública y, en la minería metalífera, la ratificación de la Legislatura. “Si no tenemos una declaración de impacto ambiental, es decir, la aprobación del permiso ambiental, no podemos ingresar al terreno”, recordó Shantal. Con la concesión y la DIA en mano empiezan a correr los 30 días para instalar los trabajos, y desde ahí los plazos para explorar dentro de un área delimitada. Ese fue el paso que no se cumplió en los dos permisos revocados.

Las obligaciones siguen después de ese paso. “La actividad minera es la única actividad industrial cuyo permiso ambiental tiene que actualizarse cada dos años, la única”, subrayó el director. Esa actualización también se exige ante cada hecho nuevo. Además, la Policía Ambiental Minera puede imponer obligaciones nuevas, como ampliar la línea de base o presentar planes de manejo específicos.

El funcionario aclaró que la mayoría de los titulares está moviendo sus proyectos. “En muchos casos nos han pedido suspensión de plazos porque no han podido acceder por la temporada. Hoy todavía hay muchísima nieve y esa suspensión la hemos otorgado”, explicó. Aun así, advirtió: “Estamos permanentemente revisando el cumplimiento de las obligaciones”. Una vez que un permiso cae, el nuevo código provincial prevé un procedimiento pensado para subir la vara de las inversiones comprometidas.

Qué pasa con las áreas que se liberan

Cuando la revocación queda firme, la Dirección notifica a Impulsa Mendoza, la empresa del sector público provincial, según el artículo 39 del Código de Procedimiento Minero. Impulsa tiene 30 días para ejercer un derecho de preferencia sobre el área y, si lo hace, 180 días para licitarla. “Tiene una prohibición expresa de quedarse con participación o establecer algún contrato asociativo o royalty por esa propiedad que licita. Es decir, no va a obtener absolutamente nada”, enfatizó Shantal. Lo que sí fija la licitación son compromisos de inversión y garantías para asegurar que se cumplan.

La razón, según el funcionario, está en el marco nacional. “Nuestro Código de Minería de la Nación, lamentablemente, es muy antiguo y no nos permite solicitar una garantía por el cumplimiento de las obligaciones”, señaló. Con las normas provinciales, Mendoza busca adecuar ese marco a la minería actual. “Hasta ahora no tenemos ningún recurso, impugnación o acción de inconstitucionalidad que nos haya impedido seguir avanzando”, agregó.

Los que avanzan hacia la etapa más exigente

En la etapa de cateo, el titular debe presentar un plan mínimo de trabajos. No tiene un monto fijo, pero el equipo técnico, geológico, ambiental y legal de la Dirección lo evalúa y después verifica que se cumpla. La exigencia económica sube cuando un proyecto manifiesta un descubrimiento. Ahí aparece el plan de inversiones de capital fijo, con un piso de 300 veces el canon por pertenencia. Para una mina de unas 10.000 hectáreas, ese compromiso puede superar los $2.000 o $3.000 millones. “No cualquiera puede cumplir con el plan de inversiones del Código de Minería”, advirtió Shantal.

Entre los proyectos más avanzados hacia esa instancia, el director destacó que “El Seguro es uno de los que está más avanzado”, junto con El Perdido y El Destino, estos dos últimos de Kobrea junto con BHP. También nombró a San Romeleo, de Arex Mining; a Amper Lithium; a Jaguar, con Huemul; y a Geometales, con tres proyectos en Malargüe.