En política ningún acto es inútil, aunque las expectativas sobre sus efectos sean inciertas y los pronósticos, descabellados.
Quedó demostrado en la práctica cuando la Suprema Corte de Justicia de acusó recibo sobre los airados reclamos del gobernador y del jefe de los fiscales, , y decidió el máximo tribunal volver sobre sus pasos.
Intentando calmar el clima de confrontación y la crisis institucional que se había generado a fin de año, la Suprema Corte local cedió ayer a que el polémico fallo plenario que emitió a favor 874 presos sea revisado por la Corte de la Nación.
Los supremos hicieron lugar al planteo del procurador a pesar de que anticiparon en la resolución que la Corte nacional no querrá tratarlo.
"En cuestiones de derecho procesal local, en forma reiterada, la Corte de la Nación ha dicho que no constituyen cuestión federal habilitadora de este recurso", citando los supremos locales más de 50 fallos del máximo tribunal nacional.
Sin embargo, los jueces Alejandro Pérez Hualde, Omar Palermo, Julio Gómez, Jorge Nanclares, Mario Adaro, Norma Llatser y Eduardo Martearena -los dos últimos como subrogantes- decidieron por unanimidad hacer la excepción.
"La trascendencia y repercusión pública que se ha atribuido a la resolución por parte de las máximas autoridades de los poderes públicos de la provincia demuestran un manifiesto interés institucional que podría habilitar la vía federal".
Agregan que la afectación de la seguridad pública también lo amerita.
Suspendida
De esta manera, quedó suspendida la aplicación de la sentencia que imponía que los jueces de Garantía revisaran los casos de 874 personas encarceladas por los fiscales, detenciones que nunca habían supervisado los juzgados de Garantías, a pesar de que estos son los árbitros y custodios de las garantías constitucionales de todo individuo bajo proceso en el sistema penal.
La suspensión alcanza también a la interpretación de cómo deben los fiscales y jueces aplicar los plazos de la investigación y resolver una detención inmediata.
La novedad de esta sentencia resuelta sobre el filo de la Navidad a instancias de la ONG de Derechos Humanos Xumek, que impulsó un hábeas corpus en favor de los presos, disparó una crisis política entre la Corte y el Poder Ejecutivo, que llevaba menos de 20 días en el poder.
Al tratarse de un hábeas corpus, una vía jurídica de carácter urgente, el recurso no preveía, como es habitual en los casos comunes, la consulta legal a los afectados.
Así ni el Gobierno provincial ni el jefe de los fiscales fueron parte del expediente y no tuvieron voz para cuestionar el pedido de Xumek.
A pesar de ello, el gobernador Alfredo Cornejo jugó una carta fuerte y salió con toda la artillería a anunciar que el fallo era inaplicable y que liberaría masivamente a los presos. Luego exigió una reunión con la Suprema Corte -que consiguió a medias- pidiendo la no aplicación del fallo.
En medio de un clima públicamente ardido, el jefe de los fiscales, el procurador Rodolfo González, hizo el resto, solicitando formalmente ir a la Corte nacional, tachando la sentencia de "arbitraria" y compartiendo la postura del Gobierno de Mendoza.
La carta del tándem Poder Ejecutivo-Procuración dio su frutos y la Corte concedió ayer el pedido de ir en revisión a la Nación.