Fue una promesa de campaña y podría darse un primer paso lleno de simbolismo político: bochar el pase a planta permanente del Estado de 83 personas, que se asegura que lo lograron por ser allegados al ex gobernador . Se trata de militantes, amigos, parientes de ministros, asesores de áreas inventadas o sobrevaloradas y funcionarios de carrera ascendidos sin motivo, que compartieron el gobierno anterior y fueron premiados con estos nombramientos.
El decreto que daría de baja estas designaciones ha sido celosamente guardado por estos días, con detalles de nombres, funciones, fecha de ingreso, etcétera.
Pero además, se espera que la resolución sea explicada en una conferencia de prensa. Es que nadie del gobierno de ni de su entorno cuenta nada, porque buscan garantizar que el decreto sea impenetrable desde el punto de vista legal, para inmunizar a la medida de cualquier embate jurídico que termine por descalificar esta decisión política del gobernador.
Además, la puesta en espera del decreto se debe a que el Ejecutivo quiere encontrar el momento oportuno para darle a la medida la máxima visibilidad mediática, aunque esto sea negado tajantemente.
Claro está que estos primeros 83 no serán los únicos, ya que se habla de un grupo de 300 a 400 personas que ingresaron al Estado en el último tramo del gobierno de Pérez de forma irregular. En particular, en Salud e Infraestructura.
Los caminos para concretar los ingresos fueron variopintos, pero uno de los más utilizados fue designar al funcionario en cuestión en una categoría fuera de escala, con una clase 75, por ejemplo, y darle por decreto un cargo de planta.
En ese mismo decreto se le daba licencia en el cargo para que pudiera cumplir su función jerárquica. En muchas ocasiones, la designación también fue acompañada con el pago de ítems como "mayor dedicación".
Terminada la gestión Pérez, estos empleados debieron volver a sus puestos de trabajo, pero no todos lo hicieron utilizando el recurso de las adscripciones, por lo cual quedaron acomodados en oficinas alejadas de la Casa de Gobierno o en lugares más agradables, como la Legislatura u organismos descentralizados, para pasar el chubasco del nuevo gobierno radical.
Sin embargo, a partir del decreto 2.701, este camino también les fue vedado, porque Cornejo decidió que todos volvieran a sus puestos de origen.
El Gobierno encontró otro tipo de vicios en los pases a planta, ya que hay casos de designaciones luego del 30 de junio, fecha límite según la Ley de Responsabilidad Fiscal. Otros tantos no cuentan con la documentación necesaria para que se autorice el ingreso y, de hecho, algunos expedientes no fueron hallados. Un grupo importante de decretos no tiene crédito presupuestario, y en algunos casos directamente no fueron publicados en el Boletín Oficial.
Los gremios miran de reojo
Si bien ningún dirigente de los gremios estatales se ha expresado en contra de terminar con los ingresos a dedo en el Estado, se sabe que miran con preocupación todo el proceso, ya que temen que en el mismo tren sean llevados por delante los derechos de trabajadores que realmente se ganan el sueldo.
Por eso, el tema a debatir en las constantes asambleas que están siendo celebradas por estos días en distintas dependencias de Gobierno tiene que ver con el cumplimiento de los pases a planta de los contratados hasta 2014, y con la posibilidad de perder el pago por mayor dedicación, según el mismo decreto 2.701 que manda a revisar el motivo por el cual se paga y si realmente esas horas son de cumplimiento efectivo.
En la sede de AMPROS había una reunión de delegados gremiales para decidir un plan de acción e informar sobre las medidas judiciales que serán presentadas por la Ley de Emergencia Sanitaria, pero también por los alcances del decreto 2.701.
En tanto, desde Sitea ya han realizado varias asambleas, donde con igual preocupación ven cómo se mezclan los ñoquis con los casos de empleados precarizados.
"Hay muchos que están por jubilarse, por ejemplo, y cobran mayor dedicación porque de esta forma se les aumentó el salario, y si se la quitan justamente ahora serán muy perjudicados", indicó Federico Loritte, secretario del gremio.
Y agregó: "No apoyamos las designaciones a dedo, pero tampoco queremos el ajuste del gasto, porque eso lo sufren los trabajadores; hay otros gastos por reducir antes. Lo que no queremos es que se ponga a todos en la misma bolsa".
Loritte adelantó que seguirán los encuentros con el resto de los gremios estatales y que en febrero llegarán las medidas más fuertes si el Gobierno desconoce la posición de los sindicatos.