El uso del WhatsApp lo cambió todo. En la sesión del Senado de donde la Izquierda había presentado un proyecto de resolución para que ese cuerpo repudiara la investigación judicial hacia tres legisladores de esa fuerza, Lautaro Jiménez, Héctor Fresina y Víctor da Vila, por haber participado en cortes de calles durante el último paro nacional del 6 de abril pasado, cada uno había dicho lo suyo, dentro de los carriles normales. Tanto el bloque del Justicialismo como Libres del Sur adelantaron su voto a favor de la iniciativa por considerar que el Ejecutivo se había excedido al marcar de antemano (a través de declaraciones del ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, y del subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino), el pedido de desafuero que podría devenir del propio proceso judicial y casi celebrando dicha posibilidad.
Primer audio
Fue la senadora del PJ Patricia Fadel quién hizo escuchar un audio de la famosa aplicación de una entrevista hecha a D'Agostino en un medio digital, donde esta posición del gobierno quedaba clara.
Hasta allí, el oficialismo se había mostrado tolerante a las acusaciones de la oposición de estar viviendo un virtual estado dictatorial, bajo un gobierno que aplica la persecución de los trabajadores a través de sus representantes sindicales o, como en este caso, legislativos.
Armando Camerucci, presidente del bloque radical, había dicho hasta ese momento, que aún no había ningún pedido de desafuero para analizar y que llegado el caso también sería tenido en cuenta este malestar por la supuesta intromisión del Ejecutivo en el Poder Legislativo con ayuda del Poder Judicial.
Segundo audio
Sin embargo, un audio llegó al celular de la senadora del FIT Noelia Barbeito, quién pidió la palabra para hacerlo escuchar en el recinto. Era el gobernador respondiendo una consulta periodística sobre el tema, donde expresó "estoy encantado, y es una provincia que empieza a ser seria, que la gente que corta las calles tiene que ser sancionada, y mucho más si son legisladores, es decir, tendrían que dar el ejemplo, cortar las calles es un delito, pero les parece que eso es lo normal".
A lo que siguió una repregunta de por qué no se habían imputado a los participantes de las marchas en apoyo al Gobierno nacional o, por ejemplo, por el caso Nisman. Allí Cornejo fue más despectivo aún, calificando a los legisladores como "patéticos" por vivir estos cortes como si fuera algo heroico, donde se juegan la vida, argumentando que los legisladores deben someterse a la ley como cualquier hijo de vecino, trayendo como ejemplo las imputaciones que sufrieron los ex trabajadores de YPF que durante años esperaron el pago de sus retiros.
El Senado se convirtió en un pandemonio, donde el enojo provocó un griterío, acusaciones y chicanas del calibre más variado, todo lo que ofrecía la lengua en ese momento. Cuarto intermedio y archivo del proyecto fue el resultado final.
La vicegobernadora explicaría entre tanto barullo que había permitido el uso del WhatsApp para facilitar las cosas. ¿Lo irá a permitir otra vez?
Los legajos
Citados. Empezaron a ser citados todos los legisladores y líderes sindicales que protagonizaron los cortes de calle el 6 de abril pasado. Además de los senadores y diputados del FIT, fueron citados Raquel Blas, Jorge Chávez de ATE y Polo Martínez Agüero de la CTA, siendo 8 en total.
Código de Onganía. Se los acusa de violar el artículo 194 del Código Penal impuesto por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, por cortar la circulación, aún cuando dejaron vías de acceso alternativas libres y no hubo desmanes o actos de violencia.
Reclamo. El FIT analiza presentar un reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la intromisión del Poder Ejecutivo en los otros poderes del Estado.