El gobernador de apeló a la profesionalidad de los peritos psiquiátricos para ofrecer informes mucho más categóricos en cuanto a la peligrosidad o no de una persona acusada de , a modo de ayudar efectivamente a los fiscales a tomar la decisión de enviar al acusado al penal.
La reacción fue en respuesta a la polémica desatada por la huelga de hambre de los internos acusados de ese delito que están alojados en los pabellones 5 y 9 del penal de Boulogne Sur Mer. Allí, además de quejarse de las condiciones de hacinamiento en la que viven, advierten de que muchos de ellos han sido encarcelados por falsas denuncias, pasando meses encarcelados siendo inocentes.
El gobernador admitió que pueden existir falsas denuncias, pero pidió que los peritos sean más técnicos en lugar de estar pendientes de la opinión pública o de aquella que provenga de funcionarios.
"En las pericias psiquiátricas mucha gente pone la firma y se hace cargo de lo que escribe y otros dicen que el denunciante no es fabulador, pero tiende a acomodar los hechos, según conveniencia. Así toda la carga la ponen en el fiscal o en el juez de Garantías que tienen que revisar el caso", indicó Cornejo.
A la par aclaró que, por norma, todos los denunciados que no revisten peligro deben estar fuera de la cárcel, pero subrayó que "los cuerpos médicos forenses tienen que ser expeditos, y en realidad hay una demagogia institucional muy acentuada de cortar por lo sano y evitar el tratamiento profesional del tema".
Además, agregó que según la información que maneja, el 90% de los que están en el penal son casos donde ya han sido denunciados por otros delitos o son reincidentes en el delito de violencia de género.
En resumen, para el gobernador, en la medida que vayan mejorándose las pericias, y desde lo judicial sean mejor gestionados los casos, podrán ajustarse más los pedidos de prisión a los hechos más graves.
Medidas de los fiscales
En el mismo sentido, el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, durante la presentación de una acordada para enviar a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC, ex RENAR), consideró que los internos acusados de violencia de género en realidad no son tantos como parece, ya que sólo son 320, en el contexto de 1.700 denuncias recibidas hasta abril pasado, y reiteró que buscará implementar un juzgado de flagrancia para resolver en 48 horas estos casos, en lugar de esperar varios meses el juicio en el penal.
Asimismo, anunció que se trabajará en el registro de los denunciados por violencia de género y que el mismo se elevará a la ANMAC a los fines de que no se les permita a estos hombres portar armas. "El Ministerio Público Fiscal empezará a comunicar las personas vinculadas con los delitos de violencia de género para evitar que se les pueda otorgar, en lo sucesivo, la tenencia o portación de arma", afirmó.