Semana movidita en la Justicia Federal por Walter Bento, la Ley de Tierras y Garrido y Baigorria

Para muchos fue indignante que Walter Bento pase la mitad de la semana haciendo vida de hogar y apenas el resto tras las rejas. También dijo lo suyo la Fiscalía Federal, que lo había investigado y acusado al final del largo juicio que terminó en condena. La fiscal federal Patricia Santoni anticipó públicamente que presentará un recurso judicial para que esa especie de régimen de semilibertad termine cuanto antes.

Walter Bento tiene los recursos económicos para que la esposa, Marta Boiza, en silla de ruedas tras varias cirugías en una pierna, y el hijo, quien padece de una afección neurológica desde niño, estén bien asistidos, dijo la magistrada. De hecho, sigue viviendo en un barrio privado, continuó.

Sin embargo, de acuerdo a su resolución, el juez Jorge Gamal Abdel Chamia señaló que, más allá de los tratamientos y acompañamientos médicos y terapéuticos, Walter Bento puede darle a sus familiares lo que la ciencia no puede darles: contención.

La controversia quedó picando. Y la polémica, a la orden del día.

Para tener en cuenta: desde este viernes, Walter Bento puede estar en su casa, cada semana, desde el viernes a las 10 hasta las 14 del lunes, cuando debe ser llevado de regreso a la prisión. Antes de que el juez le habilitara este beneficio, podía estar con su familia un viernes cada dos semanas. En la última decisión, el juez subrogante rechazó que Bento siga cumpliendo la condena en prisión domiciliaria y advirtió que el permiso es temporal y no definitivo.

¿Por qué intervino un juez riojano? Porque en Mendoza se apartaron todos los jueces federales de Mendoza convocados para resolver la petición del permiso extraordinario. Lo hicieron no sólo porque alegaron haber tenido algún tipo de relación con el ex juez condenado, sino porque -básicamente- desde hace más de 5 años, en los Tribunales Federales de Mendoza, Walter Bento es mala palabra.

Ley de Tierras

El segundo capítulo de fuerte protagonismo de la Justicia Federal de Mendoza a nivel nacional se produjo el martes 6 cuando, en horas de la tarde, el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Juan Ignacio Pérez Curci, fue elegido, por sorteo, para integrarse -en el rol de conjuez- a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El tema a tratar era por demás sensible jurídica y políticamente hablando: la Ley de Tierras.

Procedente de Buenos Aires y radicado en Mendoza desde 2009, Pérez Curci se sumó a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza hace casi 10 años y por concurso.

Fue parte del recambio del alto tribunal, diezmado por denuncias y destitución de ex integrantes que cajonearon habeas corpus por desaparecidos en Mendoza durante la dictadura.

Este viernes, el camarista federal de apelaciones Juan Ignacio Pérez Curci votó en mayoría en el fallo 4 a 1 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acompañando a Horacio Rosatti, Ricardo Luis Lorenzetti y a Diego Barroetaveña, otro conjuez elegido por sorteo para completar el tribunal ampliado.

La Corte dictó una medida cautelar interina que suspendió los efectos de la derogación de la Ley de Tierras y restituyó temporalmente los límites a la compra de campos por parte de extranjeros hasta que se resuelva la legitimación de los demandantes y la cuestión de fondo.

Garrido y Baigorria, casi 37 años después

El tercer y último acto noticiable de la Justicia Federal de Mendoza de esta semana sucedió el viernes 9.

Pasadas las 9.30, el Tribunal Oral Federal 1 dio el primer paso procesal para tratar el caso de los desaparecidos Garrido y Baigorria, vistos por última vez en 1990 tras ser detenidos por policías.

Los camaristas Alberto Carelli, María Paula Marisi y Gretel Diamante celebraron una audiencia clave durante la cual se comenzó a establecer qué pruebas testimoniales y documentales serán analizadas durante el juicio oral y público a 16 ex policías.

La presencia de las juezas Marisi y Diamante (ésta última fue elegida por falta de camaristas mendocinos) remitió inmediatamente a la condena a 18 años de cárcel a Walter Bento, ya que fueron parte de ese Tribunal de sentencia que resolvió en febrero último.

En breve, según prometió el juez Carelli, se conocerá el calendario de audiencias del juicio por las desapariciones en democracia de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, que le costó al Estado argentino una condena internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Más allá de la indemnización para las familias de los desaparecidos, aquel fallo de fines de los ´90 trajo consigo la obligación institucional de dar con los responsables y juzgarlos y determinar el destino final de esos desaparecidos. El primer paso ha sido dado.