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En un fallo rechazó un recurso del matrimonio investigado por serias irregularidades en la gestión municipal.

La Corte dispuso que el ex intendente Lobos y su mujer no pueden volver a trabajar en Guaymallén

La Corte dispuso que el ex intendente Lobos y su mujer no pueden volver a trabajar en Guaymallén

Finalmente la Corte Suprema de ordenó que Luis Lobos y su mujer Claudia Sgró no pueden volver a trabajar en el municipio de .Así lo dispuso el máximo tribunal en respuesta al recurso que el imputado exintendente de Guaymallén interpuso luego de que el actual jefe comunal, Marcelino Iglesias (UCR), lo echara del municipio junto a su esposa.El matrimonio había presentado una acción procesal administrativa ante la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual pretendía la restitución de sus puestos de trabajo. Pero la Corte provincial no aceptó el planteo.El pasado 17 de mayo, Lobos y su mujer fueron removidos de la comuna por "causas judiciales (ambos están imputados por la Justicia Penal), falta a los deberes de funcionario y retención de documentación pública", según indicaron en aquel momento fuentes del gobierno de Iglesias.El fallo:VISTOS: El llamado al acuerdo de fs. 230, y

CONSIDERANDO: I.- Que a fs.213/220 los Sres. Luis Alberto Lobos y Claudia Verónica Sgro Fernández deducen acción procesal administrativa solicitando se anule el decreto n° 1306 dictado por el Intendente de la Municipalidad de Guaymallén por el cual se dispone la sanción de cesantía.

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II.- Corresponde en esta etapa analizar si se encuentran dadas las condiciones de procedibilidad, es decir, los presupuestos que habilitan la instancia contencioso administrativa. El art. 5 de la Ley 3918 dispone que para la promoción de las acciones reguladas por esta ley, es necesaria la existencia de una decisión administrativa definitiva y que cause estado.Decisión definitiva es la que resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada y la que, siendo de trámite, impide totalmente la continuación delReclamo interpuesto.En tanto que decisión que causa estado es la que cierra la instancia administrativa por haber sido dictada por la más alta autoridad competente una vez agotados los medios de impugnación establecidos en las normas que rigen el procedimiento administrativo.Por otra parte el art. 20 del mismo cuerpo legal establece para la interposición de las acciones procesales administrativas el plazo de 30 días corridos, el que empieza a correr al día siguiente de la notificación de la decisión administrativa. En la especie, del primer análisis de la cuestión formal a resolver, se evidencia que la acción ha sido interpuesta de modo extemporáneo, toda vez que de la compulsa del expediente administrativo -N°2434-DAL-2016-60204- se desprende que los accionantes fueron notificados del decreto impugnado en fecha 17 de mayo de 2016 (fs. 116 vta. y 117 vta.) y la acción procesal administrativa se inicio en fecha 22 de junio de 2016, habiendo expirado el plazo el día 21 de junio de 2016 a las 09.30 hs. A mayor abundamiento, tampoco surge que se haya interpuesto el recurso de revocatoria previsto en el inc. j) del artículo 44 de la ley n° 5892 y que pone fin a la instancia administrativa (inc.k). Es decir que la resolución cuestionada no causó estado. A este respecto cabe recordar que este Tribunal ha expresado "...si la cuestión ha sido resuelta en un procedimiento sancionatorio, la vía se agota en el recurso de revocatoria ante el Intendente (LA 153-108; 153-132; 152-349)... (LS 380-149).Por todo lo expuesto, seRESUELVE: 1) Rechazar formalmente la acción incoada a fs.213/220 por los Sres. Luis Alberto Lobos y Claudia Verónica Sgro Fernández, con costas.

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