El camarista Gustavo Castiñeira de Dios rechazó la recusación argumentando que la denuncia que realizó Bento fue cuando la investigación ya estaba iniciada por lo que "resultaría fácil para un litigante de mala fe apartar indebidamente al magistrado del conocimiento de la causa". Los abogados del magistrado adelantaron que insistirán en el pedido ante la Cámara de Casación en Comodoro Py.
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Walter Bento y uno de sus abogados, Gustavo Gazali.
Foto: Agencia Télam
Coimas en Mendoza
A mediados de 2020 el supuesto empresario Diego Aliaga estuvo desaparecido y luego fue encontrado asesinado. Más allá de la conmoción por su crimen, comenzó a levantarse el rumor de que el hombre tenía contactos para sacar a presos de contrabando y narcotráfico en la Justicia Federal. A fines de ese año, un sospechoso de financiar una narcobanda fue detenido y en su teléfono celular se encontraron conversaciones que alimentaron esa hipótesis.
El fiscal federal Dante Vega estuvo siguiendo la pista hasta que decidió ordenar allanamientos, detenciones e imputaciones que se concretaron el 5 de mayo pasado. Dentro de los sospechosos se encontraba el juez federal Walter Bento, su esposa Marta Boiza y un puñado de abogados. Un mes después la causa tuvo una segunda ola de imputaciones que incluyó a miembros de la Policía de Mendoza.
En líneas generales, la pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Aliaga era mano derecha del magistrado y junto a un grupo de abogados coordinaban las tareas en la presunta banda. La investigación también tiene imputado al juez y a su esposa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
